En el último bimestre creció la demanda de alquileres, en especial de departamentos de dos dormitorios, según una encuesta del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir) que procesó el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNR. A las estadísticas le ponen rostro cientos de familias que no acceden al techo propio y a la hora de conseguir una vivienda se encuentran con que la mayoría de las unidades ofrecidas en locación tienen un solo dormitorio o ambiente. Referentes de agrupaciones de inquilinos confirman el fenómeno y reclaman una intervención firme del Estado para regular no solo el mercado inmobiliario, sino el de la construcción.
El informe que dio a conocer Cocir días atrás aborda el panorama local, aunque también incluye respuestas de profesionales de otras localidades del sur provincial. El 86 por ciento de los encuestados percibe una mayor demanda de alquileres en los últimos dos meses (no pasa lo mismo con las ventas); en la ciudad el tipo de vivienda más buscada es el departamento y en particular el de dos dormitorios.
A Ariel D’ Orazio, integrante del Frente de Inquilinos Nacional y de la Concejalía Popular Rosario, y a Emmanuel Canelli, de la Asociación de Inquilinos de Rosario (AIR), el dato no les sorprende en el marco de lo que definen como un proceso de “inquilinización” de la población, abonado por la falta de planificación de los desarrollos privados, en términos de cuánto y cómo edifican, y la especulación de los grandes tenedores de propiedades que retiran sus inmuebles del mercado. En ese sentido, reclaman que el Estado garantice el derecho básico a la vivienda, regulando no solamente los valores de las locaciones sino la tipología de las unidades en construcción y las viviendas ociosas.
Un tercio de los rosarinos alquilan
“La demanda de alquileres es creciente y sostenida en los últimos 40 años en el país: en 1980, según el censo nacional, era inquilina el 16 por ciento de la población rosarina y hoy estimamos esa cantidad, analizando el número de contratos, en un 30 o 33 por ciento. Todo esto sin grandes cambios demográficos, lo que ilustra la falta de políticas habitacionales en los tres niveles estatales”, sostiene D’ Orazio. “Un informe de la UNR dice que desde los 80 a esta parte, es decir en el mismo periodo, se sumaron 40 mil unidades por iniciativa privada y sin embargo no se resolvió el problema del hábitat porque la construcción avanza sin planificación”, agrega y señala que, en cambio, “se invierte en ladrillos para resguardo financiero, fundamentalmente del agro, y también a veces de economías delictivas. Como la mayoría de lo que se construye son unidades de monoambiente o de un dormitorio, la demanda supera la oferta”.
Canelli convalida y añade: “Esto también pasa en Córdoba, Mendoza y localidades del conurbano bonaerense, porque son las ciudades que más van a crecer en los próximos 50 años. Así que los desarrolladores están fijando cómo crecen las ciudades. Tenemos familias en las que alquilan los abuelos, los padres y los hijos, en Rosario son unas 600 mil personas (alrededor del 30 por ciento de la población). Lo que planteamos como ONG es que no puede primar solo el criterio mercantil, debe haber mecanismos para garantizar el acceso a la vivienda, la disponibilidad. Acá el problema no es de falta de unidades sino de redistribución”.
El drama de las familias
D’ Orazio, además coordinador del Consejo Asesor de Vivienda de la Oficina Municipal del Consumidor, resume que las familias de trabajadores que se constituyen, se agrandan o se ensamblan no pueden adquirir una casa. “Si una vivienda de dos dormitorios sale 18 millones de pesos, una familia con ingresos por 100 mil y un alquiler de 30 mil no va a llegar nunca. No hay proporción entre el costo de un inmueble y el salario, porque también hay inflación en dólares: una propiedad que en 2011 salía 75 mil dólares, hoy sale 85 o 90 mil. Eso, sumado a las devaluaciones del peso y al atraso del salario, hace imposible acceder al techo propio”, ejemplifica e insiste: “El Estado debe orientar la construcción para que las unidades resuelvan un problema creciente en la población, el habitacional, y no solo el atesoramiento financiero de un particular que tuvo una ganancia porque exportó granos, en el mejor de los casos. Cuando no se trata de blanqueo de dinero producto de la evasión o de capitales provenientes de economías delictivas”.
