El "permiso estatal", la clave del crecimiento criminal de Alvarado

Toda acusación en un juicio debe sostenerse en una teoría que explique las circunstancias concurrentes para cometer el delito señalado. La teoría de los fiscales que acusaron a nueve personas de integrar la organización de Esteban Alvarado asegura que "un permiso estatal contrario a la ley" le aportó dos contribuciones decisivas: el crecimiento de su empresa criminal y el aseguramiento de impunidad.

En este tramo de la acusación esa salvaguarda estatal quedó focalizada en los cuatro policías de trayectoria, de rangos superiores en tres casos, que ocuparon el banquillo en la sala de audiencias. Pero por lo que se señaló en ese mismo recinto, incluso dando nombres de personas que no están formalmente acusadas, es que los policías que brindaron ese servicio son muchos más.

Antidrogas

Los cuatro policías imputados entre viernes y sábado se desempeñaron en áreas antidrogas. Alvarado nunca tuvo en Rosario acusaciones por narcotráfico aunque hay evidencia al menos desde junio de 2012 de que tenía relación con delitos de esa clase.

Uno de los oficiales acusados este fin se semana es el comisario Javier Makhat, jefe de Inteligencia de Drogas Peligrosas de la Policía de Investigaciones (PDI) de Rosario hasta noviembre del año pasado. Para esa fecha en una casa de Alvarado allanada, donde se cometió el asesinato del prestamista Lucio Maldonado, se hallaron recibos de servicios e impuestos de 14 propiedades a nombre de Alvarado, sus familiares o personas de su ámbito. Uno de esos papeles era una constancia de expensas del departamento de Condominios del Alto donde entonces vivía Makhat.

A Makhat le imputaron permitir que se use su nombre y el de su mujer para la circulación de bienes de la asociación ilícita de Alvarado, ocultar los verdaderos dueños de esas propiedades y permitir el usufructo de ellas. También fue acusado de incurrir en una maniobra de lavado de activos para ocultar el origen ilícito de bienes de la organización.

Esa operación, dijeron, significó en un lapso menor a dos años transferir bienes que luego fueron usados por la asociación ilícita. Entre ellos un departamento, dos cocheras y una baulera de Condominios del Alto. El propósito fue alejar el bien de los primeros inversores, haberlo receptado luego, y fingir en el medio a terceras personas como compradores aparentes, permitiendo integrarlas en el mercado lícito.

Por mail

Algo importante mencionado en la audiencia fue que en 2013 ya había indicios en conocimiento institucional de actividades irregulares de Makhat respecto de Alvarado. Fue un mail que en abril de ese año el comisario inspector Gustavo "Gula" Pereyra, que trabajaba en la Secretaría de Delitos Complejos a cargo de Ana Viglione, remitió a sus superiores en el Ministerio de Seguridad. Allí consignaba que Makhat estaba construyendo una casa en el barrio privado Puerto Roldán, en un terreno donado por Alvarado, quien también entregó lotes en el mismo lugar, según ese texto, a otros dos policías de la provincia que revistaron históricamente en el área antinarcóticos.

Los policías señalados en el mail son Cristian Di Franco, acusado al igual que Makhat, y el jefe de la Unidad Regional de San Lorenzo, Gonzalo Paz. El mensaje también indica que las tres viviendas estaban a cargo del mismo constructor y que el encargado de realizar los pagos era el propio Makhat.

El fiscal Matías Edery señaló explícitamente ese mail en la audiencia del viernes. Dijo que Makhat no sólo está vinculado con Alvarado por ese departamento sino por el correo electrónico en el que Pereyra alude a los tres policías a quienes Alvarado supuestamente cedió lotes en Puerto Roldán, donde la fiscalía encontró un boleto a nombre de Makhat comprado mientras él estaba en quiebra.

También hay escuchas a Alvarado hablando con su constructor (Grezzi Hazzi) sobre ese lote. "Makhat puso su nombre a beneficio de Alvarado. También su mujer, que estaba quebrada e inhibida, compra el departamento de Condominios del Alto donde Makhat terminó viviendo y antes vivió la familia de Alvarado", sostuvo uno de los investigadores de la fiscalía.

Riqueza

Otro de los acusados fue un ex jefe de Drogas Peligrosas de Rosario. Gustavo Spoletti, con último destino en San Lorenzo, fue imputado por enriquecimiento ilícito, falsificación ideológica y lavado de activos. Los fiscales plantearon que para construir una casa en Furlong al 1100 simuló, ante un pedido de justificación de esa inversión de la Dirección de Asuntos Internos, haberle vendido una casa al imputado Jorge Benegas, mano derecha de Alvarado en varias de sus empresas comerciales.

