Aumentos de tarifas mediante, no llegar a abonar las facturas de los servicios a término suele ser cada vez más frecuente. Y también cada vez más caro: atrasarse con el pago puede tener intereses de más del 70 por ciento anual, muy por encima de la inflación o de las tasas bancarias. La ley de defensa del consumidor pone un límite a los recargos que pueden cobrar las empresas de servicios públicos. Actualmente este tope es del 22 por ciento. Sin embargo, según advierten las ONG, la falta de adhesión de la provincia a la norma deja a los usuarios desprotegidos.
El tema llegó a la legislatura provincial la semana pasada. El diputado demócrata progresista, Gabriel Real, presentó un proyecto para que el Ejecutivo recomiende a Aguas Santafesinas (Assa) la reducción de las tasas que aplica a los usuarios por el pago fuera de término de sus servicios.
La iniciativa advierte que, actualmente, la empresa aplica para el cobro de las deudas vencidas e impagas una tasa de interés de 3,175 por ciento para el pago a los 15 días de la fecha del primer vencimiento y de 6,35 por ciento mensual para el pago a los 30 días. La aplicación de esas tasas representa en forma anual un 76 por ciento.
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Leer la información escrita en letras pequeñas en las facturas puede llevar a sorpresas.
En el bolsillo de cada usuario, pagar la factura de los servicios domiciliarios después del primer vencimiento puede significar diez o veinte pesos de más. Sin embargo, cuando los atrasos se prolongan, es mucho más oneroso.
Real es de la cuidad de Firmat y confió que tomó "conciencia" de lo que estos montos podían significar en medio de la crisis de la fábrica de cosechadoras Vassalli. "Cuando analizamos las deudas que tenía la empresa en el pago de servicios nos encontramos con que los mayores montos correspondían a intereses por mora y punitorios", recordó.
"Casi usurarios"
Sin embargo, no es la única empresa de servicios que aplica intereses muy por encima de la inflación y de las tasas bancarias, o "casi usurarios", como los denomina Alfredo Vivono, referente de la Unión de Usuarios y Consumidores y de la Multisectorial contra el Tarifazo.
La movilización de estos organismos logró que el año pasado la Empresa Provincial de la Energía (EPE) redujera los porcentajes que aplicaba a los montos pagados con atraso.
"El año pasado la EPE aplicaba el 67 por ciento anual, un porcentaje excesivo que después de numerosas quejas se redujo al 28 por ciento", recuerda Vivono. Actualmente, para los pequeños consumos domiciliarios, la empresa aplica un 22,13 por ciento.
Leer la información escrita en letras pequeñas en las facturas puede llevar a sorpresas, el pago fuera de término de algunos servicios puede generar intereses de más del 70 por ciento anual (ver infografía).
La ley de defensa del consumidor, limita los intereses que se pueden aplicar a las deudas de los usuarios en las facturas de servicios públicos.
Ese tope, fijado en hasta el 50 por ciento por encima de la tasa pasiva para depósitos del Banco Nación, se determinó para evitar abusos.
Actualmente, esta tasa es del 14,75 por ciento anual, por lo tanto para las empresas de servicios públicos el recargo por mora no podría superar el 22,13 por ciento anual.
Sin embargo, advierte Vivono, la provincia aún no adhirió a la norma nacional sancionada en 2008; por lo tanto existen dificultades para su aplicación y, sobre todo, para disponer sanciones en el caso de incumplimientos.
Un problema indexado
En la Unión de Usuarios y Consumidores, las consultas por los recargos por mora aplicados por las empresas son frecuentes. "Los aumentos de tarifas y los problemas de ingresos de las familias de trabajadores, hace que la gente no tenga más opción que estirar sus pagos", explica Vivono.
¿Por qué resulta tan caro pagar tarde? "Históricamente han sido relativamente onerosos los intereses por mora aplicados por las empresas. Generalmente superan varias veces a la inflación ya que, suponemos, se trata de una práctica de las empresas para conseguir que el usuario pague en tiempo y forma su obligación", señala Christian Galindo, responsable nacional de la Red Argentina de Consumidores.
De todas formas, destaca, la ley de defensa del consumidor suma un punto a favor de los usuarios "ya que no solo establece un tope a los intereses, sino que además estipula que en el caso de controversias entre lo que marca la ley y lo que autorizan los entes reguladores de las empresas, se debe considerar lo que resulte más beneficioso para el consumidor".
De acuerdo a la experiencia de Galindo, no sólo existen numerosas consultas o reclamos por el cobro de punitorios sino también "una larga lista de presentaciones judiciales, tanto por los porcentajes aplicados como por algunos cargos adicionales que se incluyen bajo ítems como gestión de cobranza u otros que pueden significar una doble tasa encubierta".
En todos los casos, dice, los usuarios no deben dejarse avasallar.
Aunque los montos que se adicionen por intereses sean pequeños, hay que saber qué es lo que se está pagando. En un año, todos estos montos juntos, pueden sumar mucha plata.
Dónde reclamar
Para consultas o reclamos por cualquier situación relacionada con los derechos del consumidor, la Secretaría de Comercio provincial atiende en el tercer piso de Mitre 930, teléfonos 472-1519 y 472-1511. La Oficina Municipal de Defensa del Consumidor funciona en Córdoba 852 y el teléfono para asesoramiento es 0800-666-8845.
