El Ministerio Público de la Defensa Penal o la Defensoría, como la llaman los que necesitan ser escuchados y aquellos que requieren de sus servicios cuando sus derechos son pasados por arriba, ocupa un edificio no muy grande en 9 de Julio al 1600. Su titular regional, Gustavo Franceschetti, se define como "una persona frontal e insisitente" y se puso como meta "mantener una actividad profunda en lo que hace a las denuncias sobre violencia institucional", es decir la que se ejerce desde el Estado a través de su brazo armado, que no es otro que la policía. En ese sentido, dice que en lo que va de 2017 se han presentado unas 50 denuncias por hostigamiento o persecusión policial, y diez de ellas se han resuelto mediante recursos de hábeas corpus a los que la Justicia ha hecho lugar intimando al jefe de la Unidad Regional II para que instruya a sus subordinados a fin de que cesen con el acoso a personas que no deben ser sometidas a esos tratos. "Percibimos un problema muy grande en ese sentido y nos interesa visibilizarlo frente a la sociedad e insistir para que se consideren políticas públicas para contenerla", dijo Franceschetti en diálogo con La Capital. Y agregó que quienes hacen las presentaciones, en su mayoría son "hombres de entre 18 y 25 años que a veces sólo se acercan para contar los hechos, no para denunciarlos, porque tienen miedo".
El dicionario jurídico es claro. El hábeas corpus "es una institución jurídica que persigue evitar los arrestos y detenciones arbitrarias asegurando los derechos básicos de la víctima, algunos de ellos tan elementales como son estar vivo y consciente, ser escuchado por la Justicia y poder saber de qué se le acusa". En este sentido existe la obligación de presentar al detenido en un plazo determinado ante el juez, quien podría ordenar la libertad inmediata del mismo si no encontrara motivo suficiente de arresto.
Franceschetti detalló que "todos los años recibimos gente que se acerca y nos cuenta qué les sucedió. Algunos sufrieron allanamientos sin órdenes judiciales, otros fueron presos varias veces por portación de cara. Entonces planteamos un hábeas corpus porque nos denuncian que donde los ven los meten presos. Este año presentamos diez casos de los cuales en ochoc tuvimos respuestas favorables del juez".
En lo que hace a los allanamientos sin órdenes legales, tanto el titular de la Defensoría como la responsable de la Oficina de Asistencia a Defendidos Víctimas de Violencia Institucional, Analía Abreu, sotienen que "no es lo mismo un operativo en barrio Martin, de clase media acomodada, que en los barrios populares. En esos lugares alejados del centro a veces la policía entra a las viviendas sin ningún papel y a las patadas, y en reiteradas oprotunidades, constituyendo hostigamiento".
En 2016 se presentaron seis casos de hostigamiento policial, de los cuales cuatro fueron contra menores de edad. "Son casos en los que la policía suele tenerlos identificados en algunos barrios y por más que exista el hábeas corpus los detienen en otro lugar. Por ejemplo, los paran en el centro y lo único que los chicos tienen para mostrar es la resolución del juez por la que no tienen ninguna causa en su contra, pero no es un salvoconducto", acotó Abreu.
El famoso 10 bis
Detrás de los hechos que este año llegaron a los estrados judiciales mediante la presentación de hábeas corpus, se adivinan las vidas difíciles de jóvenes que pasaron por penitenciarías o institutos de menores y tienen códigos culturales que resultan difíciles de entender para quienes no caminan los mismos barrios donde ellos viven. "Las reglas de la calle son diferentes a las que se creen que deberían ser", sintetiza Franceschetti (ver página 39). Y aclara que muchas veces la policía se aferra al famoso artículo "10 bis" del Código Penal, que permite que una persona sea demorada por averiguación de antecedentes.
Para el Defensor Regional se pueden evitar este tipo de hechos a partir de "declarar inconstitucional ese artículo y que se conforme una base de datos de las personas con pedido de captura como lo pedimos hace tres años". En ese sentido, Franceschetti pide que "se invierta en tecnología para que, si se quiere saber los antecedentes de alguien, en cuestión de minutos, no en dos o seis horas. De esta forma se recortarían estas acciones de parte de la policía"; y agregó que "de las alegaciones que recibimos en la oficina no todos terminan en denuncias. A veces la gente tiene miedo tanto de las denuncias sobre apremios, que es otra cosa, como los hostigamientos".
A esto la abogada Analía Abreu agregó que "más del 70 por ciento son causas que se desestiman, puede ser que porque no hay evidencias del autor o bien por miedo. No obstante nosotros implementamos varias herramientas para que la denuncia prospere. Por ejemplo, acompañarlos y trazar caminos alternativos como proponer testigos de sus denuncias".
¿Por qué una persona que cuenta en Defensoría que es hostigada después no hace la denuncia? Para los defensores esta pregunta tiene una respuesta natural. "El contar es parte de un contexto. Si un hombre es detenido y le pegan y esto sucede varias veces, a menudo nos comenta que no quiere hacer uso del recurso de hábeas corpus y eso es por miedo, por la victimización y por la exposición. Además está la naturalización de lo que les ocurre. Creen que «perdieron» y lo toman como parte del código de la calle", dijo Franceschetti.
Silencio de seccional
Algo extremadamente grave es lo que ocurre con algunas detenciones que no son informadas a la Justicia. "El sector social hostigado es el estereotipo del delincuente, a veces tienen antecedentes y a veces no. Pero lo llamativo ocurre con aquellos que tienen cuentas pendientes con la Justicia y tienen pedido de captura. Muchas veces la policía los busca y apresa, pero lo deja salir, a veces porque paga dinero por su libertad. Y eso nunca desde la seccional se informa al juzgado. Entonces al tiempo vuelven a apresarlo y se repite la historia que, lamentablemente, es muy común", dijo el funcionario.
"La situación en la calle, la relación entre sectores populares y la policía se refleja también en otros estamentos públicos. Por ejemplo, hay gente de agencias públicas que recorre los barrios y recibe denuncias no oficiales. Hay que impulsar que toda esa información llegue al Poder Judicial y que el Ejecutivo implemente políticas para perseguir estos hechos de hostigamiento y apremios", detalló Franceschetti. Y acotó: "No tenemos una policía profesionalizada, es la que hay y se actuá sobre esa realidad". Y remata con que "las investigaciones no llegan a muchos sumarios aministrativos hechos a efectivos policiales ni a condenas, pero el sistema es lento."
A su turno, Abreu dijo que "la mayoría de los denunciantes son hombres", y suma: "Las mujeres son las que más reclaman por sus varones, pero hasta ahora los apremios u hostigamientos a mujeres son sólo en instituciones de encierro, sobre los que también operamos".
"Cuando viene una persona a denunciar varias veces un mismo hecho presentamos un hábeas corpus y giramos la información a la Fiscalía de Violencia Institucional", comenta Franceschetti. "Tras ello el juez manda una orden por la cual a esta persona, si no está cometiendo un delito, no se la puede detener".
El funcionario, que toma para sí cada palabra y las lanaza como piedras, no duda sobre la razón por la que está allí: "Los hábeas corpus preventivos siempre estuvieron vigentes. Desde la Defensoría tenemos una política de escuchar, creer en la gente, visibilizar el tema y darles cause. Es una forma de que el ciudadano conozca sus derechos, se empodere y no sea avasallado".
defensor regional. Gustavo Franceschetti dijo que su compromiso es la lucha contra la violencia institucional.
