Por Claudio González
Destrozado. El patrullero que manejaba Leal al chocar una moto en 2016.
Un policía que llegó a juicio por robar 62 mil pesos durante un procedimiento en una fábrica de sándwiches en 2018 y de atropellar con un patrullero y provocar la muerte de una adolescente en 15 años en 2016, fue condenado a una pena unificada de 3 años de prisión efectiva, 5 de inhabilitación especial para conducir, uno para ejercer cargos públicos y a pagar una multa de seis mil pesos.
El derrotero de José Luis Legal, un policía del Comando Radioeléctrico de Rosario comenzó el 5 de septiembre de 2016. Ese día cerca de los 22 conducía el móvil 6629 cuando en la esquina de Arijón y Bermúdez embistió la moto que comandaba un adolescente de 17 años y en la que viajaba como acompañante Leila Sánchez, de 15 años.
La chica falleció prácticamente en el acto y su amigo debió ser internado en grave estado. El conductor del móvil policial, que no tenía autorización de manejo, y su compañera de patrulla, también fueron hospitalizados con diversos traumatismos. En tanto el auto quedó destruido tras incrustarse contra un árbol y la moto derrapó contra un viejo Ford Falcon estacionado.
En ese momento se constató que las víctimas de la moto no llevaban cascos y que el móvil policial se dirigía comisionado a un robo. Por ese hecho, Legal fue imputado por la fiscal Mariana Prunotto como autor de homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo, recupero la libertad y siguió en servicio.
El sándwich y la coca
Pero la historia del agente no quedó allí. En diciembre de 2018 Legal fue detenido cuando el dueño de la fábrica de sándwiches Individuales (en Uriburu 2800) denunció que le faltaron 62 mil pesos luego de que el policía y una compañera fueran al lugar para constatar un robo.
Ocurrió el 23 de diciembre de 2018 a las 4.15 cuando Legal y otra agente llegaron a la fábrica tras un llamado al 911 que reportaba un robo. Los policías inspeccionaron el depósito e ingresaron a una de las oficinas en la cual forzaron un armario cerrado con precintos y sustrajeron 62 mil pesos en efectivo. Tras ello, como si nada, se retiraron del lugar.
Pero no se percataron que el local tenía un sistema de monitoreo con cámaras de vigilancia. Tras ver las imágenes, el dueño de la empresa radicó la denuncia y el caso quedó en manos de la fiscal Paola Aguirre, que tras una serie de medidas y constataciones el 28 de diciembre de 2018 ordenó la detención de los imputados. Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron 30 mil pesos en efectivo que Legal escondía en el baúl de su auto.
El policía estuvo bajo prisión preventiva efectiva desde ese momento (medida confirmada por la Cámara Penal) mientras que su compañera obtuvo la detención domiciliaria. Mientras tanto, la fiscal consolidó la imputación por los delitos de robo agravado por la calidad de funcionario público en grado consumado y en calidad de coautores, e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real. Además, les achacó omitir la confección de la hoja de ruta del procedimiento y la constancia de la comisión del 911 de la dotación del móvil que utilizaron en el procedimiento.
En esa condición el acusado llegó a la audiencia que se celebró ayer mediante una videoconferencia. En esa instancia, y tras un acuerdo entre la defensa y las fiscales, ambos legajos se cerraron con un trámite abreviado que homologó el juez de primera instancia Facundo Becerra, quien dictó la sentencia.
José Luis Legal fue condenado a una pena unificada de 3 años de prisión efectiva, 5 de inhabilitación especial para conducir, un año de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y a pagar una multa de seis mil pesos como autor de homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo, coautor de robo agravado por su calidad de funcionario público e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En tanto, y por el robo a la fábrica de sándwiches, desde el 23 de diciembre de 2018 está imputada su compañera, la agente del Comando Radioeléctrico E.M., quien se encuentra en libertad a la espera de un juicio oral.
Por Mariano D'Arrigo