Spoletti adujo que le vendió a Benegas una propiedad en Bolivia al 1800 cuando el comprador, según los fiscales, no tenía capacidad económica ni financiera para realizar esa operación. Para los fiscales Spoletti hizo constar esa venta por 89.500 dólares simulando que fue antes de construir la casa de calle Furlong para dar apariencia lícita a esta operación.

Esa operación con un hombre del esquema de Alvarado de un ex jefe de Drogas Peligrosas es, para los fiscales, un permiso estatal para que aquel avance en sus actividades.

Los fiscales dicen que nunca tuvieron interés en darle prisión preventiva efectiva a Spoletti. No ofreció una fianza sino que se la pidió el fiscal Edery a lo que no tuvo objeción. Mañana deberá depositar tres millones de pesos a efectos de afianzar su libertad. Para los acusadores una vuelta interesante es la procedencia del importante monto requerido para esa caución.

Policías y caballos

Para los acusadores también ese permiso ilegal estatal incluyó que un comisario persiguiera a una banda rival a Alvarado cuando estaba ligado con éste. Eso se explicitó en la acusación al comisario Luis Quevertoque, subjefe de la Brigada Operativa de Judiciales que investigó a Los Monos en 2013. Incluyeron como evidencia que el citado Benegas, de las empresas de Alvarado, compartía con Quevertoque un caballo de carrera llamado “Cascarudo”.

   También consignan una escucha de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de marzo de 2014 donde el oficial José Ramonda le dice al agente Germán Almirón, todos de Judiciales, que Quevertoque tiene llegada a Alvarado. Se cita también una diligencia del fiscal Santiago Marquevich y del fiscal Diego Iglesias de la Procuración de Narcocriminalidad donde ambos concluyen que “Luis Medina, Esteban Alvarado y Luis Quevertorque poseen vínculos y su nexo común es Jonathan Previtera”.

   Un informe de PSA del 25 de febrero de 2015 refiere que el contacto con Alvarado y su entorno es Quevertoque. “Alvarado, Benegas y Quevertoque poseen caballos de carrera, así como también se dedican a la compraventa de los mismos y poseen un mismo cuidador”. También hay referencias explícitas a personas que visitaban a Alvarado en la cárcel de Urdampilleta y tienen vínculos con el comisario.

   Lo que busca demostrar la fiscalía es que algunos policías de la denominada División Judiciales tenían estrecho contacto con el asesinado empresario con vínculos narco Luis Medina y que luego Quevertoque tiene lazos estrechos con gran parte de la banda que Alvarado heredó de Medina. Este comisario, según la acusación, está fotografiado por la PSA con Previtera y Benegas. Y existe un informe de la PSA elevado a la Justicia Federal que indica que este oficial arma una maniobra para desviar camiones de la empresa Tanzi, vinculada con Alvarado, de controles policiales.

   En el caso del comisario Cristian “Chamuyo” Di Franco es por haber tomado parte en la asociación ilícita desde 2012 cuando era subjefe de la comisaría 3ª de Carcarañá. También señalado en el mail de Pereyra como receptor de un lote en Puerto Roldán donde la fiscalía verificó que efectivamente su ex mujer tiene una casa sin escriturar.

   En dos meses de 2012, según una investigación del fiscal bonaerense Patricio Ferrari, le atribuyen mil cruces telefónicos con Alvarado. En la audiencia se le reprochó desviar investigaciones judiciales, aportarle información a la banda y omitir investigar los delitos cometidos por la organización.

   También le atribuyen a Chamuyo haber hecho consultas al Registro Nacional de Propiedad Automotor a pedido de Alvarado y suministrarle información para comerciar vehículos de manera ilegítima. El argumento es que el grupo de Alvarado sustraía los vehículos y después, a través de las consultas de Di Franco, averiguaba quiénes eran sus dueños, presumiblemente para falsificar la documentación para comercializarlos.

   En definitiva en los dos días de audiencias la acusación contra estos cuatro policías fue favorecer al grupo de Alvarado con licencias que los fiscales llamaron “permisos estatales ilegales”. De toda la documentación que prueba estos delitos se deducirán autores de otros que serán imputados en las semanas venideras.

   Una importante cantidad de datos volcados en las audiencias provienen de una investigación de la PSA elevada a la Justicia Federal de Rosario en junio de 2012. Allí el nombre de Alvarado figura profusamente pero esa causa languideció hacia 2016 cuando quedó paralizada. La pregunta que se hicieron los fiscales provinciales el fin de semana sobre los motivos aún espera respuesta.