Policiales

Dictaminan que policía acusado de un doble crimen no podía portar armas

Se trata de Alejandro Rubén Bustos, uno de los principales acusados de las muertes de Emanuel Medina y David Campos en una persecución en 2017.

Domingo 21 de Julio de 2019

Una pericia psiquiátrica realizada a Alejandro Rubén Bustos, uno de los dos policías acusados de acribillar a Emanuel Medina y David Campos tras una persecución en 2017, determinó que el efectivo del Comando Radioeléctrico no estaba en condiciones de cumplir tareas portando un arma de fuego. Como resultado de un cuadro de estrés postraumático por la muerte de un colega en un enfrentamiento hace más de diez años, "tenía y tiene afectados el juicio, la comprensión y la valoración de los hechos". Así lo plasmaron en su dictamen dos médicos psiquiatras y un abogado de una Junta Especial en Salud Mental que examinó al uniformado, quien fue derivado dos veces de la cárcel a una clínica privada con un cuadro depresivo.

Las conclusiones del informe se incorporaron a fines de junio a la causa con 21 policías imputados que el fiscal de Homicidios Adrián Spelta investiga desde el 23 de junio de 2017. Ese día David Campos, de 28 años, y Emanuel Medina, de 32, se estrellaron contra un árbol en Callao al 5700 cuando iban a bordo de un Volkswagen Up y una camioneta policial los embistió desde atrás. Era el final de una extensa persecución de unos 40 minutos por la zona sur.

El auto fue rodeado rápidamente por policías que dispararon a mansalva sin que los muchachos opusieran resistencia. Medina recibió nueve balazos y Campos cinco. En principio se dijo que habían evadido un control y por eso los persiguieron. Sus familiares sostienen que fue un caso de gatillo fácil, que se adulteró la escena y que les plantaron armas en el auto para fraguar un tiroteo.

Acusados

Las pericias arrojaron que a Medina y Campos los alcanzaron siete balas disparadas por Bustos y una que partió del arma de Leonel Emiliano Mendoza. Los dos están acusados de homicidio calificado por el abuso de la función policial, un delito que se pena con prisión perpetua. Otros 19 efectivos del Comando Radioeléctrico y la Policía de Acción Táctica que llegaron al lugar están imputados por "encubrimiento doblemente agravado por la gravedad del hecho, incumplimiento de los deberes de funcionario y falsedad ideológica".

Desde el inicio de la causa los abogados de Bustos reclamaron un examen psiquiátrico de su pupilo pero el pedido pasó por cuatro jueces hasta que se le dio curso. En el medio, el policía fue derivado dos veces de instituciones carcelarias a clínicas psiquiátricas. En marzo pasado el fiscal Spelta remitió su pliego de preguntas a una Junta Especial en Salud Mental integrada por la médica psiquiatra y legista Alicia Travesani, el psiquiatra Mariano Molina y el abogado Marcelo Martínez.

Alteración del juicio

Los profesionales examinaron a Bustos en dos entrevistas que a su vez fueron presenciadas por seis peritos de partes. También analizaron informes de los tratamientos previos de Bustos en materia de salud mental. En esas constancias se detalla la medicación que tomaba al momento del hecho y se refieren síntomas depresivos con "escasos recursos para dar respuesta a las demandas que se le presentan".

En las nueve páginas de su informe, los peritos de la Junta advirtieron que al disparar sobre el VW Up Bustos actuó "atravesado por ideas de pérdida y ruina" y concluyeron que "no se encontraba al momento de los hechos en condiciones de realizar las tareas con portación de arma. Actualmente su cuadro se ha agravado con síntomas depresivos".

Los peritos indicaron que por las secuelas de tiroteos previos tendía a revivir esos incidentes al quedar expuesto a situaciones similares: "El señor Bustos tenía y tiene afectados el juicio, la comprensión y la valoración de los hechos que motivan la presente investigación. Al momento de los hechos impresiona haber estado bajo un cuadro respuesta de reexperimentación postraumática, con alteración del juicio y del accionar suficiente para haber generado un episodio enajenado".

