En medio de la ola de robo de medidores de servicios públicos esenciales como agua, luz y gas, un hombre de 31 años fue imputado la semana pasada tras ser detenido en flagrancia mientras sustraía dos medidores de agua en viviendas del barrio Saladillo. El fenómeno forma parte de un espectro del delito con ramificaciones que no se logra desarticular. Desde Aguas Santafesinas SA expresaron preocupación ante la reiteración de hechos y reclaman profundizar las investigaciones para desarticular el comercio ilegal de las piezas.
Este diario viene reflejando hace tiempo el permanente robo de medidores de luz, gas o agua. Se trata de una faceta delictiva a pequeña escala y sin violencia física, pero que provoca grandes trastornos y consecuencias vecinales, además del daño patrimonial a las compañías distribuidoras del servicio.
De hecho, Aguas Santafesinas SA (Assa) decidió reponer 10 mil medidores de plástico en Rosario para frenar el robo sistemático de los dispositivos metálicos, lo cual deja sin servicio a los usuarios y genera pérdidas al patrimonio de la empresa.
Es que a principios de febrero se registró el robo de unos 100 medidores en pocos días, y las quejas de los vecinos no se hizo esperar. Según Assa, los barrios más afectados siempre fueron Echesortu, La Florida, algunos de zona sur, pero ahora no hay sector que se salve. Incluso se incrementaron los denuncias por hechos en el macrocentro (ver aparte).
En medio de esta situación se detuvo casi infraganti a un hombre que a las 3.10 del 28 de febrero pasado trasladaba en una bolsa los medidores de agua de dos viviendas ubicadas en calle Regimiento 11 al 100 y al 200, en el barrio Saladillo.
Madrugada en Saladillo
Un móvil policial que patrullaba por Regimiento 11 al 300 divisó al sospechoso con los aparatos mientras los trasladaba en una bolsa. Luego de certificar que los medidores eran Assa SA, los domicilios a los que pertenecían y los usuarios damnificados, se procedió a la detención.
El hombre fue identificado como Fabricio Cristian B., de 30 años y de profesión albañil, domiciliado a unas 20 cuadras de donde fue detenido. El jueves pasado fue llevado a una audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal (CJP) donde la fiscal Andrea Vega expuso los hechos.
La funcionaria sostuvo la imputación como autor del delito de robo simple, dos hechos, y solicitó al juez de primera instancia Alejandro Negroni que ordene la prisión preventiva efectiva por el plazo de 90 días.
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A su turno, el defensor público Juan Pablo Nardín objetó la imputación, manifestó que en el caso se da una detención arbitraria y que hubo un vicio en el procedimiento prevencional que dio lugar a la detención de su asistido, pidió la libertad, pago de una fianza y las restricción de acercamiento a las víctimas.
Sin embargo el juez rechazó los planteos de la defensa, aceptó el encuadre legal según los hechos descriptos por la Fiscalía, y ordenó la prisión preventiva efectiva de Fabricio Cristian B. el 31 de marzo.
No obstante, el juez también ordenó que si en esa fecha la fiscal logra formalizar la acusación, la medida cautelar de prisión preventiva se prorrogará automáticamente hasta la finalización de la audiencia preliminar al juicio oral y público.
Ninguna zona quedó exenta
Aguas Santafesinas SA invertirá alrededor de dos millones de pesos para reponer los medidores robados más el gasto que representa la reactivación del servicio, materiales y mano de obra. Se calcula entre 20.000 y 25.000 pesos la reposición por cada conexión.
La empresa ya está en permanente contacto con autoridades del Ministerio de Seguridad de Santa Fe con el fin de evitar nuevos hechos. Pero principalmente para atacar el mercado negro (chatarrerías, reducidores), donde se concconcentran los componentes robados.
“Antes había zonas particulares donde se notaban los robos, pero ahora es más masivo, incluso en el macrocentro donde se concentran la mayor cantidad de medidores”, describió Guillermo Lanfranco, vocero institucional de Assa sobre un delito predatorio que registra oleadas, como el robo de picaportes de bronces.
“En los últimos tiempos se intensificó en barrio Echesortu, y el sector comprendido por Pellegrini, Oroño, Avellaneda y Córdoba. Pero también notamos una dispersión. Antes atacaban por zona en una sola noche, ahora se da en toda la ciudad. No hay barrios donde no roben medidores”, describió el funcionario.
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Valoró la imputación al hombre detenido la semana pasada, pero también entiende que puede ser la punta para llegar a los reducidores que concentran el metal. “Todas las empresas damnificadas pedimos que hagan allanamientos en las chatarrerías porque eso ya dio resultado en 2021”, recalcó Lanfranco.
“Insistimos que hay que llegar a los reducidores que con total impunidad exhiben las listas precios de metal en la puerta. ¿Quién puede vender plomo o bronce si no es robado. Quién los tiene en su casa para vender”?, se preguntó finalmente el vocero de la compañía.
