Los dos policías detenidos el viernes en una causa por corrupción ligada a la barra brava de Newell’s fueron imputados como miembros de una asociación ilícita dirigida por el condenado como jefe de Los Monos Ariel “Guille” Cantero y otras facciones que hoy por hoy aparecen como enfrentadas entre sí “cuyo objeto es obtener dinero mediante violencias y amenazas a distintas personas, usurpaciones de domicilios, abusos de armas y extorsiones”. Los efectivos, que trabajaban en el Centro de Justicia Penal (CJP) con fiscales que investigan homicidios, fueron acusados además de otros delitos como violación de secretos y encubrimiento a partir de una estrecha relación con un grupo liderado por un barra brava de Newell’s actualmente detenido por el homicidio de un antecesor suyo en el paravalanchas.
Los policías David Luciano Arellano y Marcos Emanuel Barúa fueron imputados en la tarde de este martes. Al finalizar la audiencia la jueza de primera instancia Verónica Lamas González les dictó la prisión preventiva por el plazo de ley de hasta dos años, luego de rechazar los pedidos de sus respectivas defensas para morigerar esas medidas cautelares.
Los fiscales de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos José Luis Caterina y Matías Edery les reprocharon a los policías ser parte de una de las células que, también desde prisión, tributan a esa organización común en cuya cúspide está situado Cantero desde su celda en la cárcel federal de Marcos Paz. Esos grupos, que “operan independientemente y colaborando a un fin común”, están liderados por los presos Leandro “Pollo” Vinardi, Pablo Nicolás Camino y Carlos Damián “Toro” Escobar.
En ese sentido, los acusadores ubicaron a los policías dentro de la facción liderada por Vinardi en la que también está enrolado un ex líder de la barra brava de Newell’s, Guillermo Miguel “Chupa” Sosa. En líneas generales se les reprochó haberse encargado de brindar al grupo un soporte estatal desde su rol como policías.
Allanados
Arellano y Barúa fueron detenidos el viernes pasado en el marco de una serie de allanamientos vinculados con una investigación que se desprendió del crimen de Nelson “Chivo” Saravia, un líder de la barra de Newell’s asesinado en octubre de 2021 cuando una banda irrumpió en su casa y lo mató a tiros en su habitación. Los asesinos le robaron el celular a la víctima y a partir de la ubicación por GPS del aparato los investigadores llegaron a Sosa, implicado como ideólogo del crimen.
En el teléfono de Sosa se detectaron contactos con personajes del hampa y policías. Así se abrió una nueva investigación que originó los allanamientos que condujeron a la detención de los policías, en el marco de una causa que cruza las actuaciones de la Justicia provincial santafesina con otras que inició el juez federal de Campana Adrián González Charvay a partir de una denuncia por comercio de drogas e ingreso de estupefacientes a Rosario.
Entre los sitios allanados el viernes estuvo un galpón de Guatemala al 2100, en barrio Belgrano. El lugar estaba sindicado como un histórico lugar de encuentro entre civiles y policías, reuniones que tendrían lugar todos los viernes.
Al momento del procedimiento estaban allí el comisario mayor retirado Alejandro Franganillo, ex jefe de Drogas Peligrosas, y el director de policía Marcelo Mendoza, quien condujera la Jefatura rosarina hasta octubre de 2021 y es el actual jefe de la Unidad Regional VI del departamento Constitución. Si bien no pesaba sobre ellos órdenes de detención, les extrajeron sus celulares y armas y también allanaron sus domicilios. En ese marco se decomisó un motorhome de alto valor económico que pertenecería a Mendoza y al menos dieciocho fajos de dinero —cerca de 535.000 pesos— con bandas de papel sellado del Banco Municipal de Rosario.
Sí pesaba una detención sobre un ex policía, el oficial exonerado Juan José Raffo. Este hombre que hasta anoche al cierre de esta edición continuaba prófugo cobró cierta notoriedad 15 años atrás cuando denunció las cajas negras policiales. Y en 2018 fue condenado en el marco del juicio por asociación ilícita contra miembros de Los Monos por sus vínculos con la familia Cantero a partir de diálogos telefónicos comprometedores con Ramón “Monchi” Machuca.
Por esa causa Raffo cumplió una pena de 5 años y 10 meses de prisión. Pero según una investigación federal se detectó que, una vez purgada su condena, salía regularmente del país a Bolivia, Paraguay y Estados Unidos. También tenía un egreso reciente hacia Arabia Saudita. Por esa razón su seguimiento fue solicitado por la Procuración de Narcocriminalidad (Procunar).
Por esta misma trama pasado 6 de enero un funcionario de la Agencia Federal de Inteligencia había sido interceptado en Rosario por un escuadrón de Gendarmería que le retiró su celular a pedido de la Justicia Federal. El agente de inteligencia estaba en la mira, según fuentes judiciales, por filtrar datos de una causa sobre el ingreso de estupefacientes a Rosario.
Reproches
Más allá de sus imputaciones como miembros de una asociación ilícita, Arellano y Barúa también deben afrontar señalamientos por separado. Arellano, de 41 años, sumó acusaciones por encubrimiento agravado y violación de secretos. Y Barúa, de 31, fue imputado además de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Respecto de Arellano, quien fuera funcionario dentro de la Brigada de Homicidios al servicio de la fiscal Marisol Fabbro, la imputación le achacó que le transmitía a Raffo información sobre la búsqueda del acusado de un crimen por entonces prófugo. En abril de 2022, “casi en tiempo real”, le comunicó cuáles eran las medidas de la fiscalía para capturarlo y el día de la detención le envío fotos de lo secuestrado: un arma, dinero en efectivo y un celular.
Este policía también fue acusado de haberle aportado información sobre el Chupa Sosa mientras pesaba en contra de éste un pedido de captura, valiéndose de su acceso a información reservada. De esa manera, señalan, podría ayudarlo a evitar su arresto. “Esto así, a sabiendas de que Raffo, su contacto, era en esos momentos ya un ex policía que había sido exonerado luego de ser condenado por diferentes delitos”, dice la imputación.
Según la investigación, la relación entre Arellano y Sosa habría comenzado en un allanamiento que el policía realizara, en febrero de 2020, en el domicilio del barra brava. Pero además hubo otras personas que en otras investigaciones se refirieron al policía como “Lucho de la PDI”, lo cual ya venía despertando sospechas sobre la presunta connivencia del uniformado con el mundo del hampa.
Por su parte Barúa fue acusado de facilitarle información al por entonces jefe de la barra para facilitar actos delictivos de los que, presumen los fiscales, él también participaba. En tal sentido citaron un mensaje de Sosa a Barúa del 19 de abril de 2022 en el que lo invita a realizar un trabajo en zona norte y le pide: “Traéte tu pipita”, en relación al arma de fuego. También había entre los mensajes enviados a Sosa algunos referidos a movimientos en la cúpula policial.
Durante la audiencia los policías optaron por declarar y responder preguntas, según indicaron fuentes judiciales. En el caso de Arellano, comentó que conoce a Raffo desde hace doce años. Y Barúa aseguró que los diálogos con Sosa —con quien admitió tener un parentesco político— sobre los “trabajos” que le invitaba a realizar y para lo cual le pedía que llevara su arma habían sido en broma.
