La Justicia obliga al gobierno a convocar a la paritaria nacional docente

La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo suspendió la aplicación del decreto 341 dictado por Javier Milei que establecía el apartamiento del gobierno nacional de la paritaria nacional docente. Además, lo obligó a convocarla para fijar el piso salarial del sector que se mantiene en $500 mil desde el 26 de marzo.

La medida judicial fue tomada a partir de una acción de amparo presentada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), que sostiene que el decreto afecta derechos laborales fundamentales.

El decreto 341 del presidente, que rige desde el 21 de mayo, fijó que las negociaciones para fijar los salarios del sector tenían que ser entabladas por el Consejo Federal de Educación y los gremios, sin intervención del Estado Nacional.

Paritaria docente

Para llegar a eso modificó el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo 26.075, alterando la integración y funcionamiento de la negociación colectiva docente, otorgando a la Secretaría de Educación la facultad de requerir nuevas propuestas sobre el tema salarial por razones presupuestarias.

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Sonia Alesso y Roberto Baradel de CTERA fueron a la Justicia por la paritaria docente

Los integrantes de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, son los mismos que el 9 de junio confirmaron la medida cautelar que suspendió el DNU 340 que reglamentó el derecho a huelga en varias actividades que fueron calificadas como esenciales y trascendentales.

En su fallo, los camaristas sostuvieron que la delegación legislativa invocada por el Ejecutivo para dictar el decreto “no resulta clara ni suficiente”, yq eu esto podría vulnerar principios constitucionales sobre la división de poderes.

A su vez el fallo destacó que la negociación colectiva docente goza de “protección internacional” mediante los convenios 98, 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por ello, la reforma introducida por el decreto afecta “directamente” este derecho fundamental.