Veinte personas acusadas de integrar una organización de narcotráfico a gran escala comenzarán a ser juzgadas desde este miércoles en los Tribunales federales de Oroño al 900. El grupo fue desarticulado en abril de 2019 cuando se produjo el secuestro de un cargamento de más de 73 panes de marihuana enviados a Rosario en un auto desde Ingeniero Maschwitz. Tres hombres sindicados como cabecillas —uno de ellos de relación estrecha con el ex jefe de la barra brava de Rosario Central Andrés “Pillín” Bracamonte—, un policía, un militar de la Fuerza Aérea y una mujer que al momento del operativo era concejala de Fray Luis Beltrán se encuentran entre los imputados.
El debate se realizará ante los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 1 y la acusación estará a cargo del fiscal Federico Reynares Solari. Se trata de una causa que se inició en julio de 2018 cuando comenzaron a reiterarse procedimientos con secuestros de droga en la zona de Felipe Moré y Uruguay.
A partir de ese dato se encomendó a la División Antidrogas de la Policía Federal investigar si existía una organización que concentrara el narcotráfico en ese lugar. En base a tareas en territorio e intervenciones telefónicas la pesquisa definió que una organización adquiría, guardaba, transportaba y comercializaba drogas en Rosario y la zona con protección policial.
Como principales referentes del grupo fueron sindicados Claudio Javier Benítez, Amílcar Gonzalo Vianni y Osvaldo Gregorio “Chino” Villalba, quienes habían acordado adquirir un cargamento de droga en la provincia de Buenos Aires.
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Según se determinó, el cargamento se acopiaría en un galpón de la ciudad de San Lorenzo. La adquisición y el traslado habían sido negociados por uno de los cabecillas que viajó a la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz mientras era sometido a una escucha directa. Fue así que el 12 de abril de 2019 se produjo el secuestro de 73 panes de marihuana, más de 53 kilos que eran transportados en un auto a la salida de la ciudad de Arroyo Seco.
En el procedimiento se interceptaron dos autos que salían a alta velocidad desde Arroyo Seco hacia la autopista a Buenos Aires. Eran un Peugeot 308 gris como vehículo puntero con Vianni al volante y un Chevrolet Agile gris con dos ocupantes que llevaba los 73 panes en el baúl. Cuando el operativo aún no había concluido se detuvo cerca del lugar una camioneta Chevrolet Journey blanca conducida por Benítez.
A partir del secuestro se realizaron 16 allanamientos en Rosario, Fray Luis Beltrán y Arroyo Seco en los que se incautaron otros dos vehículos, armas, municiones y un kilo de cocaína, además de celulares y dispositivos electrónicos.
En Fray Luis Beltrán fue detenida la concejala justicialista de esa ciudad Alejandra Jurado, apresada junto a su hijo Nicolás Herrera. La casa había sido atacada a balazos el 12 de febrero de ese año con ocho tiros disparados desde una moto. En las indagatorias la funcionaria negó las imputaciones y aseguró que su familia estaba amenazada desde que un familiar iniciara un tratamiento por consumo de drogas.
En total son 20 los acusados por el fiscal federal Nº 2 Claudio Kishimoto que llegarán a la instancia de juicio oral, tres de ellos como líderes y el resto como integrantes de una organización de narcotráfico con división de roles que operó entre julio de 2018 y abril de 2019. Fueron acusados por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la intervención de tres o más personas organizadas. Los tres sindicados como cabecillas fueron procesados en carácter de organizadores.
En septiembre de 2019 el fiscal solicitó la elevación de la causa a juicio, instancia que se inicia este miércoles con la lectura de la acusación e indagatorias. Mañana jueves se presentarán los testigos de los allanamientos y a partir de la semana que viene serán las declaraciones de los investigaciones y el análisis del contenido de las escuchas.
La banda quedó bajo la lupa a partir de su crecimiento económico. Entre los sindicados como cabecillas está el Chino Villalba, un hombre clase media desde antes de ingresar al negocio que jamás estuvo nombrado en una investigación previa, a quien los investigadores tildaron como un “tapado” que ostentaba un lugar clave en los negocios de la barra brava de Rosario Central. Si bien se comprobó su trato directo con Pillín, ninguna evidencia conectó al jefe de la barra con en el negocio.
En las escuchas trascendió que el grupo esperaba un cargamento enorme, cercano a los 500 kilos de droga, pero las amenazas verbales del Chino a los deudores eran tan fuertes que los investigadores decidieron no dilatar las detenciones para interceptar esa partida porque eso suponía poner a personas en riesgo.
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“Cuando termine el partido vamos con la gente que quiere hablar con vos porque se cansó. Y si vamos a Santa Fe y vos no me querés hablar te mando a matar a toda tu familia. ¿Escuchaste pedazo de hijo de puta?”, le dijo a un deudor de la capital provincial en una escucha el 17 de marzo de 2019. A otro deudor le hizo saber que conocía el domicilio de su madre y le dijo: “Vinimos a plantarnos acá. Tenés 24 horas para cumplir o el amigo te hace un desastre en la casa de tu vieja y de tu hermano. El amigo acá dice que le cumplas con al menos 500 mil pesos o un coche. Tenés 24 horas hasta mañana, si no te recontra cago a tiros la casa y hago que te maten a cualquiera".
Además de ese sesgo violento quedó expuesta la protección policial. Uno de los juzgados será Guillermo “Chiche” Segovia, un policía de la provincia al que según la acusación acudió Amílcar Vianni cuando advirtió que lo estaban vigilando, para pedirle que le averiguara quién era el personal policial que lo seguía en autos y motos. Luego le indicó que estaba por hacer "un negocio muy grande" que le iba a dejar a Segovia 50 mil pesos. Según las escuchas, en otra ocasión en que Benítez cayó preso Segovia hizo gestiones para liberarlo a cambio de 15 mil pesos, por lo que el policía será acusado de colaborar con el grupo.
Otro acusado es José María “Chuky” Spinelli, propietario de un campo que según la acusación se utilizaba como lugar de acopio y que participaba además como proveedor de municiones y armas. Natalia Insaurralde responderá por guardar y proveer de armas a la banda entre ellas alguna ametralladora y cargadores de calibre 40. Entre el resto de los acusados se encuentran David “Gordo” Abila —un militar de la fuerza aérea que iba en el auto con el cargamento secuestrado— y Jésica Domínguez, pareja de Benítez quien según la acusación contaba con varios puntos de venta en la zona investigada.
