El presidente Alberto Fernánez le pidó la renuncia al MInisterio de Salud a Ginés González García al estallar el escándalo por el vacunatorio VIP.
Foto: La Capital/Archivo.
Ginés González García tuvo que renunciar al cargo de ministro de Salud al estallar el escándalo por el vacunatorio VIP.
La causa judicial que se abrió por el funcionamiento de un presunto vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud de la Nación y en el Hospital Posadas de Buenos Aires tuvo en las últimas horas su primera novedad. La jueza que interviene en ese tema resolvió archivar parcialmente las actuaciones por “inexistencia de delito”.
Sin embargo, según consignaron distintas fuentes, la magistrada federal María Eugenia Capuchetti ordenó profundizar las investigaciones para saber qué responsabilidad pudo tener el ex ministro de Salud, Ginés González García, quien sigue imputado. Además, de los 70 vacunados que informó el Gobierno en su momento, cinco seguirán bajo la lupa judicial, entre ellos figuran las hijas del ex presidente Eduardo Duhalde. También se continuará investigando el posible desvío de vacunas a Santa Cruz.
“Prácticamente todos aquellos que conforman aquel listado de 70 personas (resta establecer con mayor precisión sobre algunos casos puntuales) se encontraban dentro de algunos de los grupos que componen la población prioritaria, ya sea porque eran personal de salud, porque fueron considerados estratégicos o porque _como sucedió en la mayoría de los casos_ eran mayores de 60 años”, argumentó la jueza Capuchetti en uno de los párrafos del fallo.
Dentro de esas 65 personas, que según la jueza no cometieron delito, se encuentran el presidente Alberto Fernández; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; el secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia, Juan Pablo Biondi, y el subsecretario Marcelo Martín; el canciller Felipe Solá; el ministro de Economía, Martín Guzmán; el embajador en Brasil; Daniel Scioli y el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, entre otros.
La jueza sostuvo en otro tramo de su resolución: “La conducta moralmente reprochable de un funcionario que realiza una gestión para que personas allegadas reciban un trato especial en la aplicación de la vacuna, encuentra un gran problema relacionado con la carga emocional con la que percibimos esos hechos. No obstante, aunque pareciera haber un consenso a priori que quienes ocupaban lugares de gran trascendencia en el contexto que atravesamos incumplieron determinadas pautas de comportamiento ético, lo cierto es que ello, por sí solo, no alcanza para realizar un reproche penal”.
Según Capuchetti, “en el ordenamiento jurídico nacional (Código Penal y leyes especiales) no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto de esta investigación”.
Entonces la jueza federal resolvió “archivar parcialmente” la causa en lo que refiere a la vacunación de estas 65 personas. Y continuar la investigación de las otras cinco que no se encontraban dentro de alguno de los grupos prioritarios, entre ellas las hijas del expresidente Duhalde, María Eva y Juliana. Se formará así un nuevo legajo de investigación para este grupo de personas.
Según el fallo, se continuará con el trámite de la causa conexa que investiga la vacunación de los padres de la actual ministra de Salud, Carla Vizzotti, que recibieron su dosis en el primer día en que se abrió la vacunación en la Argentina.
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También se continuará la investigación para determinar si se desviaron sesenta dosis que pertenecían al Hospital Nacional Posadas y que habrían sido transportadas hacia la ciudad de El Calafate, provincia de Santa Cruz, en un vuelo comercial de Aerolíneas Argentinas.
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