Opinión: Un Estado en deuda

La ciencia médica hizo bien su tarea: las personas tienen una existencia cada vez más larga. En el país, la expectativa de vida alcanza los 73 años promedio y, según el último censo, el 9,9 por ciento de los argentinos ya cumplió más de 65 años. Esto significa que hay 3.587.620 adultos mayores. Una población que, si viviera toda junta, podría movilizar tres ciudades como Rosario.

Sin embargo, las políticas sociales para ese sector no parecen haber recorrido siquiera la mitad del camino ya andado por la biología.

Un jubilado que cobra la mínima apenas alcanza a ponerse en el bolsillo 700 pesos. Unos 250 pesos más que el famélico umbral de la indigencia marcado por el Indec, pero 287 por debajo de lo que se necesita para no caer en la pobreza. El Pami es otro dolor de cabeza. La obra social con 3 millones de afiliados recurrentemente es noticia por las falencias de sus servicios o sospechas de corrupción. Apenas dos ejemplos que sobran para ilustrar el maltrato que el Estado dispensa a los mayores.

Por esto que miles de personas que superaron los 65 años asistan a la Universidad, se animen a aprender nuevos idiomas, pierdan el miedo frente a las computadoras, se sumen a torneos deportivos o sencillamente insistan en preparar las mejores comidas y mantengan intacto el buen humor es, realmente, una noticia reconfortante.

Claro, lo sería aun más si estas actividades no formaran parte de una férrea voluntad personal de vivir mejor o de mantenerse sano y activo; sino de una decisión pública que posibilite a los adultos mayores el pleno ejercicio de sus derechos y permita sumar años en plenitud prescindiendo de botox o antidepresivos.