La mañana del viernes el jefe de la policía provincial, José Luis Amaya decidió pasar a disponibilidad a la cúpula de la Unidad de Protección de Testigos a partir de una serie de denuncias e irregularidades que el Ministerio de Seguridad detectó en ese área policial. Quienes fueron corridos de sus cargos son el comisario Mauricio Cornejo, el subcomisario Daniel Pinto, el inspector Gonzalo Luque y el oficial Marcelo Meyder.
Una serie de notas difundidas por el portal santafesino "zonacriticaonline.com", motivó la investigación cuyas irregularidades no habrían sido investigadas en profundidad ni por Asuntos Internos, ni por la fiscal a cargo.
Un anónimo
La adulteración del kilometraje en los vehículos oficiales, cargas de combustibles falsas o en coches particulares, horas extras que no se habían cumplido y que beneficiaban a jefes o subalternos amigos, paupérrimas condiciones de trabajo y colapso logístico formaban parte de las denuncias de presuntos delitos expuestas ante el Subsecretario de Asuntos Internos de la provincia en octubre pasado y que aún no tiene grandes avances pese al detalle puntilloso de un escrito anónimo que había llegado a manos de las autoridades del Ministerio.
En el mismo se detallan una serie de actos deliberados orientados a defraudar al Estado, hurtar combustible, engañar sobre el pago de horas OSPE (Ordenes de Servicio de Policía Excepcional) y usar los bienes públicos para beneficio de los jefes de la repartición.
En el anónimo se detallaba una lista de autos al servicio de la Unidad cuyo kilometraje fue adulterado en enero de 2016 en un taller mecánico de Santo Tomé. Para eso se adulteraban los libros de guardia, situación que habría ocurrido entre el 18 y 19 de enero del mismo año.
Robo de combustible
También se menciona que fueron frecuentes las cargas de combustibles en autos particulares con el sistema de Carga Visa Flota, que debería tener un seguimiento pormenorizado por número de móvil y personal a cargo. Además de un caso concreto que describe el descontrol: el móvil Nº 4289 no registra movimientos de entrada y salida de la dependencia aunque su tarjeta fue utilizada muchas veces para la carga de combustible.
La denuncia apunta a los jefes de la Unidad, creada hace más de una década por el ex gobernador Jorge Obeid para asistir a víctimas del terrorismo de Estado en las causas en trámite en distintos juzgados federales de la provincia. En términos políticos depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero en lo cotidiano y burocrático al jefe de policía de la provincia.
Hasta el pase a disponibilidad la Unidad estaba guiada por los comisarios Mauricio Cornejo y Daniel Pinto, denunciados ante Asuntos Internos en un anónimo que durmió en los cajones de un escritorio hasta que se tomaron algunas declaraciones informativas y se libraron algunos oficios con conocimiento de la fiscal Milagros Parodi, que tampoco mostró profundo interés en activar la denuncia. Una muestra de ello es que, hasta mediados de marzo no había abierta una causa formal.
Horas y viáticos
La denuncia también señala una serie de posibles maniobras fraudulentas para cobrar horas OSPE, donde jefe y subjefe de la Unidad se beneficiaban con el cobro de las mismas pero sin cumplir servicio. O el caso de otros efectivos que, estando de servicio realizan horas extras, algo prohibido por la ley.
Además, se detalla en el anónimo que servicios de traslado de personas acogidas a la protección fueron realizados por personal que debió cobrar un viático, pero en su lugar lo cobraron los jefes, "todo con complicidad del jefe de Logística de la Unidad y su secretario", se señala.
Por Martín Stoianovich
Por Miguel Pisano