La Justicia de Entre Ríos desestimó ayer el pedido de prescripción de la causa contra el cura Justo José Ilarraz por presunto abuso sexual a seminaristas, con lo cual las denuncias deberán ser investigadas. Fue la Cámara de Casación Penal de Paraná, integrada por los doctores Rubén Chaia, Elisa Zilli y Elvio Garzón, la que resolvió rechazar el recurso de casación presentado por la defensa del sacerdote, que pretendía la prescripción del caso de supuesto abuso de menores en las décadas del 80 y del 90, en el Seminario de Paraná.
La decisión se tomó tras escuchar los fundamentos de la defensa de Ilarraz, que impugnó la resolución de la Sala I de la Cámara en lo Criminal de Paraná del 11 de junio de este año, en la cual se sostenía que no está prescripta la acción penal para investigar y sancionar a ese sacerdote católico, denunciado por presuntos delitos sexuales cometidos contra niños y adolescentes de entre 12 y 16 años que estudiaban en el Seminario Menor de la capital entrerriana.
Tal cual lo publicó el diario UNO de Entre Ríos, el 31 de octubre se desarrolló la audiencia de casación en la que la defensa del cura había argumentado que se pretendían juzgar hechos prescriptos y había refutado los fundamentos por los cuales la Cámara de Apelación Penal había rechazado su pedido, a la vez que había reiterado la solicitud de anulación. En la oportunidad se había impugnado el fallo de la Cámara del Crimen, que en junio de este año rechazó un planteo de prescripción de la acción penal.
En tanto, los abogados de los querellantes y el procurador general de la provincia, Jorge García, habían sostenido que correspondía continuar con la investigación por tratarse de presuntas violaciones graves a los derechos humanos de niños, protegidos por la Convención Internacional de Derechos Humanos y Derechos del Niño, tutelados en la Constitución Nacional, superiores en jerarquía a cualquier norma del Estado, por lo que no cabía la prescripción. Y además, habían remarcado el rol y la responsabilidad del religioso en la educación de alumnos pupilos bajo su guarda.
"Queremos investigar; dejen de comportarse como la parte más negra de la Iglesia Católica", les había dicho el procurador general a Jorge Muñoz y Juan Angel Fornerón, defensores del cura. Es que García es uno de los funcionarios que más se opuso al concepto de prescripción.
Sigue la instrucción. Con esta resolución, la causa iniciada en 2012 seguirá su etapa de instrucción en el juzgado de origen, a cargo del juez Alejandro Grippo, para seguir investigando la responsabilidad del sacerdote en delitos contra la integridad sexual contra menores de edad a su cargo en el Seminario, entre 1985 y 1993. En total son siete denuncias de hombres que en ese momento tenían entre 12 y 14 años. Ilarraz debería ser citado para prestar declaración indagatoria, y tendrían que ordenarse medidas en torno a continuar con la investigación.
"Si bien podrán seguir reclamando en instancias superiores, la Justicia provincial deberá iniciar la investigación sobre lo que podría definirse como el hecho más grave sucedido en democracia, en el seno de la Iglesia Católica entrerriana", publicó anteayer el periódico Análisis Digital y reprodujo la agencia Noticias Argentinas.
Escándalo. La causa por presunto abuso sexual contra el cura Justo José Ilarraz es una de las más escandalosas que enfrenta en la actualidad la Iglesia Católica argentina. El expediente está caratulado "Ilarraz, Justo José s/Promoción a la corrupción de menores agravada", y ahora la Justicia dio término al debate sobre si los delitos por los que está acusado el cura (que se desempeñaba como prefecto en el Seminario Menor de Paraná), están prescriptos o no. Es que, para la Cámara de Casación Penal, las denuncias sobre abusos a niños que concurrían al Seminario Menor de Paraná deben investigarse.
Ilarraz está acusado de haber abusado de decenas de adolescentes cuando él ocupaba el cargo de prefecto y preceptor de chicos que cursaban los estudios secundarios, con miras a continuar la carrera sacerdotal. En el expediente ya declararon siete ex seminaristas, presuntas víctimas de las violaciones. En los últimos días se conoció una carta de uno de ellos, en la que reclama que la Justicia no abandone el caso.
Los abusos sexuales habrían sido cometidos por el sacerdote entre 1985 y 1993 con víctimas de entre 12 y 16 años, niños que habían sido enviados por su familia al Seminario de Paraná con la intención de que consagren su vida al sacerdocio.
