Absolvieron a una joven tras un juicio al que no debió haber llegado

Yolanda P., una joven de 23 años que pasó parte de su vida en situación de calle y fue víctima de violencia de género, llegó empujada por la Fiscalía a un juicio oral y público acusada por el encubrimiento de un robo cometido por su expareja, Roberto Villagra. Pero finalmente fue absuelta de culpa y cargo por el juez Román Lanzón en una breve audiencia.

La chica estuvo representada por el defensor público Francisco Broglia, integrante del Servicio Público Provincial de Defensa Penal Regional 2, quien dijo a LaCapital que el caso demuestra que "no se pudo acreditar delito alguno contra nuestra defendida y que la misma no actuó en ningún momento con dolo".

"Es un caso de criminalización de la pobreza y de violencia institucional sin hablar del dispendio económico que hizo el Estado en este juicio", protestó Broglia. Y remarcó que tras el fallo, vio sonreír por primera vez a su defendida.

Asimisimo, el defensor recordó que Villagra, quien entonces era pareja de la joven, ya fue condenado en un juicio abreviado por el robo "ya que admitió el delito en el que injustamente se trató a Yolanda como encubridora".

En un taxi

El hecho por el cual la joven llegó a juicio ocurrió el 29 de febrero de 2016. El por entonces fiscal Fernando Rodrigo (quien luego renunció a su cargo envuelto en un escándalo de escuchas telefónicas) le imputó haber parado un taxi para ir a la casa de su hermano en compañía de los tres hijitos que tenía entonces. Al llegar frente a lo que parecía una obra en construcción, el taxista vio que ella y un hombre empezaron a sacar cosas de atrás de una chapa que, después se supo, eran prendas deportivas robadas por Villagra en un asalto. El taxista insinuó que se trataba de un robo y que él mismo podría ser víctima de un atraco, por lo que dio aviso a la policía.

Entonces el taxi fue interceptado por una patrulla y entonces Yolanda P. y Villagra fueron detenidos. El muchacho fue condenado en un juicio abreviado a la pena de 2 años de prisión en suspenso, por ese y otro hecho; mientras que para la joven la fiscal Guillermina Aiello, quien quedó a cargo de la imputación, pidió 2 años y medio de prisión condicional por encubrimiento calificado por el ánimo de lucro en calidad de coautora "sin advertir su situación de total vulnerabilidad", dijo Broglia.

Además, la defensa introdujo en el debate la situación de calle en la que estaba la joven y las denuncias que por violencia de género había presentado contra Villagra. "Es una chica que fue madre a los 14 años, que está desempleada y cuyo único ingreso con las asignaciones (AUH) por hijo. También denunció violencia de género sufrida de parte de Villagra, una presentación que fue desestimada rápidamente por la Fiscalía Regional", se quejó Broglia.

Negación fiscal

A pesar del intento de la Defensa Pública de no llegar a juicio y las conversaciones mantenidas con la Fiscalía para suspender el mismo con un acuerdo de partes, el Fiscal Regional Patricio Serjal dispuso que la acusación se mantenga en pie.

En ese marco, el juez Román Lanzón resolvió absolver a la muchacha por "el estricto beneficio de la duda". Yolanda P. ahora vive con su prima y un tío, mientras intenta una vida mejor para recuperar a sus cuatro hijos de entre 6 meses y 10 años luego de que la Secretaría de Niñez de la provincia interviniera en su caso por la situación de falta de un techo familiar.

Durante la audiencia de debate, Broglia hizo especial hincapié en el desconocimiento de la Fiscalía sobre la situación de violencia de género por la que Yolanda había denunciado repetidas veces a su ex pareja y que reflejaba una clara situación de subordinación y sometimiento. Incluso remarcó que en el hecho investigado, "quedó claro por los testimonios que el dominio de la situación siempre estuvo en manos de Villagra, quien dirigió todo el accionar". Y destacó que "las respuestas que realizó el Estado implicaron una mayor afectación de derechos al criminalizar a la joven y someterla a un proceso penal".

Luego de oídas las partes, el juez Román Lanzón, quien aún no brindó los fundamentos del fallo, absolvió de culpa y cargo a Yolanda P. y ordenó "que se ponga en conocimiento de las autoridades correspondientes toda vez que el dispendio jurisdiccional causado por la realización del debate oral afectó a la administración de Justicia en mayor medida que el presunto ilícito juzgado".

En este marco, los argumentos de la Defensa se alínean con la necesidad de intensificar las actividades de formación y de capacitación destinadas a los integrantes de los tres poderes del Estado, especialmente en perspectiva de género, sensibilización y lenguaje inclusivo, lo cual armoniza con la recientemente sancionada Ley Nacional 27.499 ("Ley Micaela"). En ese sentido, se prevé para mediados de marzo una nueva reunión entre la Defensora Provincial, Jaquelina Ana Balangione, y las autoridades de la Oficina de la Mujer dependiente de la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco, en la que se encuentran avanzadas las gestiones para suscribir un convenio de colaboración recíproca referido a la realización de este tipo de actividades.