Disminuyen las internaciones por complicaciones tras abortos

Las internaciones en hospitales municipales a raíz de complicaciones causadas por prácticas abortivas disminuyeron un 47 por ciento en los dos últimos años. Así lo expuso el médico tocoginecológico y coordinador del Area de Salud Sexual municipal, Daniel Teppaz, en el marco de un áspero debate hasta ayer inédito en la Facultad de Medicina y en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) sobre "La interrupción del embarazo en un contexto de derecho".

Esta baja en la internación de mujeres con cuadros que se desencadenaron tras la práctica de un aborto llegó, según reveló Teppaz, cuando a nivel local y nacional se avanzó con los protocolos de abortos no punibles y la incorporación al sistema de salud de nuevas tecnologías, básicamente del misoprostol (una droga en píldoras), que induce el parto.

Según estadísticas relevadas en los hospitales municipales (Roque Sáenz Peña, Maternidad Martin, Heca y Carrasco) en 2013, 436 mujeres fueron internadas por complicaciones post abortivas, cifra que descendió a 207 el año pasado, el último registro disponible.

Desde el año 2000, el sistema de salud municipal atendió y hospitalizó a 7.520 mujeres con este tipo de cuadros. Por esos tiempos se veía un promedio de 600 casos por año.

El uso de misoprostol es legal. Pero Teppaz cuestionó que los organismos gubernamentales nacionales, como el Anmat, no lo hayan aprobado como método de interrupción del embarazo.

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Histórico. Nadie dudó que lo que se vivió ayer en el aula magna de Medicina fue una jornada "histórica". La academia organizó, habló del aborto y abrió la casa de altos estudios a funcionarios, legisladores, representantes de organizaciones no gubernamentales, profesionales y trabajadores de la salud.

El encuentro, organizado por el Consejo Académico Social en Salud (Cass), se fue calentando en la previa por las redes sociales, ya que grupos de activistas católicos habían convocado hasta al armado de un piquete para impedir las presentaciones.

Por suerte primó la sensatez y todos pudieron escucharse en el marco de un foro de debate sobre la interrupción del embarazo, siempre desde las diferentes aristas de la problemática y visiones.

Analía Aucía, docente de Derecho e integrante del Comité de América latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), remarcó que los funcionarios públicos y profesionales de la salud deben cumplir las leyes. "Se debe debatir, pero no podemos elegir si se cumple o no, hay que cumplirlas", dijo en el marco de los cuestionamientos que aparecieron en los paneles y que incluyó a los objetores de conciencia.

Aucía resaltó que, actualmente, las personas procesadas por la problemática del aborto son aquellas que no cumplieron con las leyes vigentes, por lo que llamó a los profesionales de la salud a repensar sobre el hecho de resistirse a respetar el derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos.

Para Stella Maris Manzano, una médica pionera en cumplir con el derecho de las mujeres al aborto —que cobró mayor notoriedad después de la histórica sentencia "FAL" de la Corte Suprema nacional, sobre un caso aborto no punible que sentó jurisprudencia—, "hoy todo aborto es legal".

La profesional sostuvo que la reducción de muertes por complicaciones de abortos está asociada a las menores restricciones institucionales. Señaló que se pasó de una muerte de una mujer por día a casi 50 al año, la mayoría por complicaciones de prácticas abortivas realizadas de manera clandestina.

El decano de Medicina, Ricardo Nidd, consideró que el histórico debate que se realizó ayer en esa facultad "se necesitaba".

Se mostró convencido de que "hay que hacer circular la palabra, de eso se trata la universidad pública. Los derechos van teniendo modificaciones legales, y nos tenemos que poner al día, por eso instalamos el debate", remarcó.