El fiscal de Atacama, Héctor Mella, pedirá una orden de arraigo para evitar que los propietarios de la siniestrada mina San José salgan del país antes de su formalización por los accidentes ocurridos. En tanto, el representante del Ministerio de Salud en la Región de Atacama, Raúl Martínez, dimitió ayer luego de que la oposición revelara días atrás que fue él quien autorizó la reapertura del derrumbado yacimiento.
Por su parte, el gobierno garantizó el pago de los salarios de los casi 200 trabajadores de la mina. Horas antes, el ministro de Minería había asegurado que el gobierno no podía legalmente hacerse cargo de sus salarios.
Tras el derrumbe ocurrido el 5 de agosto último, en el que quedaron atrapados 33 mineros, ya el 17 de agosto hubo una marcha de protesta frente al Ministerio de Minería.
Allí exigieron el encarcelamiento de los dueños de la mina. El Frente Amplio de Trabajadores también pidió una respuesta oficial y la renuncia de Camila Merino, ministra de Trabajo.
Según el profesor de derecho penal de la Universidad Diego Portales, Héctor Hernández, “el infringir, incluso gravemente, normas de seguridad laboral en Chile no es delito, a diferencia de lo que ocurre en otros países donde sí hay normas específicas”.
El especialista en responsabilidad penal empresarial explicó que “la única manera de que haya algún tipo de responsabilidad penal por infracción grave de estas normas es que haya un resultado lesivo, es decir, que se produzca la muerte o se produzcan lesiones y, en este caso, un cuasi delito de homicidio o de lesiones”.
Por su parte, los dueños de la mina San José no asistieron a la sesión de la comisión investigadora sobre seguridad minera por encontrarse “avocados a diversas coordinaciones de urgencia”, indicó el diario trasandino La Tercera. Este medio también publicó que los empresarios fueron separados de las tareas de rescate.
Marcelo Kemeny Füller comparte la propiedad del yacimiento junto a su cuñado Alejandro Bohn, quien es gerente general de la firma. El ex diputado por la zona, Antonio Leal, afirmó que Bohn posee el 70 por ciento de la propiedad de la minera.
Ambos viven en Santiago y viajan poco a la mina. Bohn lo hace una vez a la semana. Kemeny, un par de veces al mes, indicó el diario chileno.
Derrumbes. Desde 2004, San Esteban suma 42 multas, tres muertos, 45 millones de multa sólo al Instituto de Salud Pública de Chile y 8 a la Asociación Chilena de Seguridad, indican los medios web elespectador.com y lainformacion.com.
Los problemas de seguridad de la firma se produjeron también en la mina San Antonio, del mismo yacimiento.
Ambas minas, explotadas desde 1869, ahora tiene ganancias de 8 millones de dólares anuales. según datos oficiales
Además, en 2004, Kemeny había sido premiado por la Sociedad Nacional de Minería, en reconocimiento por su aporte al sector y su trayectoria. (AP y DPA)
