La jueza de Menores de Rosario Gabriela Sansó firmó una resolución en la que pidió que "toda la sociedad se involucre" para evitar desbordes durante los festejos de los estudiantes secundarios.
El fallo es interesante porque le dedica un mención especial a los padres de los adolescentes que aparecen involucrados en esos sucesos que muchas veces suelen ser violentos porque les dan dinero para alcohol, pintura y pirotecnia.
"Más allá de que el delito quedó encuadrado como daño y que no es punible penalmente, lo que no quiere decir que no haya ocurrido, escuchamos la posición de los colegios, de los padres, se pagó una indemnización y hasta hubo un pedido de disculpas".
La magistrada señaló que convocó a los padres junto a instituciones y autoridades provinciales y municipales para "evaluar medidas que permitan evitar estas situaciones".
En declaraciones al programa "El primero de la mañana" de La Ocho, la magistrada tuvo que intervenir en uno de estos casos a partir de la detención de un chico que fue sorprendido por la policía en marzo pasado cuando, en compañía de otros menores, pintaban la fachada de un colegio y tiraban bombas de estruendo.
"Más allá de que el delito quedó encuadrado como daño y que no es punible penalmente, lo que no quiere decir que no haya ocurrido, escuchamos la posición de los colegios, de los padres, se pagó una indemnización y hasta hubo un pedido de disculpas", resumió la jueza.
Sansó sostuvo que "los chicos tienen derechos, a través de la Convención de los Derechos del Niño, al festejo, pero la Convención habla de reuniones pacíficas. Por otro lado, el Estado tiene obligación, a través de la misma convención, de abolir prácticas que puedan ser prejudiciales. Por eso acudimos a la Dirección de la Niñez y Adolescencia, ya sea provincial o municipal, podrían llegar a ser los ejes para que se convoque a los ministerios. Pensé en el de Salud y Educación, a los representantes de los colegios y también hay una mirada para los padres.
"Los padres conocían como eran estas prácticas y no obstante habilitaron a que sus hijos pudiesen participar de ese tipo de festejo sin control. A mi modo de ver se trata de una mirada jurídica importante", agregó la jueza.
"En el caso que nos tocó gracias a Dios no hubo mayores consecuencias. Se afectaron cosas que se pudieron restaurar. Pero los chicos manejaban bombas de estruendo, que encima eran truchas porque estaban prohibidas para la venta. Además, algunos chicos estarían alcoholizados y detonaron bombas cerca de una estación de servicios. Es decir, había muchos ingredientes como para definir que la situación era peligrosa", agregó la jueza .
"No sé que piensan los padres. La persona que estuvo acompañando a su hijo en Tribunales se hizo cargo. Los padres, en general, tienen que estar preocupados por esta situación. El colegio dio cuenta de una larga lista de reclamos institucionales, pidiendo ayuda sobre esto. y también una larga historia de intentar concientizar a padres y alumnos. Los colegios no se oponen a los festejos, ni a los bombos, ni a los disfraces, ni a las espumas, pero sí se oponen a los desmanes. Pero los colegios no pueden solos desarticular una práctica que está instalada a nivel nacional".
