Un hombre fue condenado a 15 años de prisión por el asesinato de Rocío Daiana Gómez, una chica que apareció descuartizada en 2011 en la zona norte. La sentencia contra Juan José "Pijuán" Lazo, de 42 años, también lo halló culpable de haber privado de la libertad a la madre y el padrastro de la víctima, a quienes también les robó dos motos. Por estos últimos delitos, el juez Julio César García también condenó a un joven a siete años y medio. Asimismo, cuatro mujeres deberán cumplir dos años de prisión condicional como culpables de encubrimiento.
Pesadilla. Lo último que Norma Gómez supo de su hija Rocío fue que el 25 de febrero de 2011 la joven de 17 años fue con su hijo Kevin, de un año y medio, hasta la casa y almacén de su ex pareja Lazo, en barrio La Cerámica. Un día después recibió un mensaje desde el celular de su hija en el que se le pedía que llevara su moto hasta esa granja porque Pijuán quería comprársela para ayudarla a sortear el mal momento económico que atravesaba la familia.
Junto con su concubino, Fernando, Norma llevó la moto al negocio de Valle Hermoso al 1200 donde estaba Pijuán con dos hombres: su hermano Hernán —aún prófugo— y Jonatan Raúl "Joni" Vargas.
"Juan estaba armado y me gritó: «Me sacaste a Rocío y ahora me querés robar al nene». Insistía en que yo quería separarlo de mi hija y que mi nieto era hijo suyo", relató entonces la mujer, antes de detallar que Lazo y sus acompañantes ataron y golpearon a su marido, y abusaron sexualmente de ella y de su hija. En ese contexto, Norma vio por última vez a Rocío "con la cabeza rapada y atada con cinta" de embalar.
En ese marco, según relató la mujer, le hicieron firmar bajo amenaza boletos de compraventa de las dos motos de la familia. Una vez liberados, la mujer y su familia se fueron a Buenos Aires por temor a represalias y allí hicieron la denuncia que originó la investigación.
Hallazgos. La búsqueda de Rocío y de su bebé no tuvo novedades hasta el 8 de mayo de 2011, cuando el pequeño apareció a salvo en un descampado de San Nicolás. Tres meses más tarde, el 13 de agosto se hallaron los restos de Rocío enterrados con cal en una casa abandonada de Martín Fierro al 600, en La Florida, que Pijuán había alquilado para poner un bar. Y cuatro días después fue incendiado y saqueado el negocio de Valle Hermoso al 1200.
Unos 40 días después, el 22 de septiembre de 2011, Lazo fue apresado en el comedor comunitario de Granadero Baigorria donde se estaba aguantando. Según indicó entonces la policía, estaba tomando mates con Joni, también acusado por Norma como uno de sus agresores. La detención fue realizada por la policía de San Lorenzo, que previamente había hallado en una casa de Capitán Bermúdez una de las motos que Norma había denunciado como robadas por Lazo y sus cómplices.
En noviembre de ese año la entonces jueza de Instrucción María Laura Sabatier procesó a Lazo y Vargas, así como a otras seis personas a quienes imputó de encubrimiento. En tanto, Hernán Lazo, un hermano de Pijuán también acusado por las víctimas continúa prófugo.
Meses después la imputación contra Lazo fue atenuada por la Cámara Penal, que revocó lo referido al abuso sexual contra Rocío y Norma ya que, para los camaristas, no había pruebas al respecto.
Pruebas. La responsabilidad penal de los imputados fue dilucidada por el juez de Sentencia García, quien destacó como determinantes los relatos de Norma y su concubino, víctimas de lesiones, amenazas y robo por parte de Lazo y sus cómplices. Los detalles de la narración "importan sin duda una rememoración producto de la internalización de circunstancias efectivamente vivenciadas", dijo García, para quien además los testimonios coincidían con las lesiones constatadas a la pareja y con el hallazgo de una de las motos denunciadas como robadas.
Sobre el crimen de Rocío, el juez se lo atribuyó a Pijuán en función de la "sindicación clara y contundente" que hizo Norma, refiriendo el conflicto entre Lazo y la chica como consecuencia de su relación sentimental. No obstante, la prueba más contundente para García fue "el hallazgo del cuerpo" en un "lugar que era alquilado por Lazo y al cual sólo él podía tener acceso".
Otro elemento importante fueron las escuchas telefónicas entre Lazo y su entorno mientras él estaba prófugo. Esas charlas, además de incriminar a Pijuán, también fueron decisivas al evaluar la cadena de encubrimiento y tornaron "veraces los dichos de Gómez".
Por otra parte, el juez desechó la versión de Lazo basada en una "permanente conspiración policial-judicial en su contra, algo francamente inadmisible". Además, "analizando su descargo es evidente que luce mendaz al afirmar que no tuvo contacto telefónico con Rocío y que no la veía desde noviembre de 2010", lo cual no concuerda con los informes de las telefónicas que constataron llamadas los días previos a la desaparición de la chica.
Con esos elementos García condenó a Lazo a 15 años de cárcel por los delitos de "privación ilegítima de libertad doblemente agravada por el uso de violencia, amenazas o venganza y por el uso de armas de fuego en dos hechos", así como el robo calificado por el uso de arma de fuego, lesiones y homicidio simple, además de la tenencia ilegítima de un arma de guerra. Por su parte, Joni Vargas, de 23 años, fue condenado a siete años y medio de prisión por privación ilegítima de libertad doblemente agravada, robo calificado y lesiones.
En tanto, el juez sentenció a dos años de prisión condicional a Albana Morales, Jorgelina Sosa, Joana Aneleyn Vargas y Monica Mabel Morales por "encubrimiento agravado por tratarse el delito precedente de uno especialmente grave". Y absolvió a Ramón Antonio Domínguez.
