Un caso de violencia de género que escaló desde un juzgado de Familia hasta la Fiscalía de Violencia de Género del Ministerio Público de la Acusación (MPA) tuvo una resolución que modifica ciertas pautas punitivistas y corre el eje hacia la rehabilitación del agresor. Se trata de un hombre de 37 años que tenía una pena en suspenso por agredir a su ex mujer e incumplir la prohibición de acercamiento, pero reincidió y quedó detenido. Tras un acuerdo entre la defensa y la querella le otorgaron la libertad, deberá hacer terapia psicológica y rehabilitación por alcoholismo, acudir al Dispositivo municipal de Atención con varones que ejercen Violencia de Género, y no podrá ingresar a la localidad de Funes durante 18 meses.
La problemática de la violencia de género tiene distintos matices. Y el movimiento Ni una Menos abrió todos los debates posibles. No hay dudas de que el abordaje temprano de políticas estatales efectivas de protección a las víctimas es un aspecto fundamental que podría evitar las alarmantes cifras fatales que se cuentan a diario.
Y aunque cada situación es particular, surgen posturas que impulsan una mirada integral, para ir más allá y articular decisiones que le permitan al acusado repensarse y generar vínculos sanos con su entorno.
La reciente resolución que adoptó un juez en el marco de un expediente penal por violencia de género puede tener distintas interpretaciones, pero se trató de un acuerdo que tuvo la aprobación de la víctima, una mujer que primero llevó el conflicto a un juzgado de Familia, pero ante los incumplimientos de las prohibiciones de acercamiento denunció los hechos en la Unidad Fiscal de Violencia de Género.
El imputado, un empleado municipal, tenía una causa por dos amenazas coactivas, otra amenaza simple y lesiones leves. El 14 de abril de 2021 la fiscal Luciana Valarella lo imputó en libertad, y en junio se le impuso una condena condicional en un juicio de trámite abreviado, a dos años y seis meses de prisión y reglas de conducta. No podía acercarse a la mujer y sus tres hijos, y debía someterse a tratamientos psicológicos y por su adicción al alcohol.
Pero en septiembre la víctima advirtió a la fiscal que su ex marido incumplió con esas medidas al presentarse en su domicilio. Y luego quedó detenido en prisión preventiva efectiva porque estaba en una fiesta clandestina con un arma, situación que lo expuso a otro legajo penal.
Transcurrido el plazo legal de la prisión preventiva, el abogado defensor Jorge Bedouret solicitó el lunes una audiencia para revisar esa medida cautelar. En esa instancia reclamó la libertad de su cliente, y remarcó que habían llegado a un acuerdo con las abogadas Vanesa Vargas y Magalí Martín, que representan a la víctima, donde el imputado tomaría el compromiso de someterse a similares reglas de conducta que le habían impuesto tiempo atrás.
A su turno, la fiscal se opuso. Remarcó que el proceso penal estaba avanzado, que se buscaría unificar penas por los dos legajos, y que más allá de estar abiertas soluciones alternativas a los conflictos, el sistema penal no tiene la posibilidad de retrotraerse, más aún cuando la víctima en su momento buscó la respuesta punitiva. Y sobre todo porque el acusado ya había incumplido prácticamente las mismas reglas de conducta que ahora proponía.
Sin embargo, el juez Pablo Pinto tuvo en cuenta el acuerdo entre la defensa y la querella y finalmente resolvió que el acusado tenga una oportunidad más. Y ordenó la libertad de Iván Gabriel V. como alternativa a la prisión preventiva bajo condición de que cumpla ciertas reglas de conducta.
Deberá fijar un domicilio y concurrir al Dispositivo de Atención con varones que ejercen Violencia de Género que funciona en la Municipalidad, realizar tratamiento psicológico y rehabilitación por alcoholismo durante tres años, se le prohíbe el acercamiento o contacto por cualquier medio (telefónico, WhatsApp, redes sociales) con su ex, o acercarse a su casa, y durante un año y medio tampoco podrá ingresar a la localidad de Funes.
Las evaluaciones
La mirada de la fiscal Vallarella es que el juez tomó “literal” lo que pidió la víctima “sin analizar el contexto de violencia de género. Diría que más del 90 por ciento de las mujeres se retrotraen después de la denuncia por distintas circunstancias. Pero hay que analizar los hechos en función de criterios de gravedad y entender el circuito de la violencia, porque después quedan solas”, describió la funcionaria ante una consulta de este diario.
Para sostener la postura, recalcó que el acusado “tenía una condena condicional e incumplió los acuerdos al ser apresado en cercanías de la casa de la víctima. Comete nuevos hechos de desobediencia, estaba donde no tenía que estar. La querella tendría que haber buscado esta salida antes de la instancia penal, porque ahora la respuesta es punitiva. El sistema penal no está pensado para volver hacia atrás, aunque siempre estamos abiertos a soluciones alternativas. Pero no es una buena práctica utilizar la vía penal para forzar acuerdos económicos, porque además estamos sobrepasados de trabajo”.
Según las abogadas querellantes, la resolución fue adecuada. “El juez valoró el acuerdo que se hizo en sede de Familia. Solemos interpretar el Derecho en compartimentos estancos, pero también creemos que la violencia de género es una problemática integral, y ante la posibilidad de darle una solución en ese sentido, nos parece bien. Es un caso triste, fue correcta la interpretación del juez”, indicó Vargas.
Consideró también que “el derecho penal es de última instancia. Mi clienta acudió al sistema penal y solicitó que no la dejaran cuidar, pero visualiza la posibilidad de que el padre de sus hijos se rehabilite, y de no ser así volverá para que se cumpla lo que dispuso el juez. Hay muchas cosas en juego y la posibilidad de transformarlas. La cárcel es necesaria, pero hay que pensar una justicia restaurativa que le pueda cambiar la vida a la gente. En este caso para que este hombre pueda transformarse, recomponer el vínculo y paternar sin someter a sus hijos”.
Un dispositivo por el que pasaron en 2021, 120 hombres
Uno de los instrumentos implementados para abordar la violencia de género es el Dispositivo de Atención con Varones que ejercen Violencia de Género, que depende de la Secretaría de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad.
Según confirmaron desde el organismo, en 2021 se derivaron 120 varones que se incorporaron al dispositivo. En 2020 fueron 78, y el total de atendidos fue de 96. De las 78 derivaciones sólo 4 corresponden a reingresos por nuevas denuncias. Debido al incremento en la demanda de los últimos años, solo se reciben varones derivados por la justicia penal o por probation. Las edades van de los 20 a los 60 años.
Cuando en 2015 se inauguró el espacio, la ex directora del Instituto Municipal de la Mujer, Andrea Travaini, trazó los lineamientos del dispositivo con una reflexión que atraviesa la problemática. “Creemos que para alcanzar la plena igualdad entre hombres y mujeres es necesario que ellos también puedan cuestionarse la cultura en la que están formados”, indicó.
