El Ejecutivo provincial publicó el martes en el Boletín Oficial la reglamentación de la ley 13.696 que busca proteger a las empleadas provinciales de la violencia de género. El objeto de la ley es "promover y garantizar derechos en el ámbito laboral para las trabajadoras en situación de violencia de género". Entre los puntos sobresalientes de la norma está la creación de una licencia que tenga como causal la violencia de género para las trabajadoras de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, organismos autárquicos, descentralizados y empresas estatales. Además, se incluye a "aquellas que acrediten la rectificación registral del sexo conforme a la ley nacional 26.743".
Los plazos establecidos en la norma son de tres días hábiles con goce de sueldo y sin importar la antigüedad en el cargo.
"La licencia entra en vigencia a partir de la comunicación de la situación de violencia ante las autoridades del área en la que presta servicio la trabajadora", que tendrá 48 horas presentar la debida justificación emitida por la Subsecretaría de Políticas de Género o un centro de salud con competencia específica para la atención y asistencia a las mujeres en situación de violencia.
"Teniendo en cuenta las circunstancias del caso en concreto, la autoridad de aplicación debe requerir la previa instancia de acción penal", se advierte.
Además, la ley establece que, ante la solicitud de la licencia laboral por violencia de género, "el organismo empleador debe preservar el derecho a la intimidad de la trabajadora en situación de violencia".
Por otra parte, la Subsecretaría de Políticas de Género deberá evaluar y disponer medidas para el "acompañamiento, seguimiento y abordaje integral de la situación de violencia de género, de acuerdo a la complejidad del caso".
Registro
También se estipula la creación de un Registro Provincial de Licencias Laborales por Violencia de Género, "con el objeto de proceder a su sistematización y facilitar el estudio y visualización de esta problemática".
Para preservar a la víctima, la norma establece que en "todas las instancias del procedimiento, rigen los principios de confidencialidad y reserva, aún ante requerimientos administrativos o judiciales, salvo expreso consentimiento informado de la víctima".
