"Para que una investigación por presunto enriquecimiento ilícito de funcionarios policiales pueda prosperar la ley establece una serie de requisitos previos que en la práctica implica demoras de entre tres y cinco años, antes de que puedan ser elevadas a la Justicia". Sin ánimo de polemizar, el secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad santafesino, Miguel Pica, respondió los cuestionamientos formulados por el diputado provincial Maximiliano Pullaro en cuanto al estancamiento de denuncias y causas contra uniformados por enriquecimiento ilícito.
En ese contexto, Pica planteó que la ley provincial en cuestión debería mejorarse porque su aplicación práctica resulta muy tediosa y, en ese sentido, aportó dos ejemplos: por cada funcionario investigado se debe reunir información de entre 15 o 20 parientes, lo que implica que en las 43 investigaciones en trámite hay cerca de 1.200 personas sobre las cuales deben realizarse averiguaciones patrimoniales. Y esos informes no suelen ser respondidos en tiempo y forma por los organismos públicos y las entidades privadas que manejan esos datos.
Discusión. El diputado radical Pullaro presentó en estos días un pedido de informes sobre las demoras en las causas e investigaciones sobre presunto enriquecimiento ilícito de policías. Su aspiración es conocer detalladamente el estado de situación de los diferentes informes sumarios y causas, y poder evaluar si existen responsabilidades institucionales, por acción o por omisión. Además Pullaro, según lo expresa en el proyecto, plantea entre sus objetivos "evaluar si son necesarias modificaciones normativas que brinden mayor celeridad y eficacia a los procedimientos administrativos y jurisdiccionales".
Pica señaló que las investigaciones tienen dos instancias: una administrativa a cargo de la Dirección Provincial de Asuntos Internos que es parte de su secretaría, y otra de orden judicial.
Del sumario al tribunal. "Asuntos Internos investiga los incrementos patrimoniales de los funcionarios policiales. Y en caso de que se detecte un patrimonio que el denunciado no pueda justificar en función de sus ingresos se eleva el expediente a la Justicia. Pero para ello la ley 12.238 establece una serie de requisitos previos como la información ordenada sobre los bienes y actividades del funcionario así como de su cónyuge, grupo familiar y parientes consanguíneos hasta el cuarto grado y afines hasta el segundo grado", explicó Pica.
"Para ello —continuó— primero hay que establecer quiénes son los parientes a investigar, para lo cual no hay bases de datos. Una vez identificadas estas personas, que pueden ser entre 15 o 20 por cada expediente, se comienzan a pedir informes bancarios, impositivos y patrimoniales a organismos públicos y bancos privados que difícilmente responden en tiempo y forma. Entonces empiezan a reiterar los oficios requiriendo que se respondan esos informes y así se ingresa en una espiral de demoras".
Pica estimó que, en función de estos requerimientos, las investigaciones pueden demandar entre tres y cinco años promedio hasta que la causa puede ser elevada a la Justicia. Por ejemplo la causa del ex jefe de policía de Rosario Néstor Arismendi (ver aparte) surgió de un informe que entregó Asuntos Internos y la pesquisa duró cinco años.
"Una vez que se culmina la parte investigativa, que según la ley es de caracter reservado, si se detectan incrementos apreciables en el patrimonio del investigado se le requiere que lo justifique. Es entonces cuando el funcionario se entera de que está siendo investigado y debe responder. Luego se analiza la respuesta y si no se considera justificado el patrimonio se elevan las actuaciones a la Justicia", explicó.
Carpetas gruesas. Pero el paso siguiente también suele encontrarse con obstáculos. "Los expedientes suelen tener entre 600 y 700 fojas. Y los juzgados a los que llegan también tienen muchas otras causas y urgencias por tratar y resolver", graficó Pica.
En este marco, el funcionario admitió que estos procedimientos implican, muchas veces, que las causas por presunto enriquecimiento ilícito terminen prescribiendo por el paso del tiempo. "La ley que rige este mecanismo debería mejorarse porque su aplicación práctica resulta muy tediosa. Y a pesar de que otorga sesenta días para la procura de esa información, en la práctica puede llevar años".
Con el cambio del sistema de enjuiciamiento penal en Santa Fe surge un nuevo criterio de investigación: el principio de oportunidad que implica que los fiscales, a cargo de la investigación, pueden privilegiar las causas más trascendentes, descartando ocuparse de los delitos menos relevantes. En ese caso los sumarios de enriquecimiento de funcionarios públicos, policías entre ellos, deberían tener prioridad.
"En la lucha contra las organizaciones criminales el desafío es batallar contra la impunidad, y nadie se debe considerar intocable", había dicho Pullaro al basar su pedido de informes. "Los esfuerzos del gobierno santafesino, e incluso de dirigentes y funcionarios públicos que enfrentan a bandas organizadas, no valdrá de nada si ciertos procedimientos no avanzan como corresponde".
