El riesgo o temor de que el coronoavirus se propague al interior de las cárceles federales se constituyó en el principal argumento esgrimido por las defensas de los detenidos para solicitar su liberación o, cuanto menos, el beneficio de la prisión domiciliaria, aunque por ahora con éxitos contados.
Los casos más conocidos fueron los del ex vicepresidente Amado Boudou y el dirigente social y político Luis D'Elía, a quienes les permitieron salir de sus lugares de detención para ir a sus domicilios.
En el caso de D'Elía fue enviado a arresto domiciliario "transitorio" tras presentar un cuadro febril y dolor de cuerpo en el penal de Ezeiza, a pesar que el beneficio antes le había sido negado por el tribunal que
lo condenó por la toma de una comisaría en La Boca.
La justicia de la provincia de Buenos Aires, la más grande y poblada de Argentina, ha ordenado el arresto domiciliario de 800 presos para facilitar el control del coronavirus en las cárceles. El beneficio alcanzará a los detenidos con "riesgo sanitario": mayores de 60 años, embarazadas o mujeres confinadas junto a sus hijos menores. La condición es que además hayan cometido solo delitos menores no violentos. La medida se limita a la provincia, pero la Procuración Penitenciaria de la Nación, que protege los derechos de los presos, ha pedido que el arresto domiciliario alcance también a los detenidos por delitos federales. Una medida semejante sumaría a la lista a otros 2.000 reclusos, hoy repartidos en prisiones de todo el país.
Aún no se han registrado casos de coronavirus en cárceles argentinas, pero hay consenso sobre las dificultades que supondrá atender infectados que viven hacinados y sin condiciones de higiene. Las prisiones ya habían tomado algunos recaudos contra la pandemia, como la suspensión de las visitas familiares. Si penetra los muros carcelarios, la Covid-19 puede hacer un desastre.
Aún no se registraron casos de coronavirus en la cárceles, donde los presos en general viven hacinados