Por Carina Bazzoni
Héctor Río
Con el objetivo de profundizar sus políticas de género, el municipio comenzó a exigir a los conductores de servicios públicos que acrediten que no están condenados ni poseen causas penales abiertas por violencia contra las mujeres. El mismo requisito ya está vigente para los ingresantes a la planta de empleados municipales o para los beneficiarios de contratos de locación de servicios, honorarios, retribución a terceros o convenios de pasantías con el Estado municipal.
La medida alcanza a conductores de taxis, remises y transportes especiales que desde hace diez días deben presentar una declaración jurada que garantice que no tienen causas abiertas ni condenas por violencia hacia las mujeres.
La certificación acompaña la realización de cualquier trámite relacionado con el servicio, como cuando concurren a hacer algún trámite al municipio.
Para la secretaria de Movilidad del municipio, Eva Jokanovich se trata de "avanzar en la vigencia de ordenanzas municipales e impulsar aquellas medidas que permitan erradicar la violencia de género dentro del municipio".
En este sentido, recordó que el transporte público es un servicio regulado y, por lo tanto, alcanzado por las políticas que se llevan adelante en pos de garantizar igualdad de derechos para varones y mujeres.
La funcionaria resaltó que se trata de un requisito más, que garantiza que quienes están al frente de taxis, remises o transportes especiales "no tengan antecedentes relacionados con violencia de género, un tema que atraviesa todas las políticas que llevamos adelante, no sólo en materia de movilidad sino de todo el municipio".
Mejor prevenir
De acuerdo con ese objetivo, durante la última semana de diciembre, la Secretaría de Movilidad comenzó a notificar a los conductores de servicios públicos —taxistas, remiseros o choferes de transporte escolar y especiales— que, para realizar cualquier trámite, se debía presentar una declaración jurada que certifique que no está condenado ni posee causas abiertas por violencia de género.
Este documento, confeccionado en Tribunales o ante escribano público, se debe presentar en los trámites que habitualmente se realizan en el municipio, por ejemplo el cambio de titularidad de un vehículo, o cuando se incorpora un nuevo chofer o se da de alta o baja un vehículo.
Desde la última semana de diciembre esta declaración jurada se sumó a otros requerimientos que buscan garantizar la idoneidad de quienes están al frente de servicios públicos, como los certificados de buena conducta o antecedentes penales que se requieren para renovar las licencias.
Según destacaron desde el municipio, la medida no se aplica de manera retroactiva, es decir que quienes tienen todos sus permisos en regla no tendrán que acreditar la ausencia de denuncias penales por agredir a mujeres. Pero sí deberán hacerlo cuando necesiten iniciar un nuevo trámite.
Un paso adelante
La exigencia de la declaración jurada se basa en el decreto Nº 396, presentado por la intendenta Mónica Fein en su último discurso de apertura de las sesiones en el Concejo Municipal, días antes de un nuevo paro internacional de mujeres. No obstante, la norma se puso en marcha durante la gestión de Pablo Javkin.
En el primer artículo de la ordenanza se establece que, para ingresar a la planta municipal, celebrar contratos de locación de servicios, de honorarios, retribución a terceros o acuerdos de pasantías, los beneficiarios deben acreditar "como condición excluyente que no se encuentran condenados o poseen denuncia penal por violencia de género pendiente de resolución", señala la norma.
En su artículo quinto suma, además, que el mismo requisito resulta "indispensable" para obtener una licencia de taxis o para obtener la habilitación como chofer para conducirlo.
Desde la entrada en vigencia de la ordenanza, hace once días hábiles en la secretaría de Movilidad se iniciaron una centena de trámites para los cuales se exige la declaración jurada. Y según destacan desde el municipio, ninguno se vio frustrado por esta nueva exigencia.
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