Carlos Leonardo Grant, sospechado de integrar una asociación ilícita para realizar estafas a través de compras de mercaderías y servicios con cheques sin fondos, quedó imputado ayer como coautor del delito de estafa. Para la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, Grant integraba, junto a otras personas, Dimare SRL, una empresa fantasma constituida para llevar a cabo la defraudación. Durante la audiencia imputativa se ventilaron 38 hechos de estafa que se le achacan a la organización, aunque explicaron que las denuncian llegan a 80. Además, el juez le dictó prisión preventiva por 30 días.
El fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Sebastián Narvaja, desplegó en detalle cada uno de los 38 hechos que se le imputaron a Carlos Leonardo Grant, un hombre de 31 años detenido el 12 de marzo en la Triple Frontera.
De acuerdo con la acusación, a Grant no se lo imputó por su intervención material con las víctimas. De esos 38 hechos, sólo aparece mencionado en seis a través del alias de Leo, Leonardo o Leonardo Giménez. "Sostenemos que se trata de una coautoría funcional entre un grupo de personas integrado por Grant, donde el referente principal es Sebastián Alonso, que se hizo pasar por Jonathan Mena, que es una persona que en realidad vive en el Gran Buenos Aires y a quien se le robó la identidad", sostuvo Narvaja.
La teoría del caso del Ministerio Público de la Acusación entiende que Alonso, quien permanece prófugo, era la cara visible de la organización, que estaba integrada por un grupo de personas entre las que se encontraba Grant. Y, en este sentido, Narvaja remarcó: "El accionar de Dimare SRL, y por lo tanto de Grant, no se limita a los 38 hechos imputados, porque en realidad la Fiscalía recibió más de 80 denuncias. Pero los tiempos de procesamiento de toda la información son largos". Sin embargo, remarcó que luego se incorporarán los restantes.
Hace dos semanas, desde fiscalía aseguraron que el monto total de la defraudación es de al menos 80 millones de pesos.
Según la hipótesis del fiscal, Dimare SRL fue constituida en 2015 a nombre de dos personas a las que robaron sus identidades. Fue inscripta en el Boletín Oficial, en la API y en la Afip. Se le dio un domicilio físico para su funcionamiento en Presidente Quintana al 2400, donde se instalaron oficinas en las que recibían a las potenciales víctimas y la mercadería que les compraban.
"Se presentaban ante las víctimas como compradores, captaban a las empresas o comercios para que caigan en la trampa y estuvieran dispuestas a venderles mercaderías o servicios con cheques a término con los que simulaban una o varias situaciones de compra, acomodando las cosas para que los vencimientos operen en la misma fecha en la que se hace el vaciamiento de Dimare", sostuvo el fiscal. La estafa salió a las luz entre el 20 y el 22 de enero, cuando comenzaron a rebotar los primeros cheques y el predio de Dimare fue vaciado.
A su turno, el defensor particular Rúben Navas esgrimió su versión de los hechos: para él, Grant no formaba parte de la organización delictiva sino que era sólo un empleado de Dimare. Sostuvo que la contratación se había concretado en octubre de 2016, luego de que el comercio gastronómico que el acusado tenía, cerrara.
Además de la imputación, que fue concedida por el juez Gonzalo López Quintana, la Fiscalía solicitó que el sospechoso quedara detenido con prisión preventiva al entender que, como la expectativa de pena es alta, el riesgo de que Grant se fugue también lo es. Narvaja fundamentó su pedido en que, según el registro de Migraciones, Grant se fue a Brasil el 25 de enero, días después de que se destapara la estafa. El 12 de marzo, con la captura ordenada, fue detenido en Puerto Iguazú, Misiones, al límite con Brasil y Paraguay, por Gendarmería.
Respecto de la pena, el fiscal remarcó que si bien el Código Penal establece penas de un mes a seis años de prisión por el delito de estafa, por la cantidad de hechos Grant se podría enfrentar a una condena de hasta 50 años. El juez le dictó prisión preventiva hasta el próximo 24 de abril.
