Las bandas criminales en Rosario sostienen tácitamente la premisa de que el fin justifica los medios. Las balaceras a entidades públicas o privadas se afirmaron como una suerte de correspondencia para garantizar que los mensajes que acompañan a estos hechos violentos lleguen a destino. Una vez consumado el ataque, la misiva corre: por fuentes policiales, por redes sociales, por los medios de comunicación. Así, con ese circuito en marcha, la ciudad es espectadora de su propio caos. Esta vez, por tercera ocasión, el blanco fue una sede del Banco de Santa Fe, con al menos nueve balazos y dos mensajes: uno dirigido al diputado Maximiliano Pullaro y otro a Esteban Alvarado, preso por narcotráfico y otros delitos.
La última balacera fue pasadas las 23.30 del martes contra una sede del Banco de Santa Fe de Granadero Baigorria, horas después de un ataque similar contra otro local de la misma entidad bancaria pero de Villa Gobernador Gálvez. Es el tercero si se tiene en cuenta otro hecho ocurrido en febrero pasado contra una sede de la zona sur de Rosario. Este martes ocurrió en un banco ubicado en la zona de Chacabuco y Rivadavia, pleno centro de Granadero Baigorria, a escasos metros de la Municipalidad y de una comisaría, frente a una plaza rodeada por dos escuelas, una biblioteca, una parroquia y varios comercios.
Fueron al menos 9 balazos contra los vidrios. La versión preliminar indica que dos hombres llegaron a bordo de una moto, el acompañante bajó e ingresó a los cajeros automáticos. Una vez adentro arrojó al suelo dos notas y al salir gatilló hacia el mismo sector. La policía recogió 11 vainas servidas calibre 9 milímetros y los dos mensajes que habían dejado los autores de la balacera. Uno estaba dirigido al diputado provincial y ex ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, con una acusación directa sobre presuntas vinculaciones al narcotráfico. La otra tenía como destinatario a Esteban Alvarado, considerado jefe narco y preso por diversos delitos: le advertían acerca de traiciones de gente con la que comparte pabellón en la cárcel de Ezeiza.
La investigación quedó a cargo del fiscal de Luis Caterina, de la Unidad de Flagrancia, quien buscará avanzar para esclarecer los pormenores del hecho. En un principio todo indica que el ataque no tiene que ver con el blanco del mismo, que el objetivo en todo caso fue poner a circular los mensajes hallados en la escena del hecho con la certeza de que el impacto público iba a estar garantizado.
Pero por fuera de esa trama, el ataque tuvo sus consecuencias tanto en la entidad afectada, como en la Municipalidad y como en Pullaro. Por el Banco de Santa Fe, luego del hecho se hizo presente el gerente, para ponerse a disposición de la investigación. El secretario de gobierno de Granadero Baigorria, Adrián Playa, solicitó la presencia de fuerzas federales en esa ciudad al considerar que no están ajenos a "lo que ocurre en Rosario". Por su parte, el diputado provincial brindó una conferencia de prensa en la que vinculó su mención en uno de los mensajes a sus declaraciones acerca de la necesidad de profundizar las restricciones a los presos considerados de alto perfil para evitar que controlen el delito desde las cárceles.
Una modalidad instalada
Los hechos violentos acompañados de mensajes se convirtieron en una constante en los últimos años. Los primeros, durante 2018, estuvieron vinculados a las balaceras organizadas por Los Monos y Esteban Alvarado contra sedes judiciales o domicilios relacionados a funcionarios que habían investigado a la banda.
"Con la mafia no se jode", fue la consigna que se vio en agosto de 2018 en la balacera a un edificio donde había vivido la jueza Marisol Usandizaga, integrante del tribunal que juzgó a la banda liderada por la familia Cantero. Luego apareció en dos hechos vinculados a Esteban Alvarado: junto al cadáver del prestamista Lucio Maldonado, asesinado en noviembre de aquel año, y la balacera semanas después contra los Tribunales provinciales. Todos hechos que ya fueron juzgados por la Justicia provincial.
Con el paso de los años esta modalidad comenzó a repetirse tanto en homicidios como en atentados a entidades públicas y privadas. En lo que va del año hubo de todos los tipos: los casos más resonantes fueron ataques a comisarías, a una escuela, el atentado al supermercado Único de la familia política de Lionel Messi y el crimen de Lorenzo "Jimi" Altamirano, un muchacho ajeno al trasfondo del hecho al que mataron solo para dejar entre sus prendas un mensaje.
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Sin ir más lejos, este miércoles trascendió otro mensaje que apareció en un establecimiento educativo. Fue en la Escuela Nº 61 Juan Galo Lavalle, no hubo disparos sino solo una carta en la que se menciona a un preso al que acusan de ser el autor de las balaceras a otras escuelas. "Hagan justicia, con los chicos no", culmina el mensaje.
El rol de la prensa
En paralelo a estas tramas siempre estuvieron los medios de comunicación. La difusión de los mensajes que acompañan los hechos violentos se convirtió en una parte necesaria para el objetivo sus autores: ya sea para incriminar o enviar una amenaza a una banda rival, para amedrentar a funcionarios o para provocar conmoción pública. Acotado a la difusión de la primicia, el tratamiento mediático no profundiza en la complejidad real que pueden esconder estos hechos. Así se acentuó en el último tiempo el debate acerca de los límites difusos entre el derecho de informar y la manera en la que, haciéndolo de esta forma, repercute en el contexto de violencia que atraviesa Rosario.
Lo cierto es que hace tiempo que la información ya no corre solo a partir de los medios de comunicación tradicionales. Con las redes sociales el juego se abrió, al punto de que el contenido de un mensaje amenazante, que por ejemplo puede trascender por un parte policial, es difundido por cuentas de usuarios individuales y viralizado a partir de esa publicación.
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Al ser consultado por este diario, el fiscal Pablo Socca, integrante de la unidad especializada en investigar balaceras, fue tajante: "No hay que mostrar más el contenido de esos mensajes. Los medios no se dan cuenta y son funcionales a los que cometen estos hechos".
"Se transformaron en una red social más que los delincuentes usan para publicar sus mensajes", agregó el fiscal, que incluso en septiembre de 2022 fue destinatario de una amenaza hallada en un ataque al Centro Municipal de Distrito Sur. En ese sentido, opinó que habría que analizar alguna manera de regular la difusión de estos hechos. "No digo prohibir informar. Se puede informar la generalidad, la balacera, el lugar, la víctima, hasta incluso decir que dejaron una nota, pero sin mencionar el contenido", analizó.
"Hace un año se masificó y todas las bandas se mandan mensajitos cual palomas mensajeras, pero con balaceras en el medio", continuó Socca. En esa línea sugirió "que los grandes medios pueden consensuar y, en la medida de sus posibilidades, hacer un gran aporte".
