El aumento sostenido en la tasa de encarcelación y las medidas para evitar el contagio de coronavirus reactivaron el uso de las comisarías como lugares de detención permanente. La situación fue constatada en un relevamiento del Servicio Público de la Defensa Penal que detectó estadías en seccionales más allá de las 72 horas reglamentarias además de hacinamiento en la seccional 5ª, donde la población duplicaba la capacidad del penal. Este fue el objeto de un trámite de hábeas corpus aún en curso, en el que una jueza ordenó una serie de medidas. En una audiencia realizada esta semana se comprobó que el número de internos en dependencias policiales se redujo pero no así el tiempo de permanencia. La cuestión volverá a monitorearse en un mes.
En la segunda audiencia de un trámite de hábeas corpus que se realizó la tarde del miércoles, la jueza Eleonora Verón resolvió “reiterar la prohibición absoluta de mantener personas alojadas en dependencias policiales” por un plazo superior al que precede a la audiencia imputativa. La magistrada instó a las autoridades policiales y penitenciaras a coordinar el desplazamiento de internos y fijó una nueva fecha de encuentro para supervisar la situación el 17 de diciembre.
La discusión se abrió el miércoles 14 de octubre cuando representantes de la Defensa Pública plantearon un incumplimiento de decisiones judiciales previas que, en dos ocasiones, fijaron cupos en las comisarías. Indicaron que las estadías en seccionales sobrepasan el carácter transitorio y solicitaron traslados a dependencias del Servicio Penitenciarios (SP), que cuentan con mejores condiciones sanitarias, alimenticias y de comunicación.
Según el relevamiento, la comisaría 5ª alojaba a 42 personas en un espacio para 24, mientras que en la comisaría 7ª residían cuatro mujeres adultas. La detención en módulos policiales no puede superar las 72 horas. Es decir, el plazo máximo entre el arresto y la audiencia imputativa, cuando un juez decide si le otorga la libertad al acusado o dispone su prisión preventiva en un instituto penitenciario. Esto, en muchos casos, no ocurría y según el informe los plazos se extienden más allá del tope reglamentario.
Final sin fin
Si bien se había anunciado el fin de los penales policiales, también se detectó permanencia de presos en San Lorenzo (en la alcaidía y en 13 comisarías de esa jurisdicción), así como en Casilda, Villa Constitución, Las Rosas y Cañada de Gómez. Ante ese cuadro, el defensor regional Gustavo Franceschetti y el defensor Marcelo Marasca presentaron un recurso de hábeas corpus por agravamiento de las condiciones de detención. Plantearon que las comisarías no son espacios aptos para alojar personas y, luego de los años que insumió desactivar los penales policiales, solicitaron no retroceder en ese sentido.
El cuadro es complejo porque también se detectó sobrepoblación en unidades penitenciarias. En el marco del trámite judicial, a las audiencias fueron citados representantes del área del Ministerio de Seguridad que se ocupa de los detenidos en comisarías, quienes plantearon que el SP está en mejores condiciones de recibirlos. Por su parte el SP respondió que no cuenta con cupos suficientes y por eso los detenidos permanecen más tiempo en comisarías hasta que se genera una vacante. Según se argumentó, la cuestión se agrava a raíz de la pandemia de coronavirus porque los recién ingresados deben permanecer catorce días en el Order (ex Alcaidía) antes de ser derivados a cárceles.
Ante ese panorama, los defensores pidieron que se aceite la coordinación entre la policía y el SP. En el primer encuentro la jueza Verón ratificó el criterio de que las detenciones en comisarías deben ser transitorias y por no más de 72 horas. Señaló que llevó mucho tiempo resolver el problema de los detenidos en espacios policiales y otorgó un plazo de treinta días para revisar la situación y disponer traslados. Ese plazo venció este miércoles, cuando las partes volvieron a encontrarse en una segunda audiencia. Por la fiscalía acudió Karina Bartocci.
Las autoridades convocadas manifestaron que existe dificultad para ubicar a los detenidos como ofensores sexuales y admitieron que en la provincia “hay más de 500 personas a la espera de una plaza en el SP”, que se encuentra “sobrepasado en casi mil internos”. Con miras a descomprimir, anunciaron la habilitación de pabellones nuevos con 24 plazas para ofensores sexuales en la Unidad 3 de Riccheri y Zeballos.
Según lo planteado en la audiencia el número de alojados en comisarías se redujo pero aún son alrededor de 40 personas las que cumplen la prisión preventiva en los módulos transitorios. Es por esto que la jueza recordó la “prohibición absoluta” de mantener detenidos en seccionales más allá del límite legal, instó a “coordinar su alojamiento en dependencias del SP” y fijó un nuevo plazo de un mes para resolver la situación.
Los números de la saturación carcelaria
La permanencia de presos en comisarías aparece como parte de un problema mayor que fue abordado en audiencias judiciales: la sobrepoblación carcelaria. Según un estudio reciente de la cátedra de Política Democrática de Seguridad Ciudadana de la UNR sobre la tasa de encarcelamiento, en la provincia de Santa Fe hay alrededor de 186 presos cada cien mil habitantes. Es un número más bajo que los de Córdoba o Buenos Aires, pero sensiblemente mayor que los 80 presos cada 100 mil habitantes de hace seis años, cuando arrancó la reforma penal.
Para los representantes de la Defensa Pública, el problema se sostiene en varias aristas: el endurecimiento de criterios para otorgar la prisión preventiva, un estándar de aplicación de penas más altas y las restricciones que rigen desde hace tres años para las salidas anticipadas de prisión. El caso más grave detectado en el relevamiento es la cárcel de Piñero, con 2.012 internos en pabellones con capacidad para 1.426. Es decir, un exceso de 586 personas. Por la situación de la Unidad 11 en junio pasado la Corte Suprema de la provincia intimó al Poder Ejecutivo provincial a presentar una propuesta (dentro un plazo próximo a vencer) para acordar con el gobierno nacional el retiro de los presos federales.
En la Unidad 3 de Rosario, en tanto, se registraron 13 personas por sobre la capacidad del penal. La situación de la Unidad 16 de Pérez se trató el lunes en otra audiencia específica. Es que allí el Servicio Penitenciario prevé sumar 80 internos ubicando tres presos en celdas individuales de cuatro pabellones.
En total, según la presentación, 3.490 personas están privadas de la libertad en el sur provincial, con un exceso de 672 personas sobre las plazas disponibles.