D’ Orazio advierte: “Vamos rumbo a una sociedad donde el 50 por ciento sea inquilino y los alquileres superen a los ingresos. Hoy la mitad del salario se va en el alquiler, eso les deja muy poco margen a las familias para otros gastos. La canasta básica en la Argentina es de 70 mil pesos y no incluye el alquiler”. Como no tienen opciones, las familias siguen alquilando: la demanda crece y sin embargo la oferta baja porque muchas propiedades salen del mercado locativo. “En el último censo nacional, de 2010, se contaron 60 mil viviendas ociosas. Esperamos el nuevo censo para saber cuántas son con exactitud”, señala el experto.
“Si comparamos el censo de 1991 con el último estudio del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso), se observa un aumento del 123 por ciento en la tasa de ociosidad. Hablamos de viviendas que podrían ser habitables”, aporta Canelli, de AIR. En Rosario, según un informe realizado este mes por Ceso, “se observa una caída de 16,9 por ciento en la cantidad de unidades ofertadas con respecto a octubre del año anterior. Durante 2021 la oferta acumulada de alquileres sigue siendo inferior a la de 2020”.
El joven politólogo argumenta que esto obedece a que un porcentaje de propietarios que poseen entre cinco y 50 inmuebles los retiran del mercado para meses después insertarlos a mayor precio o directamente no los ofrecen y los mantienen desocupados, vacíos. “Cuando hablamos de que necesitamos políticas públicas mucha gente se asusta pero el propio Horacio Rodríguez Larreta promueve aumentar los impuestos a las viviendas ociosas en Buenos Aires. Esto se está discutiendo en el Instituto de la Vivienda de Capital Federal como una estrategia para que se vuelquen inmuebles al mercado de alquiler”, resume Canelli.
Y para terminar postula: “Las personas que habitamos las ciudades somos las que tenemos derecho a la ciudad”. Algo parecido plantea D’ Orazio: “Las ciudades deben ser para los habitantes, no solo para quienes hacen negocio y especulan”. Consignas que aluden a derechos consagrados en la Constitución Nacional, amén de otras legislaciones, pero que en la Argentina del siglo XXI deben alzarse como banderas en el marco de una grave crisis habitacional de la que Rosario no está exenta.
Inquilinos organizados reclaman regulaciones
Ni la pandemia ni la crisis ni la inflación detienen la construcción, que según los inquilinos organizados avanza sin previsiones de las necesidades de la población. Eso hace que la ciudad se llene de monoambientes y departamentos de un dormitorio y falten unidades más grandes capaces de albergar familias. Además, apunta Ariel D’ Orazio, integrante del Frente de Inquilinos Nacional y de la Concejalía Popular Rosario, favorece la concentración de la propiedad.
“Regularizando el mercado inmobiliario también en algunos casos se puede abordar el tema de la inseguridad al rastrear de donde provienen ciertos activos y capitales que se vuelcan a la construcción”, amplía y propone mantener la ley de alquileres y que el Estado construya viviendas destinadas a alquilarse. “Hoy el mercado regula los valores, si el Estado construye y aporta vivienda al mercado sería también un formador de precios”, advierte.
“El Estado en sus tres niveles no puede ser un espectador sino un árbitro”, refuerza Emmanuel Canelli, de la Asociación de Inquilinos de Rosario, y cuenta que en otros países, como Francia o Inglaterra, hubo experiencias en las que se financió la construcción de un edificio que luego se vendía a privados bajo el slogan “Compre para arrendar”. Los propietarios después alquilaban las unidades a terceros.
“En el próximo censo nacional se va a comprobar la enorme cantidad de inquilinos que hay en el país, que calculamos en nueve millones, y la necesidad del Estado de intervenir para que no sea el mercado el único que en definitiva regule”, finaliza Canelli.