La presencia de personas con alguna discapacidad que ayer a la mañana se vieron por la peatonal, muchas de ellas en sillas de ruedas, fue signo de lo que hasta el mediodía ocurrió frente al Monumento a la Bandera. Se trató de una protesta "histórica y transversal", a la que se sumaron en primer lugar los propios interesados, chicos y adultos que viven con alguna (o más de una) discapacidad, acompañados por familiares inquebrantables, así como los trabajadores de las instituciones donde ellos se educan, se tratan, se rehabilitan, socializan. Y obviamente también los transportistas, sin cuyo servicio esas personas, social y económicamente vulnerables, se quedarían en sus casas, tristemente "mirando el techo" (ver aparte).
Las denuncias de los establecimientos y transportistas que trabajan con la discapacidad vienen de lejos, pero la falta de solución parece estar llevando al sistema a una crisis terminal ante los ajustes que el gobierno nacional viene realizando, entre otros, al programa Incluir Salud, destinado al segmento más débil de la población con discapacidad: la que encima no tiene ni siquiera obra social.
La falta de pago o extensos atrasos, la no actualización de aranceles, la devaluación, los tarifazos, forman un "combo explosivo" que asfixia a los prestadores, aseguró un vocal de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis), Fernando Flores.
"Somos los prestadores los que garantizamos los derechos a las personas con discapacidad, pero a costa de nuestros propios derechos como trabajadores", dijo la vicepresidenta de la entidad, Mariela Chapero, ante unas mil personas que llegaron hasta el parque a la Bandera para participar del reclamo.
Al pie del escenario se ubicaron todos los concurrentes a las instituciones, cada uno con alguna discapacidad, siempre acompañados por sus familias o asistentes de los centros educativos, terapéuticos o de rehabilitación a que concurren.
De todas las edades, en brazos de sus papás, sentados en sillas de ruedas o posturales, con imposibilidad de moverse o autoválidos con ganas de bailar, cada uno como pudo siguió el acto donde transportistas e instituciones "al borde" de dejar de prestar sus servicios describieron sus realidades.
Todas esas personas sabían, cada una a su manera y en especial sus familias, que la "crisis del sistema en el área de la discapacidad" las puede dejar inermes: sin transporte para llegar a los establecimientos que mejoran su calidad de vida e incluso sin esa misma actividad.
Ocurre que los problemas son múltiples: aparte de los incumplimientos generales en las prestaciones para la discapacidad, el programa federal Incluir Salud —que es el que cubre a las personas más vulnerables, carentes de obra social y beneficiarias de una pensión no contributiva— registra los peores atrasos. A eso se suma que el otorgamiento de esas pensiones también está frenado.
"En Santa Fe tenemos registradas 90 mil personas con certificado de discapacidad, de las cuales 20 mil tienen obra social o prepaga y 20 mil son beneficiarias de Incluir Salud", explicó Chapero.
"De las 50 mil restantes hay muchas que aún están esperando una pensión por discapacidad porque recorren todo el circuito de autorización y finalmente nunca les es otorgada", afirmó.
Para "visibilizar" todas esas realidades —la de quienes requieren esa ayuda y la de los trabajadores que la prestan— la movida de ayer buscó gritar "No al ajuste".
El titular de la Asociación de Transportistas de Personas con Capacidades Especiales (Atraes), Pablo Bolego, afirmó que la "devaluación ha llevado a la actividad prácticamente al quiebre": además de haber cobrado por última vez en enero, saben que incluso con "prestaciones ya otorgadas" vienen nuevos recortes.
