Nucleadas en principio alrededor del espacio virtual “Criando solas”, de alcance nacional, a su vez crearon una red rosarina a la que bautizaron “Chocolate violeta”. Se presentan como mamás en situación actual de violencia por parte de ex cónyuges, que luchan por garantizar los derechos de sus hijos en común (de quienes en la mayoría de los casos se hacen cargo enteramente), pero no encuentran una respuesta adecuada en el Poder Judicial. Días atrás, en el marco del 25N, lanzaron una “Carta abierta a la comunidad” donde expresan no sólo sus malestares, sino que elevan reclamos, como la urgencia en la fijación de las cuotas alimentarias; un enfoque jurídico contemplativo de la violencia que a diario sufren tanto ellas como los niños, sobre todo para evitar la revictimización; y protocolos específicos en los juzgados de Familia.
También reclaman perspectiva de género en las intervenciones de todos los operadores del fuero (jueces, defensores, equipos interdisciplinarios y personal de las mesas de entrada) y la incorporación a la normativa vigente de la violencia vicaria, a la que definen como el uso de las instituciones para violentar. En concreto, proponen que la figura se incluya en un artículo de la ley nacional N°26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Gabriela Figueredo, de 46 años, participa de estas grupalidades que intentan visibilizar el complejo universo de los hogares monomarentales y las maternidades violentadas. En diálogo con La Capital explica que la carta abierta difundida recientemente “surgió de la necesidad de que haya mayor agilidad en las causas de alimentos, porque llevan años y eso genera desamparo. Somos muchísimas las mamás que peregrinamos en los Tribunales por una cuota alimentaria digna, en mi caso hace más de tres años estoy con la cuota provisoria”. Su anhelo es que una sentencia fije un régimen definitivo para su hijo de cuatro años, y vuelve a aclarar que el concepto de alimentos no es sinónimo de comida, sino que involucra todo lo que implica la crianza en términos económicos. “El no pago de la cuota alimentaria y el incumplimiento de la responsabilidad parental son formas de violencia”, subraya.
Una problemática común es lo que denominan “triple expediente”, en referencia al que se generó a partir de una denuncia por violencia, a otro conexo por los alimentos y a un tercero donde tramita el esquema de comunicación y encuentros familiares. “Esto hace que el caso se atomice y no sólo no encontremos la ayuda que pedimos, sino que se desdibuja la violencia, dando lugar a que se perpetúe indefinidamente”, apunta "Chocolate violeta" en su documento. Figueredo revela que a su ex pareja le fue dictada una perimetral y una medida de exclusión, por lo que en particular sí pudo lograr la unificación de los expedientes. “Pero la mayoría de las veces están separados, lo cual dificulta mucho porque no hay una mirada integral de la situación y las mamás deben ir varias veces al tribunal”. Otra carga si se tiene en cuenta que se trata de un grupo de mujeres ya abocado por completo al cuidado y la crianza de los hijos, justamente por el desentendimiento o la restricción del rol paterno.
Figueredo, que conoció a "Criando solas" hace un año a través de redes sociales (@criandosolas) y más tarde se sumó al grupo rosarino (@chocolatevioleta), menciona otro foco de conflicto habitual, el que se da cuando la Justicia insta a los niños a revincularse con un padre considerado abusador o violento. “Si por una cuestión de resguardo las mujeres no permiten el contacto, quedan como obstructoras; ahí es donde planteamos que están faltando pericias bien profundas. Algunos chicos dicen que no quieren relacionarse (con sus padres) y no se los escucha, o nos acusan de que les llenamos la cabeza o de que no fomentamos el vínculo”, apunta. Este grupo de “madres protectoras” debe lidiar con falsas denuncias en su contra o la intermitencia de progenitores “fantasmas”, es decir aquellos que a pesar de los acuerdos de visita establecidos judicialmente “aparecen y desparecen, con el desgaste que ello conlleva para las madres y las infancias”.
“A la Justicia le pedimos sensibilidad, eficiencia, que el personal esté capacitado en perspectiva de género. Mucha gente cree que vas a Tribunales y automáticamente obtenés una respuesta sólo porque te corresponde, pero la verdad es que hay grandes demoras, y la lentitud es violencia de género”, insiste la activista, además licenciada en seguridad y salud ocupacional y coach ontológico. Figueredo cree que la confluencia de mujeres madres violentadas en actividades presenciales y foros virtuales en los últimos tiempos “nos ayuda y nos sirve para saber que a pesar de la complejidad no estamos solas en medio de un recrudecimiento de discursos de odio. Porque nos han llegado a decir: «Elegí mejor a tu macho la próxima vez», responsabilizándonos de haber estado en una relación con alguien que resultó ser un violento”.
Ver y aceptar la situación, tener fuerza para poder salir de ella y luego para recuperarse son los pasos del derrotero que Figueredo desgrana con una voz firme, que es también colectiva. “Como red de mujeres nos acompañamos, nos vamos reconstruyendo en tanto personas y madres”, sintetiza.
Abogadas a favor de una reforma judicial feminista
Sofía Basso, una de las fundadoras en agosto de 2020 de la Colectiva de Abogadas Translesbofeministas de Rosario, también habla desde la primera persona del plural. “Lo que más nos preocupa a las profesionales que hacemos Familia, y a la colectiva, es la formación deficiente en perspectiva de género y de derechos humanos, ya que no se analizan por ejemplo intersecciones como la perspectiva de clase. Venimos reclamando una reforma judicial feminista porque eso se traduce en cuestiones de todos los días en Tribunales, donde todavía hay análisis básicos y miradas antiguas”, advierte.
Basso postula que “se necesita un verdadero y real compromiso con la problemática, esto exige formaciones de calidad y actualizaciones. Por ejemplo la ley Olimpia (de violencia digital) es nueva: podés reclamar medidas de protección invocándola, lo que no significa que los operadores la conozcan. Es decir, los recursos están, es necesario encontrar formas creativas de plantearlos -combinar leyes e interpretarlas- y un Poder Judicial receptivo a su implementación”.
Para la especialista, “el derecho es una práctica social que busca transformar realidades. La gente va a la Justicia para subsistir, tener tranquilidad, reparar una realidad que está rota”. Por eso no deben predominar las “respuestas estandarizadas” aunque el problema no está solo en el seno del tribunal sino en las desigualdades que se traen hasta la puerta, de allí la importancia de garantizar un acceso a la Justicia de calidad.
