El escándalo de las dobles titularidades de varias decenas de inmuebles en la provincia de Santa Fe, por las que fueron denunciados e investigados tres escribanos públicos en 2013 parece sumar ahora una nueva arista. El gobierno provincial, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, presentó una grave denuncia por el presunto accionar ilícito por "la falsificación material e ideológica de instrumentos públicos (incluso privados por verificarse, por ejemplo, la redacción de boletos apócrifos), la no aplicación de leyes o la omisión funcional de actos de oficio de funcionarios, el fraude o ardid (al menos en la modalidad oblicua en triángulo) para engañar a terceros y el probable lavado de las ganancias obtenidas ilícitamente".
Según pudo saberse, la maniobra consistiría en ubicar inmuebles que no registraran movimientos ni actualizaciones impositivas, lo que podría dar la idea de estar presumiblemente abandonados por sus propietarios, y cambiarles la titularidad.
A partir de este ilícito, que podría vincular no sólo a profesionales particularies sino a agentes del mismo Estado, los nuevos propietarios quedaban libres para vender. Hasta que alguien se dio cuenta y denunció que su propiedad tenía doble dominio, y se presentó ante el Ministerio de Justicia.
La denuncia no especifica cuántas personas podrían estar involucradas en las maniobras, pero las autoridades aseguran tener elementos suficientes para aportar a la Justicia en una investigación que arroje resultados reveladores.
Sin imputación particular. De acuerdo a lo manifestado por los funcionarios en la denuncia presentada el pasado 19 de julio, "esta presentación se concreta, por nuestra obligación como funcionarios y por datos recibidos, ante el conocimiento de que se habrían llevado a cabo conductas que afectarían al orden público, a la administración pública, a la fe pública, a la propiedad de distintas personas y al orden socio económico".
En el mismo texto, los funcionarios explican que "no se denunciaron los hechos con anterioridad, sin perjuicio que nos impusimos de la existencia de un proceso que tramita ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Instrucción Nº 2 de Santa Fe (Galván , Pablo s/ Falsificación de documento ) en el que podrían estarse investigando acontecimientos conectados o vinculados con los que aquí anoticiamos".
Si bien en la denuncia no se formula imputación particular, acompañan materiales surgidos de investigaciones administrativas, de las que saltan irregularidades, solicitando a la justicia que determine quiénes serían los responsables. Según agregan, "las medidas probatorias que seguramente se practicarán, permitirán concretar imputaciones precisas".
Los hechos. Según explicó el director provincial del Registro General de Inmuebles, Matías Ezequiel Figueroa, "el 3 de mayo de este año ingresó al Ministerio de Justicia una nota firmada por un grupo de particulares, informando que eran titulares dominiales de una fracción de terreno ubicada en el paraje Monte de los Padres, y denuncian que han verificado una inexplicable irregularidad". Esa anomalía consiste en "la existencia de una nota marginal que indicaría una doble titularidad, cuando ellos EM_DASHcomo legítimos dueñosEM_DASH jamás habían vendido el inmueble".
Figueroa agregó que "se verificaron los hechos denunciados, y efectivamente nos encontramos con múltiples titulares del inmueble, sin que existan transferencias reales por instrumentos públicos. Luego procedimos a realizar las investigaciones administrativas que nos corresponden como funcionarios públicos, y de ellas surgirían varios episodios y maniobras similares, vinculados con distintas propiedades. Nosotros acompañamos en la denuncia ante el fiscal, las copias de todos los legajos presuntamente falsificados, para que sean examinados. Y les pedimos a ellos que determinen las responsabilidades penales que puedan caber".
Beneficio ilícito. De acuerdo a lo denunciado, y fundándose en documentos que aparentemente resultan desde el punto de vista probatorio una muestra irrefutable de las irregularidades cometidas, los funcionarios le solicitan al Ministerio Publico de la Acusación que ahonde en la investigación ya que de los hechos "podrían conducir o tener como propósito la ocultación de la ganancia o beneficio obtenido ilícitamente con su consecuente y necesaria exteriorización a través de maniobras u operaciones de blanqueo y/o lavado de dichos activos obtenidos de manera ilegal; para luego, y esto también debe investigarse, tratar de ingresar dicho producido en el mercado o comercio formal".
Los funcionarios, además, le piden a la Fiscalía que los cite para ratificar la denuncia, que se convoque a los denunciantes del presunto fraude y se cite como testigos a los empleados intervinientes; y adjuntan toda la documental surgida de la investigación administrativa.
El caso se vincula a una causa iniciada en 2013 por la cual fueron procesados tres escribanos santafesinos acusados por el delito de "falsificación de documento público reiterado" en 19 oportunidades. Según pudo averiguar este diario, estos profesionales fuero finalmente sobreseídos, aunque se especula conque la Justicia podría retomar esta causa en el marco de la investigación que ahora se solicita desde el mismo Estado.
