“Rosario tiene la tasa de homicidios más alta y los delitos lesivos más violentos de todo el país y lo que se necesitan son recursos para afrontar esa realidad”, dijo terminante la titular de la Fiscalía Regional Nº2, María Eugenia Iribarren, cuando presentó la semana pasada una informe sobre su gestión 2022, fue en la Facultad de Derecho. Luego de ocupar ese cargo en forma interina durante un año y medio, la funcionaria seguirá durante los próximos seis años al frente de las investigaciones penales de una circunscripción que abarca los departamentos Rosario, San Lorenzo, Cañada de Gómez, Casilda y Villa Constitución, una región extensa donde vive la mitad de la población de la provincia y donde se produce más del 60% de toda la conflictividad de todos los legajos que ingresan en el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
“El 60% de los delitos se concentra en Rosario, lo que da la pauta de una mayor conflictividad relacionada con nuestra ciudad, que cuenta con más de un millón de habitantes”, sostuvo Iribarren sobre la zona que tiene a su cargo, donde nombrará “a un coordinador de todas las áreas, un fiscal que conoce perfectamente la realidad de cada área”, dijo a modo de anuncio sobre el cargo que ocupará formalmente en los próximos días el ex fiscal general Jorge Baclini.
Atomización
“Esta gestión que encabezo desde mediados de 2021 se enfocó puntualmente en ordenar la Fiscalía. En la anterior no había una conducción y el ex fiscal Patricio Serjal (desplazado tras ser imputado en una causa por juego clandestino) no daba directivas, con lo que se generó una atomización del trabajo de los fiscales. A su vez no había un plan para mejorar las condiciones de trabajo. Mejorar eso fueron los ejes de estos años”, sintetizó.
En lo que hace a homicidios, en Rosario hubo 288 casos en 2022, con una tasa de 22 cada 100 mil habitantes. Según Iribarren la persecución penal se dio en un contexto de escasos recursos. “Un problema grave no es sólo la cantidad de fiscales, que en Rosario son 63, sobre los que hay que contemplar vacaciones y situaciones de licencias. Ellos debieron atender 147 mil legajos en 2022 y es imposible que se cumpla con todo. Pero más grave aún es el poco personal que los asiste, los fiscales deben desde investigar los hechos, realizar los juicios y hasta hacer los escritos judiciales”.
Los homicidios son el termómetro de la violencia y al comparar la tasa con la de otras capitales provinciales y ciudades de población similar a Rosario los números apabullan. En 2022 hubo en Córdoba se registró una tasa del 5,1 homicidios cada 100 mil habitantes que fueron trabajados por una fiscalía provincial que cuenta con 1.822 empleados. Por otro lado el caso de Mendoza la tasa fue de 3,3 cada 100.000 habitantes y el personal de fiscalía en la provincia es de 1.849 personas. Y en la jurisdicción de Rosario, con una tasa de 22 cada 100 mil habitantes, sólo hay 452 empleados. “Es una fiscalía con las características provinciales de Mendoza y Córdoba y con mucha menos gente, la diferencia es notable”, dijo Iribarren.
En ese marco la fiscal destacó la importancia de la planificación para definir una estrategia de persecución penal para casos de baja lesividad, como conflictos interpersonales o situaciones familiares que “se resuelven de otra manera y para eso se generaron nuevas instancias de resolución tanto con fiscales como con los equipos interdisciplinarios”.
“El lavado de activos es una prioridad. Hubo cinco condenas, se decomisaron ocho inmuebles y se obtuvieron resarcimientos por 750 millones de pesos y se logró vincular causas para proseguir con las investigaciones a partir del trabajo en conjunto con la justicia Federal y equipos de trabajo de otras áreas”. Mucho de eso corresponde a la causa de Esteban Alvarado y el dinero se gira a la Fiscalía General, que lo reparte discrecionalmente entre las circunscripciones.
“En los casos de narcocriminalidad firmamos convenios con la Justicia federal para deslindar los que son delitos comunes de jurisdicción ordinaria y los federales”. Al evaluar la posibilidad de instalar una fiscalía de narcomenudeo en Rosario, como las hay en otras provincias, la fiscal expuso dudas: “Debería sancionarse la ley, crearla y luego destinar recursos. Podría ser eficaz, pero en estas condiciones no garantizaría un trabajo eficiente”.
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La fiscal conoce perfectamente el funcionamiento de su entorno. Es más, ha tomado a su cargo reclamos que no le corresponden como funcionaria y sus análisis son más políticos y criminológicos que judiciales. “Hasta 2009 la tasa de homicidios era tan baja como en las provincias vecinas e inclusive más baja que en Santa Fe capital, pero todo cambió. Nosotros como fiscales no sólo debemos investigar los delitos si no también propiciar instancias, que nos exceden, sobre asistencia a las víctimas, sobre todo de hechos de violencia de género, derivar hechos que pueden resolverse en otra ámbitos o al menos tener una asistencia inmediata, como eran los Centros de Atención Judicial (CAJ) que se cerraron, y atender otras situaciones”.
En este sentido puso énfasis en los suicidios. “En algunos hechos de presuntos delitos, puntualmente de mujeres, los investigamos y hubo seis condenas por casos que se quisieron fraguar como suicidios y habían sido femicidios. No obstante en Rosario se registraron 435 suicidios reales en 2022 y aunque no es un delito nos preocupa: se deben generar instancias de trabajo con el Ministerio de Salud u organizaciones competentes”.
Un dato fundamental es la cantidad de homicidios registrados este 2023: 136 en Rosario y 30 en Santa Fe Capital. Iribarren no arriesga respuestas para esa abismal diferencia, pero si se observan las fuerzas policiales; las brigadas abocadas a investigar los delitos, los recursos humanos y económicos que se destinan a la ciudad de Santa Fe y el peso político de la ciudad capital puede concluirse que Rosario, por decisión o desidia, ha sido descuidada en comparación con la capital.
