El gobierno provincial presentó ante la Legislatura un mensaje en el que solicitó que se declare el estado de emergencia de la empresa Aguas Santafesinas Sociedad Anónima (Assa) y, entre otras cuestiones, propone cambios en el régimen tarifario y en la regulación del servicio de agua potable y de cloacas en la provincia. Todo eso en el marco de lo que las autoridades definieron como un déficit "alarmante y sin precedentes" y de una tarifa que aún presenta, a pesar de los últimos reajustes, "un retraso superior el 200 por ciento", según planteó este viernes la presidenta de directorio de la compañía, Anahí Rodríguez.
Rodríguez señaló este viernes que la declaración de emergencia “implica atender la grave situación deficitaria por la que atraviesa la compañía". Amplió: "Lo hemos planteado desde el principio. En cada oportunidad que tuvimos, hicimos hincapié en el déficit en la empresa y en el estado de desinversión, que es alarmante".
En este contexto, "urge para Aguas Santafesinas contar con las herramientas jurídicas que nos permitan avanzar más allá de lo que ya se hizo. Uno de los temas es la modificación del actual régimen tarifario que tiene la empresa. Y en segundo lugar, regularizar el sistema de grandes acueductos con los que cuenta la provincia hace casi dos décadas. Es fundamental discutir en la Legislatura estos dos temas, además de exponer en el ámbito legislativo el estado actual de la empresa”, señaló.
Rodríguez recordó que Aguas Santafesinas “opera sobre más de las dos terceras partes de la población santafesina y que tiene a su cargo la provisión de un servicio como el agua potable, esencial para todos”. En cuanto al déficit de la empresa, Rodríguez aseguró que el “90% de los recursos de Aguas para poder funcionar provienen del Tesoro provincial. Es decir, la tarifa que se cobra a los usuarios representa el 10%" y sostuvo que "esa fórmula proveniente de los aportes del tesoro y de la tarifa está dada vuelta”.
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Debido a la bajante del río, Aguas Santafesinas vio disminuida su capacidad de captación y tuvo que incorporar más bombas.
Rodríguez también brindó otra mala noticia para los golpeados bolsillos de los contribuyentes, porque a pesar de los severos aumentos que se registraron en los últimos días, “la tarifa sigue atrasada. En sistema de grandes acueductos recibimos una empresa que hasta hace pocos días cobraba 4 pesos el metro cúbico, cuando la producción implica un costo superior a los 300 pesos”.
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“Hay que imaginarse el déficit que ocasionó cobrar 4 pesos el metro cúbico durante varios años. Hoy, esa tarifa se está recomponiendo. Se inició un proceso tarifario, pero son aumentos que se empezaron a aplicar en el 1º y 2º trimestre, y recién ahora tienen impacto. Actualmente estamos en 100 pesos, pero seguimos con costos de producción que están por encima de ese valor”, agregó.
Rodríguez estimó que, a pesar de los últimos ajustes, “la tarifa sigue con un retraso que supera el 200%. Aclaro que el debate del régimen tarifario no implica aumento. Implica rever la estructura tarifaria que tiene la empresa, una estructura heredada de la privatización que no se pudo modificar, que no distingue usos del agua, no distingue el consumo medido, que está encorsetada en un consumo presunto, tampoco distingue consumo residencial, comercial o industrial. La discusión pasa por el régimen tarifario de la empresa, no por el aumento de la tarifa”.
“No estamos pidiendo un aumento de tarifa. Estamos poniendo en discusión el actual régimen tarifario de la empresa y el marco regulatorio de los servicios públicos”, subrayó Rodríguez.
En ese sentido, fue consultada sobre la campaña de instalación de medidores para lograr un consumo más responsable de agua y para que los contribuyen paguen por lo que consumen. Y Rodríguez respondió: “Se está avanzando con la colocación de micromedidores. Es uno de los temas que queremos llevar a la Legislatura para que sea una política de estado medir el consumo del agua, porque eso permitirá regular la producción diaria y que los usuarios sepan cuál es el consumo mensual que hacen del agua. Y recibir una factura transparente sobre lo que consumen y no a lo que la empresa presume que consumen”.
