Cuatro rosarinos, uno de ellos empleado de una empresa de montajes y tendidos eléctricos, fueron condenados a tres años de prisión condicional y reglas de conducta por el delito de robo calificado en poblado y en banda, luego de reconocer su participación en la sustracción de cables de una estación distribuidora de la empresa Telecom. El hecho ocurrió el 27 de mayo pasado en Provincias Unidas al 2800, donde arrancaron y cargaron más de 100 metros de cable en un camión.
Hace dos días la Municipalidad se quedó sin servicio telefónico porque a metros de la puerta lateral del Palacio de los Leones, por calle Santa Fe, cortaron la conexión del servicio y robaron los cables.
Problemática creciente
La problemática lleva años. A tal punto que desde Telecom alertaron hace un tiempo que Rosario es “la capital del robo de cables” para contextualizar el enorme mercado negro del que se retroalimenta esa actividad delictiva en busca principalmente del cobre. Ni hablar del perjuicio que ocasiona al patrimonio y a servicios básicos, como la electricidad.
Para cuantificar el daño, hace un año Telecom denunció que se robaron cerca de 160 mil kilos de cobre sólo en la ciudad. Desde octubre de 2020 la firma comenzó a detectar la sustracción creciente de cables, y desde entonces lleva contabilizados 3.400 robos en la ciudad, lo que significa unos 180 robos mensuales y un promedio de 6 por día.
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Lo cierto es que desde distintos sectores se busca atacar esa modalidad delictiva con investigaciones, seguimientos y operativos cuyo objetivo no sea sólo detectar a los autores, sino a los negocios o comercios que acopian el material.
Acciones
En abril pasado, efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaron 18 allanamientos en el Gran Rosario por robo y daño a las infraestructuras urbanas, tales como tendido eléctrico, flexibles de gas y sustracción de cables. En ese marco, cuatro personas, presuntas responsables de los inmuebles allanados, quedaron a disposición de la Justicia.
Los operativos fueron ordenados por el fiscal Matías Ocariz y desarrollados por personal de la Brigada Operativa Departamental de la AIC, junto con agentes de la Secretaria de Control y Convivencia Ciudadana municipal, peritos de la Empresa Provincial de Energía (EPE), de Litoral Gas, de Aguas Santafesinas y compañías de telecomunicaciones.
Ahora se avanzó en la condenas a cuatro hombres que el 27 de mayo pasado llegaron en un camión a una base de distribución de Telecom ubicada en Provincia Unidas al 2800, donde tras reducir a un custodio, robaron más de 100 metros de cable.
En un camión
Según la acusación, a cargo de la fiscal Raquel Almada, a las 6.40 de ese día se presentaron a bordo de un camión conducido por Jonatan Ortiz y, tras acercarse a la garita del guardia, uno de ellos lo amenazó para que abandone el lugar.
El hombre caminó unas cuadras y desde una estación de servicios llamó al 911 y a un supervisor, que momentos después se acercó a la zona y pudo observar cómo los maleantes enganchaban los cables en el paragolpes trasero del rodado, aceleraban y los cortaban. Repitieron la maniobra varias veces para luego cargarlos en el camión.
Al mismo tiempo que llegaba un móvil policial, el supervisor se acercó a los ahora condenados, que sueltos de cuerpo manifestaron ser empleados de una empresa para la que estaban realizando un trabajo. Es más, exhibieron desde el celular órdenes de trabajo viejas.
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Pero el ardid quedó al descubierto cuando el encargado de mantenimiento de la compañía de telecomunicaciones confirmó que no estaba prevista ninguna tarea. De inmediato, el personal policial procedió a la detención de los falsos operarios, y secuestró los 100 metros de cable color negro y tres sierras de mano.
Finalmente la semana pasada se resolvió la situación procesal de los imputados. En una audiencia en el Centro de Justicia Penal (CJP), la jueza de Paola Aguirre homologó el procedimiento abreviado presentado por la Fiscalía y aceptado por la Defensa.
Durante el trámite resultaron condenados Gerardo Rodríguez, de 35 años y empleado de una empresa de montajes; Adrián Fernández, de 26 años; Jonatan Ortiz, de 25 años; y Gonzalo Bergara, de 23 años, a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por los delitos de robo calificado por ser en lugar poblado y en banda.
Además, por dos años le impusieron reglas de conducta: fijar residencia, someterse a la supervisión del Patronato de Liberados, abstenerse de consumir estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas y prohibición de acercamiento al lugar de los hechos.