René Ungaro, quien cumple una condena por el crimen del ex jefe de la barra de Newell's Roberto "Pimpi" Caminos, fue imputado de liderar desde la cárcel una banda dedicada a distintos delitos secundado por los hermanos Funes y Carlos Jesús "Pelo Duro" Fernández. De 31 años y apodado "El Brujo", Ungaro fue acusado ayer como jefe de una asociación ilícita en una audiencia en la que se imputó a otras seis personas, entre ellas su hermana Daniela, el padre de los Funes y el propio Pelo Duro.
Así, son cerca de veinte los acusados de pertenecer a esta banda teniendo en cuenta que en mayo pasado habían sido imputado ocho personas a las que se fueron agregaron otros sospechosos a medida que eran detenidos: entre ellos Lautaro "Lamparita" Funes, su hermano Alan y la pareja de éste, Jorgelina "Chipi" Selerpe. Los siete imputados ayer como miembros de asociación ilícita —un octavo detenido sólo fue imputado de tenencia de armas— seguirán con prisión preventiva por el plazo de ley, un máximo de dos años durante el cual la situación cautelar puede ser revisada cuando la defensa lo requiera.
Un año atrás
Con el sangriento telón de fondo de las disputas entre las familias Funes y Caminos en el Fonavi Municipal de Grandoli y Lamadrid, la investigación contra esta banda fue iniciada hace un año. La fiscal Gisella Paolicelli puso el foco en una serie de hechos violentos en los barrios Tablada y República de la Sexta que tenían como punto en común denuncias de amenazas, usurpación de viviendas y abusos de armas cuyas víctimas solían atribuir a "la banda de René".
La investigación apeló a escuchas para determinar la vinculación y los roles de los sospechosos y el 23 de mayo del año pasado la Policía Federal hizo 33 allanamientos que culminaron con ocho personas imputadas de pertenecer a una asociación ilícita dedicada a distintos delitos, entre ellos la venta de drogas: Joan Patricio "Chileno" K., su pareja Viviana G., Milton Emanuel C., David Jeremías M., Héctor Anselmo C., Miguel Angel P. y Marcelo "Pala" G. También fue imputado entonces un hombre que estaba enfermo y luego falleció.
Ya entonces se indicaba que la banda era liderada por Ungaro desde la cárcel de Piñero y otros dos jóvenes que habían logrado escapar: Lamparita, apresado e imputado en septiembre —además le atribuyeron un crimen y otros 14 hechos— y Pelo Duro, quien cayó en diciembre. Otros dos miembros ya imputados son Alan Funes y su pareja, acusados en enero último cuando fueron apresados en el marco de la investigación por el homicidio de Marcela Díaz.
Con los principales sospechosos tras las rejas, el jueves pasado fueron por otros presuntos miembros. En un operativo coordinado con entre los fiscales provinciales y los federales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) se hicieron allanamientos en Rosario, Funes y Villa Gobernador Gálvez. De los trece detenidos, algunos fueron indagados el viernes por la Justicia Federal por haberse hallado drogas en su poder.
Y ayer a la mañana los fiscales Paolicelli y Matías Edery imputaron a otros siete: Daniela Ungaro, Brisa A. (sobreviviente del crimen de Jonatan Funes), Jeremías Omar "Gordo Springfield" A., Matías Ezequiel "Mojarra" O. y Jorge Funes fueron imputados de asociación ilícita junto con René y Pelo Duro. Y el octavo arrestado del jueves, Germán R., fue acusado de tenencia de dos armas de fuego: una de guerra y otra de uso civil. En tanto, quedan personas sospechadas de integrar la banda que hasta ayer seguían prófugas.
Detalles
En una audiencia presidida por el juez penal Hernán Postma, los fiscales leyeron las imputaciones y resumieron las evidencias con que cuentan. Aludieron a informes de inteligencia y escuchas telefónicas que fueron permitiendo establecer cómo operaba la banda, organizada en grupos y subgrupos que se repartían distintos delitos, desde robos hasta amenazas con armas. En este sentido, Paolicelli remarcó como "muy fuerte" la usurpación de viviendas para instalar quioscos de drogas o asegurar la defensa del territorio, teniendo en cuenta el enfrentamiento con grupos antagónicos.
La fiscal describió la conformación de la banda y los vínculos entre sus presuntos miembros a partir de informes policiales, pericias a celulares, escuchas y hasta redes sociales. Esos datos, cruzados con una gran cantidad de denuncias de vecinos de la zona donde actuaba el grupo, fue conformando el mapa de la organización.
La jefatura de la banda fue atribuida a René, a partir de escuchas que lo aluden como tal y también denuncias de vecinos sobre "su banda". Según los fiscales, René se encargaría desde la cárcel de proveer armas. En una segunda línea ubicó a Lamparita, seguido por Alan y Pelo Duro, a quien describieron como "brazo armado ejecutor de usurpaciones" y robos, así como venta de droga. Esta actividad también se le achacó a Mojarra.
A Brisa se le atribuyó estar a cargo del negocio de la venta de drogas a partir de las detenciones de los hermanos Funes. "Se la escucha hablando de repartir armas, balas y en domicilios mencionados por ella se halló evidencia en ese sentido", detallaron los fiscales.
A Jorge Funes lo ubicaron a cargo de "custodiar armas y administrar dinero del grupo". A Daniela Ungaro, acordar la protección policial y esconder a prófugos. Y al Gordo Springfield lo acusaron como miembro.