Ante la consulta sobre si sufre alguna patología o alteración de sus facultades, los peritos respondieron que "padece un cuadro depresivo secuelar a un trastorno por estrés postraumático de intensidad marcada". Esa dolencia parece haberse originado en 2006 con la muerte de un colega en un enfrentamiento (un episodio por el que estuvo cuatro años con licencia psiquiátrica) y acentuado con un nuevo tiroteo de 2013 (ver página 40). El cuadro fue "sobrellevado durante años" y "agravado por reexposición a situaciones que lo descompensaban" en sus tareas cotidianas.

Qué se discute

El dictamen fue recibido con interpretaciones dispares por las partes. Los abogados defensores Juan Ubiedo y José Luis Giacometti consideran que Bustos no está en condiciones de afrontar el proceso penal. El fiscal Adrián Spelta entiende que el policía "no fue tildado de inimputable" y por lo tanto debe esperar el juicio en prisión. Las abogadas querellantes Marcia López Martín, Luciana Torres y María Eugenia Mistura sostienen que el informe es "contradictorio" y la pericia debe repetirse.

Pero más allá del efecto aún inestimable en el devenir de la causa, el dictamen pone en discusión una cuestión de inquietante gravedad institucional: con qué recaudos se asignan armas a los miembros de la policía provincial.

Una fuerza con un hábito arraigado de disparar sin motivos válidos y encubrir esas prácticas.

   En ese orden y a pedido de Spelta, la fiscal de Violencia Institucional Karina Bartocci abrió un legajo paralelo para esclarecer cómo se reincorporó a Bustos a la policía tras una licencia psiquiátrica de cuatro años. La pregunta que queda latente es cómo se evaluó que un agente con un 20 por ciento de discapacidad psíquica estaba en condiciones de portar una pistola calibre 9 milímetros y desempeñarse en una tropa de choque como el Comando Radioeléctrico.

Lo que sigue

La Junta indicó que “no resulta aconsejable” la participación de Bustos en el juicio porque tiene “afectada la comprensión de los hechos”. Recomendó que no vuelva a prisión, que siga internado en una clínica psiquiátrica y que “trabaje en su tratamiento acerca de los hechos imputados”. Sin embargo la clínica donde está internado Bustos informó la semana pasada que “no tiene criterio para continuar internado” y solicitó su derivación.

   Con la pericia en mano, el primer paso de los abogados defensores fue pedir la suspensión de la audiencia preliminar por el caso fijada para el 4 de julio pasado. Dijeron que su cliente no estaba en condiciones de afrontar el proceso penal.

   Ese día las partes debían discutir las pruebas a presentar en el juicio. El juez Hernán Postma suspendió el trámite y solicitó a la Junta que se explaye acerca de un punto concreto: si Bustos está o no en condiciones de afrontar el juicio. Además pidió una nueva pericia al Consultorio Médico Forense.

   Para la querellante Marcia López la pericia “es insuficiente para tomar cualquier decisión. Dice que (Bustos) comprende sus actos, que está situado en tiempo y espacio pero hace otras valoraciones contradictorias. Es incluso contradictorio con el último informe del lugar donde está internado”.

   Además, desde la querella manifestaron que el informe “es de imposible interpretación unívoca por las contradicciones insalvables que tiene. El propio juez Hernán Postma consideró que el informe de juntas está mal hecho ya que no le permitió tomar una decisión, por lo que en este momento hay pendientes dos juntas médicas ordenadas por él y también un informe clínico actual que dice que no necesita estar internado”.

   “Lo que si adelantamos es que nuestra perito, que participó de la junta especial, en consonancia con todo el resto de los informes obrantes en la carpeta judicial, entiende que Bustos puede estar en el proceso. Por lo que estamos a la espera que se realice la audiencia preliminar para que se fije fecha de juicio en el cual deberán dilucidarse todas estas cuestiones y las responsabilidades de todos los policías involucrados, lo que es fundamental en un caso tan grave de violencia institicional”, conluyeron las querellantes.

   En tanto desde la Fiscalía, que pretende llevar a juicio oral al principal acusado para discutir su responsabilidad individual en el doble crimen, dijeron que “la junta no considera que sea inimputable sino que ha tenido una dolencia previa pero nunca dejó de comprender la criminalidad de sus actos. Lo que se está discutiendo hoy es si tiene si tiene que estar pasando estos días a la espera del juicio en una unidad penitenciaria o en un establecimiento psiquiátrico. Entiendo que debe estar bajo la órbita del Servicio Penitenciario”.

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