Un comisario condenado un mes y medio atrás por encubrir el crimen de Claudio “Pocho” Lepratti volvió ayer a Tribunales, junto con tres policías de menor rango, para apelar las penas a entre 2 y 3 años de prisión que recibieron el año pasado en otras dos causas penales por apremios y exacciones ilegales. Uno de los casos ocurrió en la misma seccional donde se ocultó la muerte de Pocho, sólo cuatro meses después del estallido de diciembre de 2001. Los uniformados fueron sentenciados doce años después de las golpizas denunciadas y reclaman ser desligados por la prescripción de los plazos legales. La fiscalía, en tanto, se opone con el argumento de que las causas contra funcionarios públicos no deben cerrar por el simple paso del tiempo.
Los cuatro efectivos —dos de ellos siguen en funciones, uno está jubilado y el cuarto tramita su retiro— ayer acudieron a una audiencia de apelación para exponer sus argumentos ante los tres camaristas que revisarán la sentencia. Los condenados con más pena son el comisario Roberto De La Torre y el oficial Héctor Cabrera, que recibieron 3 años de prisión por apremios y exacciones ilegales. Por los mismos delitos Javier Arostegui recibió 2 años y ocho meses. Y Edgardo Orgaz, sólo por los apremios, fue condenado a 2 años. Todas las penas son de ejecución condicional e incluyen la inhabilitación especial por el doble de tiempo. El fallo fue firmado en julio del año pasado por el juez de Sentencia Julio Kesuani.
Esta es la segunda condena que recibió en su carrera el comisario De la Torre, ya jubilado, por hechos cometidos más de una década atrás. La otra, de mayor resonancia, es la la pena a 2 años y 8 meses de prisión que recibió junto a otros tres policías por encubrir el crimen de Lepratti. Tras un largo trámite penal, a fines de febrero pasado un tribunal de segunda instancia confirmó la sentencia. Fue el efectivo de mayor rango sentenciado por fabricar la escena de un enfrentamiento, cuando era titular de la sub 20ª, para favorecer al policía que mató a Claudio Lepratti en la represión a la revuelta de diciembre de 2001 (ver aparte). En ambos casos la respuesta judicial fue tardía.
Golpes y dinero. Las condenas apeladas ayer fueron aplicadas por golpizas y pedido de dinero a tres personas detenidas en dos comisarías de las que fue titular De la Torre. Uno de los casos fue la golpiza a un plomero al que acusaban de haber sustraído una “importante suma de dinero” de una casa de Mitre al 5600 donde trabajaba. Al trabajador lo sometieron a una paliza para que revelara dónde había ocultado la plata, pero fue liberado en cuestión de horas porque la dueña de casa encontró el dinero y se descubrió que había sido un “error”.
Eso ocurrió el 19 de abril de 2002. Según el denunciante, fue golpeado en la espalda en una habitación de la subcomisaría 20ª de San Martín y Batlle y Ordóñez, donde De la Torre aún era jefe. El mismo día el trabajador presentó la denuncia y reconoció por foto a los policías que lo golpearon. Los otros implicados son Orgaz y Cabrera.
La segunda denuncia fue presentada por un repartidor de pollo y su empleado, detenidos en en la comisaría 25ª de Villa Gobernador Gálvez para constatar si el furgón respetaba la cadena de frío. Los golpearon, a uno lo esposaron y les reconocieron que se les había “ido la mano” con la paliza. Los dejaron salir previo pago de 300 pesos para “recuperar la chata”. “Les preocupaba como me había quedado el ojo. A mi patrón le pegaron pero no le dejaron marcas”, dijo el empleado.
Eso ocurrió el 8 de enero de 2003, cuando al frente de esa seccional estaba De la Torre. Los otros acusados fueron Arostegui y Cabrera. El juez Kesuani le adjudicó al comisario “haber permitido los actos descriptos”. Consideró que en su carácter de titular “dispuso o permitió que personal a su cargo cometiera los abusos”.
Argumentos. El tiempo que pasó hasta el dictado de la sentencia es uno de los argumentos de los que se valieron ayer los defensores de los policías para pedir sus absoluciones. Lo hicieron en una audiencia pública, en presencia de los acusados, ante los jueces Daniel Acosta, Carina Lurati y Guillermo Llaudet. Los abogados Gabriel Navas, Horacio Corbacho,Juan Ignacio Bazet y Carlos Racamato plantearon que las causas prescribieron porque pasaron cinco años y medio entre las indagatorias y el procesamiento. Esa medida fue dictada por la entonces jueza de Instrucción Nº 14, María Laura Sabatier, cuando se hizo cargo de un juzgado que había estado mucho tiempo vacante y se encontró con las causas sin resolver.
Los defensores también dijeron que no se hizo una rueda de reconocimiento, que los policías fueron indagados por un delito y condenados por otro, que durante años no se realizó ninguna medida de investigación y que no existen pruebas sino simple convicción personal del juez que condenó.
La fiscal María Eugenia Iribarren se opuso al planteo de cerrar las causas por el paso del tiempo. Dijo que el artículo 67 del Código Penal ordena suspender los términos de la prescripción cuando el acusado es un funcionario en ejercicio. Estima que ese criterio debería aplicarse en este caso porque esa condición de funcionarios públicos habría permitido el estancamiento de la causa: recordó que era práctica habitual en el viejo sistema penal que algunos jueces no trabajaran las causas con policías imputados. Tras escuchar a las partes, los jueces dispusieron un cuarto intermedio para resolver si confirman o no el fallo, lo que se conocerá en los próximos días.
