La ciudad

Otorgan una pensión a una mujer trans violada y perseguida durante la dictadura

A los 54 años, Marcela Viegas Pedro cobrará un resarcimiento como presa política por su condición de género. Una vida durísima.

Domingo 24 de Junio de 2018

Su DNI reza, desde hace seis años, Marcela Daniela Viegas Pedro. Hoy tiene 54 y es una de las veinte mujeres trans de Santa Fe, 11 de ellas de Rosario, que recibirán un resarcimiento económico como "sobreviviente", entre otras cosas, a la última dictadura militar. Se trata de una reparación histórica que otorga la provincia, pionera en América latina, a personas que por su condición u orientación sexual sufrieron todo tipo de hostigamientos, vejámenes y prisión.

"Esto para mí es una utopía, a mi edad sencillamente no puedo creer estar viva para poder disfrutarlo", dice Marcela, desaparecida durante 17 días en el centro clandestino de detención del Pozo de Banfield, adonde fue "chupada" por su trabajo sexual en Ezeiza y con una pesada historia previa, incluso la de haber sido violada por un cura a los 8 años. De sus viejas compañeras de ruta, unas cien a fines de los 70, sólo quedan 11.

Marcela tiene una vida densa. Hija adoptiva de un matrimonio de origen portugués, terminó echada muy joven de su casa por su condición sexual.

Antes, cuenta, cuando tenía apenas 8, fue reiteradamente violada por un cura del colegio al que asistía, el San José. "Ellos saben muy bien a qué chico le apuntan: siempre al más débil, al que ven más carente de afecto", razona.

Y por eso habla del "padre Cámpora" con un tono ambiguo hasta que llega la pregunta de si el sacerdote sigue vivo. "No, por suerte está bien muerto", dice.

Marcela recuerda que el cura era "tan bueno, tan cariñoso" con ella. "Era como que no le podía decir que no, por eso no sé si decir que fue una violación o algo consentido", insiste. Como si ni siquiera 46 años después pudiera convencerse de que a los 8 no hay relación sexual que no merezca el nombre de abuso.

Años más tarde, se fue a confesar con su violador. Cuando el cura, ignorando su identidad, la mandó a rezar "como mil padrenuestros", ella le reveló quién era. O quién había sido: Marcelo Daniel. Y lo invitó a rezar los padrenuestros juntos para expiar tanto pecado. El sacerdote salió corriendo del confesionario.

Pero no es por todo esto que Marcela ahora cobrará una pensión. ¿O también será por eso?

Ella no sabe la cantidad de veces que "cayó" presa en distintas comisarías de Rosario durante la dictadura ("aunque en el prontuario increíblemente figuran sólo cinco", afirma), casi las mismas que terminó violada en un calabozo helado.

"Y sin condón", precisa, un detalle que se enmarca en la falta de protección con que no sólo se daban las violaciones, sino incluso el trabajo sexual que ella y un centenar de compañeras ejercían por aquellos días en las calles de Rosario.

El sida y otras enfermedades de transmisión sexual, la vida dura, las adicciones, terminaron con la vida del 90 por ciento de ellas.

"La línea etaria de la mujer trans no sobrepasa los 38, 42 años", cuenta. Por eso, no deja de definirse como "sobreviviente".

En una escaramuza con el por entonces subjefe de la policía de Rosario, Carlos Altamirano, hoy condenado a reclusión perpetua por los peores delitos como represor (incluso homicidios), Marcela le rompió la nariz de una piña. "Imaginate, era mi sentencia, si por ser homosexual ibas a la cárcel, tuve que huir a Buenos Aires", recuerda.

Primero durmió en los bancos de Retiro, hasta que con la ayuda de una amiga y quien por entonces era su pareja logró desembarcar en Ezeiza para seguir adelante como trabajadora sexual.

"Y ahí me chupan, en el Camino Negro, el camino de cintura de Ezeiza", precisa.

Terminó en el Pozo de Banfield, tirada en un calabozo sin luz y donde el único alimento que recibía era una botella de agua al día.

Gracias a que su pareja, Carlos Ibarra, "por ser varón", puso la cara por ella, y su amiga (la también trabajadora sexual Gina Vivanco, poco tiempo después asesinada por la policía) puso la plata necesaria, y terminó "blanqueada" a los 17 días.

Poco después logró salir de ese centro clandestino de detención, pero no podía mantenerse en pie. "Con 1,78 de altura pesaba 40 kilos, salí llena de piojos y liendres, deshidratada y desnutrida, casi sin poder caminar", recuerda Marcela.

Volvió a Rosario como pudo. Y como pudo siguió trabajando en la calle. Largos, largos años, en los que era impensable ser transexual y conseguir un empleo.

Mucho menos soñar con que alguien le reconociera otra identidad de género que la que consignaba su DNI, aunque allí dijera Marcelo y ella luciera tetas, uñas pintadas y tacos altos.

"Me pasé presa media vida porque se sumaban las contravenciones (prostitución escandalosa, ofensa al pudor y travestismo, definido como quien «se vistiese o hiciese pasar por el sexo contrario»)", recuerda. Faltas que en Santa Fe se derogaron no hace tanto, recién en el 2010.

Hoy, con 54 años, aún ejerce a las cansadas el viejo oficio, que alterna con el de "referente trans adulta" en la Casa LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, personas Transgénero e Intersexuales) de Córdoba al 3600.

Y hace diez días, recibió la resolución que en dos meses le permitirá cobrar una pensión de 15 mil pesos mensuales, como a otras diez mujeres trans de Rosario, 8 de Santa Fe y un varón gay, todos hostigados y reprimidos por la última dictadura por sus "sexualidades e identidades disidentes".

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