Apenas dos médicas garantizan en Venado Tuerto el promedio de 250 interrupciones voluntarias y legales de embarazo que se demandan al año en la ciudad y alrededores. "Estamos apretadas, pero llegamos", admite una de las profesionales, que lleva varios años con un contrato precario. La carga de garantizar el cumplimiento de la ley 27.610 en el consultorio de salud sexual y reproductiva de esa ciudad recae sobre ellas, incluso porque en el sector privado los abortos directamente no se hacen: "Dicen que no hay profesionales que no sean objetores de conciencia y los atendemos nosotras". Incluso en ese espacio, donde se le garantiza el derecho a quien llega, todavía dependen del boca a boca o de la buena predisposición del personal administrativo. "En el municipio no permiten difundir el consultorio y en el hospital se pueden poner carteles solo en ciertos sectores", agrega la médica, Comenta la actitud de localidades vecinas y centros de salud que, tras las intervenciones, no garantizan la anticoncepción para el seguimiento. "Hacemos tres controles posteriores y lo que vemos es que no les entregan anticonceptivos en el lugar de origen, y ese es un problema", concluye y referencia la situación que viven mujeres de María Teresa, San Gregorio, Sancti Spiritu, lo mismo Venado y Villa Cañás.
A dos años de la sanción de la ley de aborto legal, el escenario que describen las profesionales de la salud de una de las principales ciudades de la provincia, que roza los 100 mil habitantes, muestra con claridad las demandas que las más de 300 organizaciones reunidas en la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito platean para avanzar hacia el efectivo cumplimiento de "abortos transfeministas y de calidad".
Presupuesto, producción de mifepristona, capacitaciones en Ameu y en técnicas seguras y de calidad para interrupciones en segundo trimestre, anticonceptivos en todos los efectores de salud y el fin del incumplimientos por parte de las obras sociales y prepagas fueron algunas de las claves planteadas en el último plenario de las organizaciones, donde justamente se definió seguir "en campaña".
Esos mismos obstáculos explicitados por las médicas venadenses para el acceso a los servicios fueron planteados a nivel país en el último informe del Proyecto Mirar, un monitoreo que lleva adelante el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes): falta de difusión, rutas de atención poco claras y sobrecarga de los equipos, entre algunas otras.
En Santa Fe, los datos oficiales del Ministerio de Salud hablan de que la provincia cuenta con 368 equipos en servicio en las cinco regiones de salud, lo que muestra un incremento del 184% en la cantidad de efectores donde el derecho es garantizado y en un 90% ciento de los casos se resuelve en forma ambulatoria y a través de abortos medicamentosos.
Esos números ponen a Santa Fe por encima de otras jurisdicciones, ya que en función del informe del Cedes, la provincia no solo está por arriba del 58% de crecimiento de equipos que se dio a nivel nacional, sino también por sobre la Ciudad de Buenos Aires (100%), la provincia de Buenos Aires (152%) y Entre Ríos, donde en el último año se verificó una ampliación de efectores del 81%.
Avances y deudas
Si bien en el centro sur de la provincia aún no existen monitoreos sobre los servicios, las referentes de la Regional Rosario de la Campaña reconocen "los avances", como son la apertura de equipos en Firmat y Villa Gobernador Gálvez, donde no había nada, pero también reafirman las deudas: la difusión masiva de la ley, el armado y capacitación de equipos, la no precarización de los profesionales de la salud que atienden la demanda.
En el centro norte, en cambio, los registros realizados por las organizaciones feministas hablan de una clara deuda pendiente. "Son dos provincias", señaló semanas atrás una referente de la capital provincial durante la presentación del primer monitoreo.
Lo pendiente quedó expuesto a pocos meses del cierre del año durante el encuentro de capacitación que llevó adelante la Red de Acceso al Aborto Seguro de Argentina (Redaas) junto al Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y donde se reunieron profesionales y activistas y hubo intercambio de experiencias.
"Mayoritariamente quienes garantizan este derecho son equipos que tienen contratos irregulares o precarios, lo que los pone de cara no solo a una menor garantía de continuidad, sino además a mayor recarga y estrés", recalcó la activista y titular de la Regional Rosario de la Campaña, Lucrecia Aranda. Y agregó que "este no deja de ser un tema aún estigmatizado que requiere mayor compromiso y energía".
Sin difusión masiva
No hay derecho que no se conoce y ciertamente una de las principales exigencias de las organizaciones es la difusión masiva de los alcances de la ley 27.610. "Falta información y esa es una coincidencia en todo el territorio", señaló Aranda, que si bien recalcó la insistencia de la Campaña en la difusión a través de cartelería y folletería, además de redes sociales, recalcó que "esa es sin dudas una responsabilidad el Estado local, provincial y nacional".
La gestión provincial señala la difusión de la línea nacional de salud sexual 0800-222-3444, un canal a través del cual este año se recibieron 690 consultas, de las cuales el 95% eran en relación a los derechos de interrupción de embarazos. A través de esta línea, explicaron, "se recibe cerca del 30% de las solicitudes de usuarias que cuentan con obra social o prepagas, y a quienes se las asesora de qué modo acceder y reclamar ante incumplimientos de la ley".
Sin embargo, el Monitoreo Social Santafesino de Acceso a los Cuidados en Salud Sexual que trabajó con encuestas a más de 700 mujeres, todas ellas usuarias de la red de salud pública de la provincia -centros de salud y hospitales- en los 11 departamentos del centro y norte (General Obligado, San Javier, Vera, Castellanos, 9 de Julio, San Cristóbal, Garay, La Capital, Las Colonias, San Javier, San Jerónimo y San Justo) mostró que solo una de cada diez está en condiciones de acceder a una interrupción de su embarazo por conocer fehacientemente dónde solicitarla.
El informe justamente mostró que el 74% de las entrevistadas no sabe si existe algún efector cercano que lleve adelante esas prácticas y el 14% directamente responde que "no los hay". Incluso más del 80% dijo desconocer la existencia de la línea de atención gratuita que Salud señala difundir.
