Salta 2141: un recurso de queja "duerme" en la Corte

Hace más de un año que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe evalúa si abre o no el recurso de queja que presentó el único querellante que tiene la causa de Salta 2141. El planteo es contra el fallo que absolvió a diez acusados durante el juicio del fatídico siniestro, donde murieron 22 personas el 6 de agosto de 2013 por la explosión de la instalación de gas de un edificio. Un gasista fue el único condenado a cuatro años de prisión.

“Esta impunidad carcome la credibilidad de las instituciones, de la Justicia, y erosiona el estado de derecho”, indicó Adrián Gianángelo, hermano de una de las víctimas y miembro de la única familia querellante que instó la causa penal (ver aparte).

Cuando en agosto de 2020 se les denegó la inconstitucionalidad que plantearon ante el fallo de primera instancia que absolvió a 10 acusados y condenó al gasista Carlos Osvaldo García (manipuló el regulador que generó la explosión) la familia de Débora Gianángelo, una de las víctimas fatales de Salta 2141, interpuso una queja para que el máximo Tribunal de la provincia revise el veredicto.

Sin embargo, la Corte lleva un año con el expediente dando vueltas para decidir si la acepta o no. Según pudo saber La Capital, el recurso está bajo estudio del tercer voto.

Uno lo frenó

Se desconoce bajo la evaluación de quién de los seis miembros del cuerpo está. Si de Eduardo Spuller, Rafael Gutiérrez, Mario Netri, María Angélica Gastaldi, Daniel Erbetta, o Roberto Falistocco, el presidente de la Corte.

“Se demoró mucho tiempo en manos de un solo ministro, entre el primero y segundo voto”, aportaron a este diario fuentes judiciales con limitado acceso al trámite. A pesar de varias consultas, no se informó orden y plazo de votación.

Y más allá del magistrado causante de frenar una decisión que, según se pudo saber, hasta generó cierto malestar dentro del cuerpo, la inadmisible demora es atribuible a la Corte en pleno.

“A fallo” hace un año

En mesa de entradas de la secretaría de la Corte, el expediente figura “a fallo”, según indicó la abogada Mónica Barroso, flamante letrada de la familia Ginángelo. La profesional recordó que la queja fue interpuesta “en septiembre del año pasado”.

“Sabemos que se encuentra a fallo para que la Corte resuelva si accede a la queja, ante la denegatoria del recurso de inconstitucionalidad que se presentó contra la sentencia definitiva que dictó la Cámara de Apelaciones”, recordó Barroso.

La profesional se refirió al fallo de los jueces Carlos Carbone, José Luis Mascali y Carina Luratti, quienes avalaron el veredicto del Tribunal del juicio integrado por Marcela Canavesio, Carlos Leiva y Rodolfo Zvala.

Por mayoría y tras el debate desarrollado en julio de 2019, solamente fue condenado el gasista García a cuatro años de prisión por estrago culposo agravado por las 22 muertes a raíz de la explosión por fuga de gas ocurrida a las 9.38 del 6 de agosto de 2013.

Aunque no fue respaldado en el debate, la Fiscalía atribuyó la explosión a una “cadena de negligencias”. Por eso llevó a juicio a los empleados de Litoral Gas y los administradores, a cargo de advertir las precarias condiciones preexistentes de una instalación de gas vetusta que debió ser objeto de inspecciones rigurosas.

Tras el juicio fueron absueltos por “insuficiencia probatoria” el ayudante de García, Pablo Miño; los administradores del consorcio, Mariela Calvillo, Norma Bauer y Carlos Repupilli; los reclamistas de Litoral Gas, Luis Curaba, Guillermo Oller y Gerardo Bolaño; el jefe de Mantenimiento de Redes de la empresa, Claudio Tonucci; la gerenta técnica, Viviana Leegstra; y el gasista José Luis Allala.

Como a la querella se le denegó el recurso de inconstitucionalidad sobre el fallo de segunda instancia, elevó la queja a la Corte. “No hay novedades, a pesar de que pedimos informes para conocer el estado del expediente. En la mesa de entradas de la secretaría solo figura «a fallo»”, recordó Barroso.

