Una joven de 22 años fue la primera en cerrar un acuerdo abreviado entre los 17 detenidos por las balaceras a edificios del Poder Judicial y a viviendas de funcionarios que investigaron la causa de Los Monos. Se trata de Aldana Mazzeo, quien ayer a la tarde aceptó una condena a 3 años de prisión condicional por el delito de amenazas coactivas calificadas por ser anónimas y por tener como propósito a una dependencia del Poder Ejecutivo provincial. Había sido detenida por el atentado con una granada de gas lacrimógeno a la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) de Lamadrid al 500, cometido en agosto del año pasado, tras el hallazgo en su casa de más de una decena de celulares ligados a otros implicados en la organización del ataque. Pero finalmente se le terminó achacando una participación menor en ese ataque.
Mazzeo había sido imputada en octubre junto a otras nueve personas, entre ellas Ariel "Guille" Cantero, condenado como jefe de la banda de Los Monos y acusado como organizador al menos siete atentados contra domicilios relacionados con jueces que intervinieron en la causa contra el clan del barrio Las Flores o a edificios judiciales. En esa audiencia también fueron imputados Lucía Uberti y Matías Nicolás César en los roles principales de organización y ejecución de los atentados, además de cinco detenidos por amenazas y Daniel "Teletubi" Delgado, quien purga una condena a 21 años de cárcel por el triple crimen de Villa Moreno, ocurrido el 1º de enero de 2012.
Aldana quedó entonces en prisión preventiva por un mes pero la medida se fue prorrogando. Había sido demorada por primera vez en septiembre de 2018 tras un allanamiento a su casa de Iriondo al 3900. Ese día, en ese y otros allanamientos simultáneos, se secuestraron una pistola calibre 22, dinero en efectivo, siete teléfonos celulares, dos computadoras y tres tablets. Luego fue detenida y el 12 de octubre fue imputada de tomar parte de las amenazas al edificio central de la PDI junto a Lucía Uberti, Damián Ch. y un chico menor de edad.
El atentado ocurrió el 28 de agosto de 2018 cuando un muchacho se acercó hasta las dependencias de Lamadrid 550 y arrojó una granada de mano tipo candela, de fabricación nacional y con un cartel que rezaba: "Dejen de entrar a casas que nda q ver y encerar gente inocente" (sic). Esto, según los investigadores, buscaba que cesaran los allanamientos que se sucedían desde mayo por las balaceras a las casas donde habitaron jueces u otros funcionarios.
A Mazzeo le atribuyeron entonces una participación necesaria en ese hecho. Pero en el acuerdo cerrado ayer entre los fiscales de la Unidad de Gravedad Institucional Matías Edery y Aníbal Vescovo y los defensores de Mazzeo, Hernán Tasada y Mariano Scaglia, la imputación se atenuó dado que los avances de la investigación revelaron que la responsabilidad de la joven era menor a la pensada. Por eso fue condenada como partícipe secundaria.
La foto de la granada
Según consigna el escrito, en enero se terminaron de peritar más de quince teléfonos celulares secuestrados en el domicilio de la joven en dos allanamientos. Del teléfono de la acusada no se obtuvo información porque no pudo ser peritado. No obstante, "quedó acreditado que guardó en su propiedad un teléfono de (el acusado) Damián Ch." y un celular en el que se detectó "una significativa cantidad de evidencia incriminante para los otros coimputados".
En las pericias se determinó que la joven tuvo en algún momento en su poder la granada usada en el hecho contra el edificio de la PDI y que incluso le envió una foto a otro de los acusados avisándole que contaba con ese material.
Pero su aporte no fue considerado indispensable para la realización del atentado, ya que no fue ella quien gestionó la búsqueda del explosivo ni dio las indicaciones de lanzarlo. Otra imagen extraída del celular es una foto de un cartel amenazante que finalmente no fue el usado en el hecho.
Para los fiscales, todo indica que Mazzeo "conocía que la granada iba a ser utilizada para concretar una amenaza. Las fotografías de ella sosteniéndola, con su amiga (por Uberti) sosteniendo un arma de grueso calibre y un cartel amenazante, no dejan lugar a dudas". Además consideraron que si bien tuvo un aporte mínimo, ella no podía saber que el ejecutor del atentado sería un menor de edad, algo que agrava el delito.
Así, solicitaron su condena como partícipe secundaria de "amenazas coactivas calificadas por ser anónimas y por tener como propósito que la Policía de Investigaciones de Santa Fe, como estamento público perteneciente al Poder Ejecutivo provincial, deje de realizar tareas investigativas, allanamientos y detenciones en el marco de las investigaciones por hechos de amenazas a magistrados provinciales que se sucedían en la ciudad desde el mes de mayo de 2018".
Consentimiento
La joven dio su consentimiento y el acuerdo fue homologado por el juez Gonzalo López Quintana. Uno de los aspectos que considera el convenio es que la joven tiene trabajo y carece de antecedentes penales, lo que vuelve "inconveniente que cumpla la pena de prisión de manera efectiva en un establecimiento intramuros" porque eso "le acarrearía mayores perjuicios que beneficios en relación con el objetivo final, que no es otro que su resocialización".
De todos modos los acusadores resaltaron que está imputada de participar "en un delito particularmente grave". "Es algo que no puede pasarse por alto, merece una sanción acorde y por eso nos alejamos del mínimo de la escala penal", plantearon.
"Podríamos decir que en esta banda criminal Mazzeo no ocupa un rol, o al menos no se lo ha acreditado, si bien es amiga de varios de sus componentes. Su participación fue acotada a este caso y por ello merece ese trato diferenciado", explica el acuerdo, que además de la pena condicional de 3 años le impuso a la joven determinadas reglas de conducta, como el impedimento de contactarse con los coimputados por un plazo de tres años.
Los abogados de la mujer destacaron que la misma carece de antecedentes penales y que trabajaba en blanco en un supermercado chino de su barrio donde conservaron su puesto mientras duró el proceso y adonde ella pretende regresar. "Si bien había sido imputada en su momento por un delito de gravedad institucional, el devenir de la causa acreditó que los hechos eran de menor cuantía", dijeron los defensores Scaglia y Tasada.
"Entendimos que era una oportunidad para llegar a un procedimiento abreviado con una pena en suspenso que le permite recuperar la libertad. No solamente por ella sino por sus amigos, su familia y su trabajo", indicaron.
Según precisaron fuentes de la acusación, se trata de la primera persona entre los 17 detenidos por las balaceras en llegar a una acuerdo de condena alternativo al juicio oral y público.
central de la pdi. El 28 de agosto allí tiraron una granada, que habría tenido la acusada, con un cartel amenazante.
