Aún así, en abril pasado logró la autorización para operar con un insumo sensible al narcotráfico, como lo es la efedrina.
El derrotero. En los últimos 20 años el Laboratorio Apolo prácticamente operó siempre bajo la figura de concurso preventivo de crisis. Desde 1995 a 2004 fue administrado por la familia Iudica, que inició el negocio en 1989.
El segundo ciclo se inicia el 3 de noviembre de 2005. Fuentes del sector señalan que la producción de sueros es un negocio rentable, incluso después de que el Laboratorio de Especialidades Médicas (LEM) también comenzó a producirlo y proveer al sistema de salud pública, lo que le puso un "techo" al precio del producto en el mercado.
Apolo era importante en el rubro, coinciden distintas fuentes consultadas. Una empresa que fabricaba, fraccionaba y envasaba soluciones parentales de gran volumen y llegó a exportar parte de su producción.
Eran otros tiempos. Epocas de sponsoreos de deportes y actividades culturales. Y hasta de misiones comerciales y fotos oficiales.
En 2012 facturó 44 millones de pesos, hasta que comenzó a derrumbarse el negocio que había construido Salinas. El empresario también controlaba otra fábrica de sueros, Rigecin Lab SA. En Paraguay le clausuraron un laboratorio, desde el cual (aseguraron fuentes cercanas al negocio) producía más barato y triangulaba con los laboratorios en Argentina, incluido Apolo.
A esas irregularidades se sumaron las denuncias realizadas por sus propios empleados en Rosario, que alertaron sobre precarización laboral, falta de controles técnicos y de calidad y vaciamiento. Esto derivó en el cierre temporal del laboratorio.
Por esos días, y en el marco de la convocatoria de acreedores de la firma, Salinas ofreció pagar 2,8 millones de pesos en 24 cuotas, pero —según ex empleados del laboratorio— apenas aportó 300 mil pesos.
Su socio en Rigecin es Juan Manuel Georgiadi. El nombre de Salinas también apareció en documentación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), que alertó en una disposición sobre el escaso control técnico, y la relación entre Rigecin y Laboratorio Apolo.
Cuestión de nombres. Según fuentes consultadas, a partir del 3 de noviembre de 2005 el presidente de Laboratorio Apolos SA es Gustavo Daniel Molina, quien figura también como titular de Santa María Victoria SA ,desde el 15 de abril de 2009.
En esta última firma en reemplazo de María del Carmen Puccini, y también asume como directora suplente Victoria Jorgelina Salinas, con domicilio especial en el edificio de Tacuarí 677 de la ciudad de Buenos Aires, la misma dirección declarada en otros documentos por Jorge Salinas.
Victoria Jorgelina Salinas integra la empresa desde la creación de la sociedad, el 31 de agosto de 2006. El edificio de esa firma está a unas diez cuadras de la Casa Rosada y de la trístemente célebre Rosadita, en J. Manso 555, Puerto Madero.
Según consultas al sitio de la Afip y Ansés, Molina fue, al menos entre julio de 2014 y mayo de 2016, empleado de Rigecin Labs SA, en base a la declaración jurada que realiza los aportes a la seguridad social.
Además, figura afiliado a la obra social del Personal Superior de Mercedes Benz Argentina. ¿Por qué en esta obra social? Fuentes que lo conocen de cerca apuntaron que manejaría una concesionaria de vehículos de alta gama, entre cuyos clientes figuraría Salinas.
Molina también tiene una colección de cheques rechazados desde marzo de 2012, extendidos tanto por Laboratorio Apolo como por Santa María Victoria. En total suma 436 cheques rechazados, por un total, a junio de 2016, de 9 millones de pesos.
En el Boletín Oficial de Santa Fe figura, desde noviembre de 2005 como director suplente de Apolo, Juan Manuel Georgiadi. Este hombre fue presidente de Rigecin Lab desde julio de 2009 y hasta el 12 de noviembre de 2012. Jorge Salinas fue director del mismo laboratorio hasta noviembre de 2009.
Facturas truchas. Unos días antes de que Salinas dejara su cargo de director del laboratorio Rigecin, se allanaron, por pedido de la Justicia en lo Penal Tributario, 18 grandes empresas. Se investigaba el presunto uso de comprobantes apócrifos a fin de evadir el pago de IVA y Ganancias. Como usina de esas facturas truchas aparecía Rigecin. Las acciones judiciales contra Salinas se habían iniciado en 2006.
Ese parece ser el comienzo de la caída en desgracia de Salinas. El 4 de enero de 2010 Clarín publicó una denuncia de la por entonces ex ministra de Salud de la Nación, Graciela Ocaña, por estar "probados claramente" los cargos de corrupción contra Rubén Romano, quien fue procesado junto a otros 5 empresarios por desviar 21 millones de pesos del Pami. Entre ellos estaba Jorge Manuel Salinas (ver aparte).
Casi en paralelo se produjo la clausura del laboratorio en Paraguay. Y el fin del período de expansión económica, incluso en Bolivia.
La debacle. El 11 de diciembre de 2012 se solicitó que se decrete la quiebra de la firma Apolo. El 22 de mayo de 2013 llegó otro pedido. Estos son los últimos datos disponibles en el Registro Público de Comercio en Rosario.
La jueza que entiende en la causa decidió, el día de la explosión del laboratorio, emplazar a la firma a saldar las deudas con sus acreedores. Le dio cinco días hábiles.
Mientras tanto, un vecino del laboratorio está internado en grave estado, una decena de viviendas fueron afectadas por la onda expansiva tras la voladura de la caldera, y los empleados se quedaron sin trabajo.
La ex ministra de Salud de la Nación, Graciela Ocaña, denunció a empresarios por desviar millones de pesos del Pami. La funcionaria, que fue interventora de la obra social de los jubilados, reveló que entre el 2000 y el 2005, un grupo de empresarios de la salud desvió más de 21 millones de pesos del Pami a través de "procedimientos de pago no transparentes", y perjudicó el nivel de prestación médica. Parte de ese dinero se entregó a través de "procedimientos de pago no transparentes", sostuvo por entonces el juez federal Octavio Aráoz de la Madrid, quien procesó a cinco empresarios, entre ellos a Jorge Manuel Salinas. Los otros fueron Rubén Romano, Osvaldo Corti, Miguel Angel Fernández Bedoya y Daniel Roberto Lesch. A todos les endilgó el delito de fraude al Estado, en una causa vinculada a la de "la mafia de los medicamentos", que estuvo a cargo de Norberto Oyarbide. Uno de los empresarios, Romano, tuvo vínculos comerciales con Sebastián Forza, uno de los asesinados en el triple crimen General Rodríguez.
