Por Mariano D'Arrigo
Foto Celina Mutti Lovera
Los cercos perimetrales de la cárcel de Piñero fueron cortados con amoladoras y así se logró la fuga de ocho reclusos de los cuales tres siguen prófugos.
La fuga de la cárcel de Piñero del domingo pasado sumará un nuevo capítulo institucional el lunes, cuando los responsables del Servicio Penitenciario deban responder un largo listado de preguntas elaboradas por las comisiones de Seguridad y Derechos y Garantías Constitucionales de la Cámara de Diputados.
El escape de ocho reclusos del penal ubicado a 24 kilómetros de Rosario impactó por sus tintes cinematográficos y desató un escándalo político en la provincia. Al día siguiente, el ministro de Gobierno de la provincia, Roberto Sukerman, de quien depende el Servicio Penitenciario, dijo que el hecho “marca un antes y un después” y anunció que se construirá un muro perimetral y se sumará tecnología. También siguió los manuales y responsabilizó a las gestiones previas. “Heredamos la situación de que las cárceles de Santa Fe no están preparadas. En Piñero en vez de muros hay alambrado”, cuestionó.
El mismo lunes, las comisiones de la Cámara baja convocaron a dar explicaciones al secretario de Asuntos Penitenciarios, Walter Gálvez, y al subsecretario del área, Jorge Bortolozzi. En principio, la reunión iba a ser el miércoles pasado pero se postergó para pasado mañana.
El cuestionario, al que pudo acceder La Capital, consta de diez preguntas, y cuatro de ellas se desglosan en varios ítems. La primera consulta se refiere a las medidas de seguridad existentes el día de la fuga, tanto en el perímetro exterior de la cárcel como dentro de ella. En particular, piden detalle sobre la cantidad de garitas y efectivos apostados al control, el armamento que usan los agentes, la cantidad de cámaras y su ubicación, la cantidad de patrulleros y nómina de los agentes policiales activos en ese momento en Piñero, y la política sobre el uso de celulares por parte de los internos.
También se requiere información sobre la secuencia de los hechos y sus participantes, las medidas excepcionales de seguridad dispuestas en la unidad penitenciaria, el listado y las disposiciones sobre presos de “alto perfil”, las cárceles que se consideran de “máxima seguridad”, y los avances respecto a la obra de la nueva unidad 3, ubicada en el Complejo Penitenciario de Rosario U12.
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Tras la fuga de Piñero, las comisiones de Seguridad y Derechos y Garantías Constitucionales convocaron a funcionarios de la provincia
Según detallaron desde la Cámara baja, estarán presentes en la sede rosarina de la Legislatura el presidente de la comisión de Seguridad, el radical Juan Cruz Cándido, y la titular de la comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, la socialista Lionella Cattalini.
Los funcionarios y el resto de los integrantes de las comisiones legislativas participarán de forma remota. Por información delicada que se manejará en el encuentro —por ejemplo, las llamadas de los presos—, la reunión será a puertas cerradas y sin transmisión online.
“Espero que el gobierno tenga otro tono: más que buscar soluciones, han tratado de sacarse responsabilidades”, dijo Cándido a este diario.
Y agregó: “Esto no es un rayo en un día soleado, ya hubo fugas, motines. Esto es inédito y de una gravedad inusitada, pero no fue disruptivo. Cuando no se habilitan plazas carcelarias y no ingresa personal al Servicio Penitenciario es crónica de una fuga anunciada”.
La fuga, filmada desde la cárcel de Piñero
Además de la fuga de Piñero, el otro tema que dominó la agenda pública santafesina fue el caso de Marcelo Sain. El allanamiento del Fiscal de Estado por orden de un decreto del gobernador en el amparo que presentó el ex ministro de Seguridad en la justicia laboral y el fallo favorable de la jueza Paula Calace Vigo gatillaron una pulseada entre los tres poderes del Estado de compleja resolución.
De todos modos, diputados tanto del oficialismo como de la oposición no creen que la tensión alrededor de Sain afecte el encuentro del lunes. “Esta reunión tiene objetivos más concretos, más limitados, la discusión sobre el funcionamiento institucional del Estado santafesino que tuvimos en la sesión no tendría que estar presente en la reunión”, sostuvo la diputada justicialista Lucila De Ponti, integrante de la comisión de Seguridad.
En la provincia se registraron 79 homicidios, 47 de ellos en el departamento Rosario. Un alto porcentaje fue con armas de fuego y en la vía pública
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