El gobierno provincial ascendió a comisario mayor al oficial Adrián Edgardo Avaro en el último ejercicio de promociones dentro de la policía santafesina correspondiente al período 2010 y anunciado el jueves pasado. Lo hizo pese a la controvertida situación profesional de este empleado superior de la fuerza, que en los dos últimos años se desempeñó como jefe de la Alcaidía Mayor de la Jefatura de Unidad Regional II. En ese lapso se produjeron allí irregularidades de amplia difusión pública, entre ellas la salida consentida de un narcotraficante con antecedentes penales por homicidio.
En los últimos dos años la Alcaidía Mayor de Jefatura conducida por Avaro fue motivo de múltiples reparos, a los que jueces y funcionarios del Ejecutivo asignan verosimilitud, sobre pedidos de dinero de parte de personal de ese penal a presos para mejorar las condiciones de detención, para obtener traslados hacia lugares menos rigurosos, para mejorar la provisión de raciones de comida o permitir el ingreso de elementos prohibidos.
Estos hechos tienen concretas constancias en organismos del Poder Ejecutivo y en causas penales sustanciadas en la Justicia de Rosario.
La puerta abierta. La situación más perturbadora fue la salida de prisión, hace cinco meses, de un narcotraficante al que literalmente se le abrió la puerta de la alcaidía. Este individuo, Carlos Fiordelino, se había tiroteado dos meses antes con los policías que lo capturaron con 55 kilos de marihuana en Funes.
La causa que investiga el incidente está en pleno trámite. La hipótesis de la jueza a cargo del caso, Roxana Bernardelli, sostiene que la evasión fue a cambio de un pago de dinero.
Una última novedad en ella es que el principal imputado, el entonces subjefe de la alcaidía Fabio Vega, hizo precisas declaraciones que implicaron inequívocamente a su jefe, aunque éste no se hallaba en la dependencia al momento en que Fiordellino salió tranquilamente a la calle. Esas declaraciones fueron publicadas dos veces por este diario. Vega sugirió un claro intercambio de favores económicos para beneficiar al narco.
El único. Es cierto que Avaro no tiene sumarios abiertos ni causas penales como imputado. Pero ese argumento técnico cede frente al hecho de que el Ministerio de Seguridad lo elige para ascenderlo en un momento en el cual su nombre está en plena controversia y con elementos de cargo que no han sido explorados, lo que es un camino político no exento de costos.
Por otra parte, con el manejo de sumarios administrativos en control de la policía, el hecho de abrir o no un sumario responde a menudo más a una cuestión discrecional o de favoritismo que al mérito del señalado para ello.
Avaro quedó en el orden número 15 en la nómina de 31 propuestos para ascender a comisario mayor. De todos los candidatos rosarinos en actividad para esa jerarquía es el único favorecido. Obtuvo 97,43 puntos de promedio general.
Un señalamiento oficial indica que en el período evaluado, de 2007 a 2009, no tuvo objeciones.Parece un argumento extravagante: las que vinieron después son de suficiente entidad como para al menos abrir un paréntesis razonable.
Por ejemplo. En 2010 la jueza de Ejecución Luciana Prunotto le hizo dos reclamos enérgicos al jefe de policía provincial, Osvaldo Toledo, para que ordenara a Avaro dejar de realizar movimientos de presos a su disposición sin su permiso. La fuerte convicción judicial es que esos traslados inconsultos se hacían a cambio de dinero.
La Secretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad asegura tener una carpeta documentada con oficios de irregularidades en la alcaidía cursada a la cúpula ministerial. La Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia también rubricó oficios críticos al respecto.
El juez de Instrucción Javier Beltramone obtuvo escuchas telefónicas ya públicas que dan cuenta de una negociación entre personal de la alcaidía y los familiares de René Ungaro -juzgado en estos días por el homicidio de Roberto Pimpi Caminos- para ingresar elementos prohibidos a esa dependencia durante la gestión de Avaro.
En el juzgado de Instrucción Nº 12 hay una denuncia judicial de un pedido de dinero a familiares de un preso para trasladar a éste a otro penal cuando, insólitamente, esa transferencia ya tenía la orden de un juez, casualmente Beltramone.
Política. A menos que todo esto sea fruto de una conjura de magistrados, funcionarios ejecutivos, presos y sus familiares, los indicios respecto de una amplia paleta de turbiedades en la alcaidía durante la gestión de Avaro son apabullantes. Eso, aunque no obren sumarios en su contra, vuelve su ascenso un acto de inevitable significación política. Porque a pesar de todas estas advertencias la promoción fue impulsada por el ministro Alvaro Gaviola y rubricada a su sugerencia por el gobernador Hermes Binner.
Vaivenes. El ascenso de Avaro no hace sino desnudar que el manejo de poder del comisario general Osvaldo Toledo despliega su influencia por sobre sus superiores civiles. Fue él quien con mayor denuedo auspició y defendió esa candidatura. Que estuvo sujeta a vaivenes curiosos.
Cuando trascendieron todas las anomalías que lo rodeaban, Avaro ya estaba propuesto para ascender. Ocurrieron entonces dos cosas: le aplicaron una licencia obligada de la alcaidía y su promoción fue suspendida. De hecho en la planilla de promoción figura un sello que dice: “apto para el ascenso no propuesto”. Al lado se enuncia: “no asciende”.
Sin embargo, curiosamente, en el decreto 2.636 donde figuran las excepciones a los ascensos propuestos se mencionan explícitamente los nombres separados. Y se plantea que se designa por ascenso a todo el personal consignado en una planilla adjunta. Allí figura el nombre de Avaro.
La discusión central. Este hecho no es significativo por el oficial referido sino por poner de relieve la vigencia de un método oscuro y reprochable que permite premiar en la policía provincial, por favoritismos, a personas escogidas de antemano, incluso a quienes han sido señaladas institucionalmente por manejos poco claros.
El ministro Gaviola celebró el jueves pasado que durante el mandato de Binner se haya regularizado la situación de los concursos de ascensos frenados durante tres años que afligían a los empleados de la fuerza. Es cierto que tal estancamiento fue un problema. Pero su solución reciente no lo es menos.
El mecanismo que define los ascensos (ver recuadro) es de una discrecionalidad tal que permite que los alcancen no siempre los más merecedores sino los preferidos de quienes ostentan los cargos superiores, lo cual de ese modo asegura, más que la renovación policial que postula el gobierno santafesino, una reproducción del status quo en la fuerza.
Vuelta atrás. La ley de personal policial sancionada durante la gestión de Jorge Obeid había detectado este histórico déficit y modificado el régimen de ascensos aunque con imperfecciones ciertas que dificultaban la implementación de un nuevo mecanismo de concursos.
Para destrabar este problema auténtico el gobierno provincial ha vuelto al viejo método. Y, todo lo sugiere, a sus tristes vicios.
