Los dos proyectos que obtuvieron despacho favorable en el plenario de comisiones del Congreso Nacional dejaron un sabor agridulce a las organizaciones ambientalistas que luchan por una ley de humedales que proteja y defienda el ecosistema en las islas del Delta del río Paraná. El objetivo siempre fue frenar el ecocidio elocuente que sufre ese territorio ubicado dentro del plan Piecas-DP desde 2019 a esta parte. Tanto la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas de Argentina como la Multisectorial Humedales aseguran que el proyecto que ingresará a la Cámara de Diputados ostenta intereses solapados para el sector extractivista.
"Es regresivo, antipopular y fraudulento", cuestionó en declaraciones a La Capital Rafael Colombo, miembro de la entidad que agrupa a los letrados y letradas ambientalistas, al tiempo que la Multisectorial Humedales sostuvo que de aprobarse ese dictamen mayoritario que impulsa Juntos por el Cambio "representa un peligro muy grande para los territorios y sus habitantes", sin dejar de reprochar el llamativo interés de "quienes se quieren abanderar como defensores del ambiente cuando en realidad responden a sus propios intereses y al de los lobbies".
Tras un cuarto intermedio que duró un mes y medio, la reunión conjunta de las comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Ganadería, y Presupuesto se aprobaron dos dictámenes, uno de mayoría —impulsado por el PRO y la Unión Cívica Radical—, y otro de minoría, precisamente el tratamiento consensuado con más de 500 organizaciones y actores de la clase política y la sociedad civil, que lleva la firma del presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Leonardo Grosso. La misma no contó con decenas de diputados de diversos espacios opositores que no se presentaron luego de que los responsables de los bloques que reúnen al PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica quisieran posponer nuevamente la reunión por cuestiones técnicas.
"El despacho de mayoría impulsado por el PRO y la UCR, es regresivo, antipopular, fraudulento, sin rigor constitucional ni científico. Detrás de ese despacho están los diputados Buryaile y Vara, dos representantes que poseen obscenos conflictos de intereses, al ser ambos productores, lobistas y voceros de la agroindustria hegemónica responsable de los incendios intencionales. Ni siquiera tienen autoridad moral para intervenir o votar sobre este tema al estar de los dos lados del mostrador", sentenciaron desde la organización de abogados y abogadas ambientalistas.
A su vez, también cuestionaron el rol de la diputada nacional por Santa Fe Ximena García (JxC). "Es una de las impulsoras de este dictamen que se burla de más de 10 años de debate, mas de 500 organizaciones que respaldan un proyecto construido de forma colectiva y popular, alegando una supuesto visión antiproductivista. Siendo de la provincia de Santa Fe, uno de los territorios que más sufrió el flagelo del fuego, preocupa mucho la indiferencia y arrogancia de estos legisladores cómo así sus estrechos vínculos con los exponentes de un modelo económico productivo que nos está asesinando todos los días", reprocharon desde la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas.
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Respecto al dictamen de minoría, opinaron que "es casi idéntico al proyecto que impulsa la sociedad civil, con modificaciones de consideración menor que no alteran su esencia o espíritu como proyecto. Ese es el proyecto que aspiramos se apruebe en el recinto cuando llegue el debate antes de que finalice el periodo ordinario con su prórroga".
Por su parte, desde la Multisectorial Humedales sostuvieron que ese tratamiento de la ley de humedales "representa un peligro muy grande para la lucha, los territorios y sus habitantes, ya que en dicho texto se disminuyen las sanciones a aplicar respecto del texto consensuado, no cuenta con moratoria, extiende el plazo para la realización del inventario y habilita excepciones que permiten saltearse la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), entre otros puntos que lo vuelven un proyecto inaceptable para las organizaciones y les habitantes que venimos llevando adelante esta lucha con tanto esfuerzo".
No obstante, aclararon: "Tenemos el dolor de aclarar que ninguno de estos dos proyectos, ni en el de mayoría ni el de minoría, están representando el pedido del pueblo, y la construcción conjunta por una ley de humedales que pueda servir para proteger y conservar los pocos humedales que quedan en pie en nuestro país. No se mantuvo el texto consensuado, y las modificaciones se dieron sin consulta previa, y sin notificación. La letra del dictamen, como ya dijimos, debía imprimir los esfuerzos de quienes habitan y defienden los humedales".
