El problema viene de antes, pero la excepcional bajante del río Paraná lo puso otra vez de manifiesto. El retiro de las aguas vuelve a poner en primer plano la falta de una legislación pesquera compartida, la debilidad de los controles, la disminución del recurso y su consecuencia en la economía de las familias que tienen en la pesca artesanal su principal fuente de ingresos. "Así como está, el sector pesquero es un limbo de ambigüedades", lo define Lisandro Arelovich, licenciado en antropología, profesor de Antropología Económica en la Universidad Nacional de Rosario, y coordinador del área de soberanía alimentaria en el Taller Ecologista.
Con ese bagaje, Arelovich participa de las reuniones del Consejo Provincial Pesquero y, recientemente, del Primer Plenario Interprovincial del Pescador Artesanal del Delta del Paraná que se desarrolló en Ramallo (provincia de Buenos Aires), donde las cooperativas y asociaciones de la pesca artesanal acordaron una serie de propuestas para abordar las problemáticas que aquejan al sector, huérfano de una legislación unificada y de políticas a mediano plazo para garantizar la conservación del recurso.
-¿La bajante del Paraná sumó complicaciones a la actividad pesquera o sólo puso de manifiesto problemas preexistentes?
-Es todo un tema que estamos discutiendo, creemos que la bajante transparentó o exacerbó problemas previos. Para analizarlos, podemos intentar dividir entre las cuestiones biológicas, relacionadas a los ecosistemas y a la reproducción del recurso, y las relacionadas a la economía popular y a la vida de los pescadores, que es a lo que yo me dedico. Pero tanto los biólogos como los antropólogos estamos de acuerdo que ninguna de las dos cosas pueden ya ser vistas por separado. Hay una íntima relación entre la reproducción de los peces, el tipo de arte de pesca y la presión de la exportación de pescado.
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-¿Cual es la magnitud de estos problemas?
-Uno de los temas que se abordó en los últimos encuentros del Consejo Provincial Pesquero es que estamos frente a un gran nivel de incertidumbre por la ausencia de datos. No se sabe a ciencia cierta cuales son los volúmenes de captura. No se sabe, por ejemplo, cuánto se está sacando del río en kilos de sábalo. Se conocen las declaraciones juradas de los puntos de exportación de los frigoríficos, hay estimaciones de comercialización por esta vía, pero hay toda otra línea de comercialización que son los canales de cooperativas, acopiadores, intermediarios y pescaderías que no son claros y tampoco se conoce el volumen de pesca deportiva en toda la cuenca, que es enorme.
-En este sentido, ¿es difícil también establecer los efectos de la bajante en la disminución de peces?
-Es otra variable que aumenta más la incertidumbre. Sabemos que la bajante reduce la interconectividad entre la llanura fluvial y el cauce principal del río, lo que reduce los espacios que permiten el desove y la reproducción del a cría. Pero no se sabe qué puede pasar con la durabilidad de la bajante, porque si bien desde el punto de vista de la cota del río se la puede comparar con la bajante del 44, el Paraná del siglo XXI no es el mismo. Hay mayor cantidad de represas río arriba, más contaminación, más tránsito de buques por la exportación de granos, mayor uso turístico y recreativo de las islas, más terraplenes, más ganadería en isla. Hay una cantidad de variables que hacen que tomemos decisiones como ciegos, con niveles de incertidumbre muy grandes.
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La bajante del río puso de manifiesta la vulnerabilidad de la actividad pesquera.
Celina Mutti Lovera
-Da la impresión de que también se conoce poco sobre la actividad de la pesca artesanal...
-Me gusta considerar a los pescadores artesanales dentro de la economía popular, como una estrategia de autoempleo. Hay que ver si la pesca es el principal ingreso económico de la familia o es parte de un dispositivo de pluriempleo, pero estamos hablando de un gran número de personas que logran por cuenta propia generar más ingresos y sostener a su familia, pero para el Estado son invisibles o no les prestan atención suficiente. Frente a la pandemia, por ejemplo, se dispusieron los ATP para pagar la mitad de los sueldos para sectores de empleo formal, pero a los pescadores afectados por la pandemia, por la veda y por la bajante no se los incluyó.
-Tampoco parece ser un sector muy escuchado a la hora de plantear medidas para la protección del recurso.
-Es un conflicto histórico, las provincias están muy descoordinadas en relación a sus leyes de pesca, Buenos Aires casi no tiene legislación pesquera fluvial, Santa Fe está más avanzada, pero muchas veces sus medidas sobre días de veda, tamaños de redes o especies prohibidas no coinciden con la legislación de la provincia de Entre Ríos, por ejemplo. Y después está el tema de cómo estas leyes se reglamentan.
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Arelovich advierte sobre las diferencias que existen en las legislaciones de pesca de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.
Celina Mutti Lovera
-¿La reglamentación de esas leyes es otro problema?
-La ley santafesina de pesca, por ejemplo, tiene elementos que están bien pero en cuanto a la reglamentación y al control del territorio es absolutamente insuficiente. La ley establece puertos de fiscalización, pero podés recorrer toda la costa de la ciudad sin encontrarte con un funcionario provincial controlando cuánto se saca, qué se saca, ni en qué condiciones se lo comercializa. En cambio, suelen aparecer denuncias de violencia institucional por parte de efectivos de Prefectura o Gendarmería que decomisan pesca o embarcaciones. Las provincias deberían coordinar la acción de sus fuerzas de seguridad, porque así como está, el sector pesquero es un limbo de ambigüedades.
-En ese contexto, ¿qué función tienen las vedas?
-La veda es una respuesta inmediata, coyuntural, de mediano plazo. Frente a la incertidumbre y los riesgos, algunos plantean que hay que aumentar más el tema de la veda, obviamente contemplando un resarcimiento económico para el sector pesquero que está muy golpeado. Pero hay que empezar a diseñar políticas de mediano plazo para el sector, no tapar con parches lo urgente. En el mediano plazo tenemos que pensar en más controles gubernamentales en la costa, buenos puertos fiscalizadores infraestructura adecuada, monotributo social, un paquete de reclamos de la economía popular que son trasladables a la pesca artesanal. Son temas que deben acordarse en el marco de la ley de humedales o del Piecas (el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná).
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Promover el consumo local de pescado y mejorar las cadenas de comercialización de cercanía son parte de las estrategias para mejorar la situación del sector.
Celina Mutti Lovera
-¿Hay algunas herramientas que podrían pensarse más a nivel local?
-Sí, se puede mejorar el precio al que se le compra en costa el pescado a los pescadores, esta función podrían cumplirla los puertos de fiscalización estableciendo un precio de sostén, con un porcentaje de ese ingreso destinado para un fondo de microcréditos o para subsidios automáticos en el caso de vedas. Hay que mejorar los censos pesqueros y ver la posibilidad de proponer alternativas laborales complementarias, por ejemplo en las zonas más turísticas hacer traslados de ecoturismo o pesca deportiva. También promover más el consumo local de pescado y cadenas de comercialización de cercanía, poder producir procesados, como filets o medallones, para atender la demanda de los consumidores rosarinos o de otros lugares del país.
