Con la elección de la próxima conducción del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en puerta y la oficialización por parte del Ejecutivo provincial de las ternas correspondientes a ese y otros cargos en uno de los organismos clave del Poder Judicial, la postulación y posible designación de Roberto Prieu Mántaras en el cargo de fiscal general provocó la reacción de las organizaciones feministas que integran la regional Rosario de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En una carta dirigida directamente al gobernador Omar Perotti no solo le reclaman que "no proponga al mencionado postulante", sino que además explicitan la "indignación" que su posible designación provoca.
En el documento, además, no solo dejan en claro a través de tres casos concretos "la consistente inclinación del candidato a subestimar la voz de las infancias y el respeto a las leyes y tratados de derechos humanos con relación a la protección de mujeres y niñes en situaciones de violencia", sino que además recordaron que el camarista fue nada menos que quien por "motivos técnicos" la revocatoria de la condena por abuso sexual que pesaba sobre monseñor Edgardo Storni por abuso sexual, una decisión que le permitió al obispo de Santa Fe gozar de impunidad e incluso cobrar su jubilación de privilegio hasta su muerte.
"La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito Regional Rosario expresa su indignación frente a la noticia difundida en diversos medios dando cuenta de la posible designación de Roberto Prieu Mántaras en el cargo de fiscal general de la provincia, cargo que implica conducir la política de investigación del Ministerio Público de la Acusación", comienza la misiva rubricada por las organizaciones que integran la campaña y que interpela las presentaciones hechas por el Gobierno provincial y que se espera que en pocos días más ingresen a la Legislatura para su aprobación.
Actualmente, Prieu Mántaras integra la Sala IV de la Cámara Penal de Apelaciones con sede en la capital santafesina y, según señalan las organizaciones, "es conocido por fallos fuertemente cuestionados". Y como ejemplo de eso que afirman desde la campaña desglosaron el accionar del magistrado en tres situaciones particulares.
La primera causa y una de las más resonantes en la provincia es sin dudas la de la condena a Monseñor Storni por el abuso sexual denunciado por el joven seminarista Rubén Descalzo, una causa por la que el obispo había sido condenado a ocho años de prisión, siendo así la primera condena en la Argentina a un obispo por delitos sexuales, pero que le fue revocada con la firma de Prieu Mántaras y que permitió que quien fuera la máxima autoridad de la Iglesia santafesina muriera impune en 2012. E incluso percibiendo los haberes por su retiro.
Subestimación de las víctimas
La segunda de las acciones que recuerdan las organizaciones es la revocatoria de la condena en primera instancia de un hombre por el delito de abuso sexual con acceso carnal cometido contra su sobrina de 12 años. En ese caso fue la Corte Suprema de Justicia quien anuló la absolución que ya Mántaras había otorgado al abusador con fundamentos que desconocieron la fuerza probatoria del testimonio de la víctima.
"...en relación con la valoración de la declaración de la víctima en Cámara Gesell, el razonamiento sentencial se apartó de los estándares internacionales mencionados, relativizando y/o desoyendo la declaración de la niña víctima de abuso sexual. Más aún cuando existían elementos de prueba que se correspondían con sus dichos, los cuales también se desestimaron infundadamente. En resumidas cuentas, desconoce (el juez Mántaras) la fuerza probatoria del testimonio de la menor que las normativas convencionales, constitucionales, legales y jurisprudencia de alto nivel orgánico le otorgan", señaló más tarde la propia Justica cuando admitió la presentación de un recurso de inconstitucionalidad sobre el accionar del magistrado aludiendo la afectación de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Convención de Belém do Pará.
El tercer y último de los ejemplos citados al gobernador es el llamado Primer Caso Grávida, donde una psicóloga se infiltró en el Hospital Iturraspe de Santa Fe con el objetivo de manipular a la familia de una menor de 12 años discapacitada, embarazada como producto de una violación, obstaculizando el derecho de la niña a acceder a un aborto y al cuidado de su salud integral.
"Como consecuencia de su accionar, la profesional fue suspendida por el Colegio de Psicólogos de Santa Fe. Nuevamente, Mántaras revocó la decisión de primera instancia y ordenó al Colegio dejar sin efecto la sanción -continúa el texto-. Y nuevamente la Corte Suprema intervino para anular lo actuado por Mántaras y sostener la decisión del Colegio de Psicólogos de sancionar a la profesional".
En los últimos meses, se hizo público que la misma organización Grávida virtualmente secuestró a una niña y a su madre para intentar obstaculizar la decisión de abortar de la niña muestra a las claras el riesgo de habilitar tales conductas mediante retorcidos fallos judiciales que llevaban la firma de Prieu Mántaras.
"Estos tres ejemplos que reseñamos muestran una consistente inclinación del candidato a subestimar la voz de las infancias y el respeto a las leyes y tratados de derechos humanos en relación a la protección de mujeres y niñes en situaciones de violencia", señalan desde la campaña y agregan que "resulta particularmente indignante que a pocos días de las masivas manifestaciones por el 8M, donde la población se expresó en reclamo por las violencias que siguen sufriendo mujeres, niñes y diversidades en nuestra provincia, se piense en designar en un cargo tan estratégico para el efectivo acceso a la justicia de las víctimas a alguien con semejantes antecedentes".
