En febrero de 1983, el Consejo de Ministros del Gobierno de España dispuso la expropiación del grupo Rumasa; grupo económico, constituido por más de 700 empresas, con mas de 60.000 empleados y una facturación que rondaba los 2.000 millones de euros anuales de hoy día, en ese momento unos 360 millones de pesetas. Rumasa se había transformado en un agujero negro, obstruyendo permanentemente la actividad estatal de supervisación. Sobre todo en el ámbito de su actividad financiera. Al momento de la expropiación el grupo había ingresado en una vorágine de expansión e inversión y en la toma de riesgos nos controlados. Desde 1978 que no registraba una auditoría externa de sus actividades. Adeudaba al Tesoro Nacional Español la friolera de 10.000 millones de pesetas (65 millones de euros). La expropiación se dispuso pocos meses después del triunfo del PSOE en 1982 que ungió a Felipe González Márquez presidente del gobierno y a Alfonso Guerra, vicepresidente. Fue “el Guerra” el padre de la expropiación, y hasta en un momento se comentó que renunciaría sino se seguía adelante con la operación.
El gobierno español optó por la expropiación de todo el grupo antes que la intervención de su sector financiero, de los bancos del grupo Miguel Boyer, ministro de Economía y Hacienda de entonces, reveló recién en 1997 que: «la expropiación de Rumasa no fue una medida sancionadora o punitiva contra Ruiz-Mateos por unos presuntos delitos que hubieran correspondido a los tribunales depurar. Fue una medida de política económica, con la que se quiso evitar la crisis total de un grupo en quiebra, que, en las difíciles circunstancias de 1983, nos pareció que podría tener unas consecuencias muy graves».
La decisión política de intervenir el Grupo Vicentin, en realidad solo Vicentin SAIC, e iniciar el camino parlamentario de la expropiación era sigilosamente esperada y fue jubilosamente recibida por trabajadores y muchos de sus acreedores, pequeños productores y acopiadores en su mayoría. Más allá de que la noticia a la directiva del grupo y a muchos políticos santafesinos le llegó a través de los medios, la salida con intervención/participación estatal era ineludible.
La expropiación es una figura contemplada en la Constitución Nacional y en la ley reglamentaria respectiva, y que cabalga sobre la idea de la “utilidad pública” como expresión de una caracterización del derecho de propiedad como no absoluto.
El concepto de “utilidad pública” tiene una sustancia más política y social que jurídica; y fundamentalmente responde a una observación y un análisis netamente coyuntural. Lo que hace 40 o 50 años era de utilidad pública no necesariamente lo será ahora. Tampoco rige un criterio economicista o materialmente utilitario. El predio donde estuvo el edificio de calle Salta fue expropiado por razones utilitarias pero también humanitarias, como lo fue el ahora solar de calle Arroyo en la Ciudad de Buenos Aires donde funcionó la Embajada de Israel.
En el caso de Vicentin SAIC, la expropiación es sinónimo de salvataje-como dijeron los senadores provinciales justicialistas, de compromiso y auxilio del Estado nacional a miles de trabajadores y pequeños productores y acopiadores de la provincia y de fuera de ella. Todo aquel que vea otra cosa; como la ramplona figura de la “venezuelización” o un “negocio de los políticos” deberá tener las pruebas y los cojones necesarios para ocurrir ante un estrado judicial y así decirlo. El resto es la maledicencia de los mediocres y cobardes.
Tanto el DNU que dispone la intervención como el proyecto de ley de expropiación refieren a Vicentin SAIC (CUIT 30-50095962-9) , es decir la parte del grupo en el que están las empresas aceiteras, cereales, de agroalimentación; las empresas endeudadas, las empresas pobres con empresarios ricos. La otra parte del Grupo, la que se aglomera en Vicentin Family Group (el frigorífico Friar, La Algodonera, la empresa láctea Arsa, TPR, Puerto Rosario, Los Vinos Vicentín), hoy no están alcanzados por la intervención y hoy no están sujetas a ser expropiadas. El grupo en total tiene 19 empresas. Puede que algún audaz impugne judicialmente la intervención del Poder Ejecutivo Nacional aduciendo que la misma debe ser judicial de acuerdo al art. 113 de la ley de Sociedades, o que la autoridad de aplicación de una S.A. es la autoridad provincial. La invocación explicita del DNU a la ley 27.541 (ley de emergencia general) de diciembre de 2019 enervaría cualquier intentona.
La deuda con los pequeños acreedores asciende a 350 millones de dólares. Si se tiene en cuenta que el proyecto de ley expropiación prevé que la indemnización será compensada con lo que la expropiada adeuda al Banco Nación, más lo que la expropiada adeuda a la Afip; es un muy probable que el crédito de los pequeños acreedores ( ni los los bancos ni los acreedores externos) sea saciado en su totalidad. Hoy no puede estimarse en que lapso.
Ahora bien, se da un fenómeno que quizás implique un protagonismo adicional del Estado expropiante. Hay empresas de Vicentin SAIC que tienen un porcentaje accionario en empresas de Vicentin Family Group, con ésta curiosidad, con un porcentaje pequeño, supongamos un 15% han apalancado operaciones en más de un 80%.
Existe un entramado verdaderamente complejo de sociedades controlantes y controladas dentro del grupo, con entrecruzamientos entre empresas de Vicentin SAIC y Vicentin Family Group. Si se advirtiera que la situación de “utilidad pública” de Vicentin SAIC se daría solamente con una permanencia en Vicentin Family Group o en alguna de sus empresas; esto implicaría la necesidad de avanzar con el esquema expropiatorio respecto de este segundo segmento del Grupo Vicentin o de algunas de las sociedades que lo integran.
En diciembre pasado, los buenos oficios de Roberto Padúan hicieron que la Bolsa de Comercio adquiriera una partida de Vinos Vicentin para el brindis de fin de año. Pocos días antes se produjo el default y la directiva con sede en Corrientes y Córdoba tuvo que buscar una bodega alternativa para que el brindis no fuera un papelón.
Entonces la expropiación será ley, quizás más de una ley con más de una expropiación; y el concurso preventivo convivirá o no con la nueva Vicentin estatal. Seguramente terminará como Rumasa, con la participación de capitales privados, con un formato societario en el que confluyan dichos capitales con el Estado. Lo que seguro seguirá su curso es la investigación penal en Comodoro Py y eso no se arregla con unas cuantas botellas de buen malbec.