Otros delitos
Además de la acusación de integrar una asociación ilícita —en el caso de René, agravada por su carácter de jefe— algunos de los detenidos fueron imputados de otros delitos. A Pelo Duro le atribuyeron hechos de violación de domicilio, lesiones, amenazas, daños, abuso de arma y hasta un robo. Lo mismo para Mojarra, a quien también le imputaron por la tenencia de dos armas halladas en el lugar donde fue apresado el jueves; por esas dos armas también acusaron de tenencia a Gastón R. y a Springfield, a quien también le imputaron haberse evadido días atrás de la comisaría 11ª. A Daniela la acusaron de encubrimiento por esconder a Lamparita y Pelo Duro cuando estaban prófugos. Y a Jorge Funes le imputaron dos amenazas con armas de fuego.
Oídas las imputaciones, uno de los defensores pidió que el juez se declarara incompetente por considerar que el eje de la actividad que se atribuía a la banda pasaba por la venta de drogas, un delito federal. El planteo fue desestimado. Así, luego de un cuarto intermedio los fiscales pidieron prisión preventiva para todos por el plazo de ley.
Imprecisas
Entonces fue el turno de las defensas, que cuestionaron en masa la figura de asociación ilícita y pidieron la libertad de sus asistidos. Mariano Scaglia sostuvo que "no hay elementos que vinculen a René Ungaro con esta banda, menos como jefe. ¿Cuándo manifestó alguna orden? No hay acción, y si no hay acción no hay delito". Su par Marcelo Piercechi agregó: "¿Cómo va a manejar desde la cárcel donde está desde hace ocho años algo tan poderoso? Es imposible que haga algunas de las cosas que le atribuyen".
Piercechi también desligó a Daniela, "no hay una sola evidencia sobre sus arreglos con la policía". Sobre Pelo Duro, el abogado dijo que desde que era chico es acusado de todo lo que pase en el barrio.
Los abogados de Jorge Funes, el único de los imputados que declaró, tildaron de "vaga e imprecisa" la acusación como miembro de la asociación. "De la escuchas no inferimos que administre dinero; tampoco se especifica qué hace con esos fondos. ¿Y cómo va a guardar armas alguien que está custodiado por Gendarmería porque mataron a sus hijos?", dijeron Federico Laurito y Juan Pablo Audisio, y rechazaron las imputaciones por amenazas. "En un caso (amenazas a familiares de Eugenio Solaro, un joven asesinado por cuyo crimen estaba preso Alan Funes, en 2016), los testigos se contradijeron y algunos ni lo mencionaron. Y en el otro (denunciado por la madre de "Cable" Solís, acusado de matar a Ulises Funes") ¿cómo va a amenazar a alguien a través de un tercero? Funes va preso por su apellido".
Sobre Gastón R., su defensor Hernán Tasada dijo que trabaja de gasista y preside el consorcio de las torres de Sánchez de Thompson al 200 bis, donde fue detenido. Y alegó que no hay peligrosidad procesal. También la abogada de Jeremías A., Jorgelina Butto, cuestionó la imputación. "No pueden atribuirse a él armas halladas en una columna. Tampoco aparece en las escuchas", dijo la defensora pública, y cuestionó el procedimiento en el cual se lo acusó de evasión: "El comisario le dijo que se fuera porque le habían dado la libertad".
A su turno, además de adherir a las opiniones de sus pares sobre lo difuso de la asociación ilícita, José Ferrara pidió la libertad de Mojarra por falta de antecedentes. Y su socio Adrián Ruiz cuestionó que el Poder Ejecutivo haya "presentado un enemigo público detrás de lo que llama «el Clan Funes», como si fueran responsables de la violencia en Rosario", advirtió.
El debate siguió con las réplicas de los fiscales. Para Paolicelli "no hay dudas" de que el René mencionado en las escuchas es Ungaro, incluso los vecinos lo denuncian como "el que mató a Pimpi. Por más insólito que suene, es cada vez más común que un preso comande una asociación ilícita", disparó en elevación al Servicio Penitenciario.
También refrendó la acusación contra Daniela aunque admitió "estar en deuda" porque la investigación no avanzó contra la comisaría 11ª. Sobre Pelo Duro, señaló que "él mismo se incrimina" en los audios y además, en uno de los hechos que se le atribuye hubo hasta 27 llamadas al 911 donde lo mencionaban. Finalmente, remarcó que Gastón R. es "plomero y las armas que se le hallaron estaban en los caños de agua".
Probabilidad
El juez convalidó la postura de los fiscales. Sostuvo que las imputaciones "lucen como probables. Hay un cúmulo de evidencia incriminante e indiciaria, lo cual es suficiente en esta etapa inicial del proceso que requiere probabilidad y no certeza". Postma remarcó, además, que las defensas se dedicaron a atacar las acusaciones pero no presentaron evidencias que desincriminen a sus asistidos.
También avaló las imputaciones por tenencia de armas, señaló que todos tienen expectativa de pena efectiva y en cuanto a la peligrosidad procesal destacó que "están acusados de hechos gravísimos, como la usurpación de casas, amenazas y hechos vinculados con homicidios por lo que no se puede descartar el peligro de fuga y el entorpecimiento probatorio". En ese marco, dictó prisión preventiva por el plazo de ley, medida que —aclaró— puede ser revisada cuando las partes lo consideren.
