POLICIALES

En cuatro días vence el plazo para restringir la permanencia de presos en comisarías

Dos recursos judiciales buscan poner fin al uso de 10 seccionales como espacios de detención. Un camarista ordenó normalizar la situación antes del lunes

Jueves 29 de Julio de 2021

Dentro de los próximos cuatro días la provincia deberá cumplir una resolución judicial que reiteró la prohibición de usar las celdas de comisarías como espacios de detención permanente. Es que, a cuatro años de anunciarse el cierre de los penales policiales, el alojamiento de presos en esos espacios transitorios suele superar el plazo legal de 72 horas y en ocasiones se extiende por hasta cuatro o cinco meses. Dos recursos judiciales promovidos por la Defensa Pública buscan poner fin a esa dinámica. Una jueza cerró ayer un trámite por malas condiciones detectadas en seis puntos de ingreso de detenidos, mientras que un camarista otorgó un plazo hasta el 2 de agosto para normalizar la cuestión en las cuatro comisarías más pobladas.

La situación de los presos en comisarías parece envuelta en un constante retorno al punto de partida. Un nuevo límite a la permanencia prolongada de presos en esos espacios fue fijado esta vez por el juez de la Cámara Penal rosarina Alfredo Ivaldi Artacho. El camarista resolvió de manera favorable un hábeas corpus promovido por el Servicio Público Provincial de la Defensa tras un relevamiento que, a fines del año pasado, constató la permanencia de internos fuera del plazo legal en cuatro comisarías.

El cuadro más crítico se detectó en la seccional 24ª de Granadero Baigorria. El juez dispuso que el alojamiento allí no deberá extenderse más allá del plazo que va entre la detención y la audiencia imputativa, que no puede exceder las 72 horas en causas provinciales, o el llamado a indagatoria en el régimen federal. El mandato se hizo extensivo a las comisarías 5ª de barrio Abasto, 7ª de barrio Agote y 16ª de Ayacucho 3350 dentro de un plazo que vence este lunes.

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En la misma línea, la jueza Luciana Prunotto cerró ayer un recurso similar por otras seis seccionales que al problema de los plazos extendidos sumaban falencias de higiene, alimentación y suministro de agua potable. Las resoluciones judiciales fueron parte de una batería de recursos que lleva adelante la Defensa Pública para descomprimir las cárceles. “Es necesario evitar el encierro en comisarías porque no son lugares aptos”, planteó el defensor Marcelo Marasca, quien recordó que el mismo asunto fue materia de un extenso recurso judicial iniciado en 2014 y finalizado en 2018.

En marzo de 2017 se anunció un Plan de Refuncionalización que contemplaba a las comisarías como meros puntos de ingreso de detenidos en Rosario; política que en mayo de 2020 el ex ministro de Seguridad Marcelo Saín dispuso extender al resto de la provincia.

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“Retroceder en ese punto es una política desaconsejable e inadecuada. Es necesario buscar otras alternativas para descomprimir las cárceles. Como opciones legislativas para que las personas atraviesen el proceso en libertad o se limite el encierro a los casos estrictamente necesarios”, planteó el defensor ante un escenario de aumento sostenido de la tasa de encarcelamiento en la provincia, con un total estimado de 7.600 presos en todo Santa Fe, de los cuales alrededor de 1.000 están en comisarías.

Por ley, la permanencia en esos espacios no puede superar el tiempo entre el arresto y el llamado a audiencia imputativa. Tras esa instancia, si un juez dicta la prisión preventiva debe producirse el traslado a una institución penitenciaria. Pero al aumento sostenido en la tasa de encierro el año pasado se sumó la pandemia, que obligó a mantener a los recién ingresados por catorce días en el Order (ubicado en 27 de Febrero al 7800) antes de ser derivados a otras cárceles. Esto, sumado a limitación de plazas penitenciarias, provocó un uso más extendido de las celdas policiales y derivó en superpoblación como la detectada en noviembre en la comisaría 5ª, con 42 personas en un espacio para 24.

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Según Marasca, la situación en las comisarías siempre es más gravosa que en los espacios carcelarios porque no están preparadas para el alojamiento prolongado. No sólo por los crónicos déficits en infraestructura sino también en materia de atención médica, visitas, comunicación con los familiares y recepción de paquetes. El recurso de hábeas corpus presentado a fines del año pasado fue aceptado por la la jueza Eleonora Verón, quien recordó entonces la “prohibición absoluta” de mantener a presos en seccionales más allá del plazo legal y dispuso restricciones.

Sin embargo, las autoridades policiales respondieron que la mayoría de los presos con plazos excedidos provenían de jurisdicciones como Casilda, Villa Constitución, Las Rosas y Cañada de Gómez. La magistrada entendió que esa cuestión estaba más allá de su alcance, pero la Defensa Pública llevó la cuestión hasta la Cámara Penal y planteó que la competencia debe definirse en relación al espacio físico donde se concreta la detención. Así, luego de una audiencia de apelación del 30 de mayo pasado el camarista Ivaldi Artacho avaló el planteo de los defensores. Fijó un plazo hasta el 2 de agosto para que se respete el estándar legal. Es decir, el uso de las celdas policiales sólo como espacios transitorios.

El mismo problema se identificó en otro grupo de comisarías con penales llamados “de ingreso”: las seccionales 2ª, 10ª, 12ª, 15ª, 21ª y 32ª. En un relevamiento de este año se documentaron malas condiciones de higiene y alimentación, falta de agua potable, acumulación de basura en los patios y demoras en los traslados, sobre todo en la comisaría 21ª del barrio Las Delicias. A raíz de ese cuadro el 8 de junio pasado la Defensa presentó otro recurso que se retomó ayer en el Centro de Justicia Penal.

En la audiencia, un representante de la Unidad Regional II expuso que se retiraron motos y bicicletas del techo de la seccional 15ª, se limpiaron los módulos transitorios, se reclamaron raciones a Economato para quienes permanecen alojados más de doce horas y se solicitó a Bomberos Zapadores una limpieza hidráulica de esos espacios. La jueza Luciana Prunotto consideró resuelto el trámite pero instó a que las acciones en materia de condiciones edilicias, salubridad, alimentación, ventilación, registro de los ingresos y provisión de agua potable se “sostengan en el tiempo para no volver a encontrarnos con esta situación”.

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