La abogada advirtió que en caso de que se sigan denegando las vías recursivas extraordinarias, “vamos a seguir hasta las últimas instancias en Argentina, que en este caso es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin perjuicio de concurrir también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para llegar a la Corte Internacional. Queremos saber si se violentaron derechos humanos básicos”.

La abogada explicó que analizan el caso sobre “derechos humanos al hábitat digno. Como son los derechos de «ultima generación», entendidos como derecho a vivir en un espacio sustentable y de posible vida, en este caso en referencia a la distribución del gas. Son derechos complejos, que en Argentina recién se están tratando, y que no forman parte de las políticas de Estado”.

Es que aunque no se tradujo en pruebas efectivas durante el juicio, según el Tribunal, la querella y Fiscalía plantearon la evidente negligencia en los controles de Litoral Gas sobre la instalación del edificio que finalmente estalló. Por eso apuntaron a la responsabilidad de los inspectores y jerárquicos.

Para Barroso, “si bien los derechos al medio ambiente se están reconsiderado en relación a la convivencia, es complejo el abordaje porque requiere de conocimientos técnicos, pero es un derecho humano el hábitat en lugares de posible convivencia. No solamente es un derecho humano la convivencia sin potenciales peligros que pongan en riesgo la integridad psicofísica, sino que además tiene que ver con las políticas de Estado, es un derecho de doble sensibilidad”.

En ese sentido, y sobre la particularidad de Salta 2141, la profesional marcó “esa posibilidad con la que puede encontrarse un ciudadano frente a la falta de normas de seguridad en la distribución de la red domiciliaria de gas. Es un tema complejo y requiere de un largo abordaje y aprendizaje para poder pensarlo como un derecho humano al hábitat posible”.

“La impunidad carcome la credibilidad de las instituciones”

Adrián Gianángelo es el hermano de Débora, una chica de 20 años que murió en el accidente de Salta 2141. Junto a su familia, es el único querellante en la causa penal que desembocó en el juicio a 11 personas, pero que terminó con la sola condena del gasista Carlos Osvaldo García.

Recuerda a su “hermanita”, tal como la nombra cada vez que hace alguna referencia al caso: “Le destruyeron sus sueños y le arrebataron la vida. Por eso la familia Gianángelo se constituyó como la única querellante que hizo posible el juicio, con una activa participación en el proceso, en aras de lograr el castigo a los culpables”.

“Por esa lucha pudimos sentar en el banquillo a los responsables de esta tragedia evitable. Este dolor que nos acompaña no tiene fecha de vencimiento. Como bien dice la frase «el derecho es tan bueno como los jueces que lo aplican», hemos obtenido de esta Justicia un fallo vergonzoso que se confirmó en segunda instancia. Hubo 22 muertos, 60 heridos y más de 300 damnificados, y nadie preso”, insiste.

Entiende que “esta situación de injusticia se traspasa de generación en generación, sin justicia no hay paz, hay que pedir justicia para que se pueda sanar esta página negra de la ciudad. Después del juicio quedó en el inconsciente colectivo que los victimarios han triunfado sobre sus víctimas. Sostenemos que hay que responsabilizarlos, tienen que rendir cuentas, no pueden ser absueltos fácilmente”.

Además recordó que se llegó a la queja en la Corte porque “el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la fiscal (Graciela) Argüelles, nos soltó la mano. La familia sigue sosteniendo el compromiso y reclamando memoria, verdad y justicia por el pasado el presente y el futuro”.

Adríán habla por su familia, y la de todas las víctimas: “La impunidad que estamos sufriendo carcome la credibilidad de las instituciones, de la Justicia, erosiona el estado de derecho”.

El hermano de Débora eleva la bandera de “justicia” por las víctimas de Salta 2141. “Por mi hermanita. No se puede normalizar la impunidad. Hubo 22 víctimas inocentes, 11 imputados, una solo querellante, y nadie preso. No podemos mirar para otro lado, vamos a ir hasta el final, manteniendo la persecución a los culpables. Vamos a hacer todo lo jurídicamente posible para obtener justicia y que vayan presos”.