La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires hizo el anuncio por Twitter.
La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y sus ministros de Seguridad, Cristian Ritondo, y de Justicia, Gustavo Ferrari, fueron denunciados por "abandono de persona, seguido de muerte" por ser "directamente responsables de las muertes" de diez detenidos en la Comisaría 3ª de Esteban Echeverría el 15 de noviembre pasado, en la que fue la máxima masacre de presos en comisarías ocurrida en la historia del país.
La denuncia fue radicada por el diputado Horacio Pietragalla y resalta que el edificio de la Policía Bonaerense tenía órdenes judiciales que instaban a la clausura de las celdas, publica la página web Infonews.
El diputado nacional advirtió que la masacre "puede repetirse en cualquier momento, ya que la situación estructural es gravísima" y recordó que, poco tiempo antes del incendio ocurrido en la comisaría de Transradio, el ministro Ritondo había afirmado que prefería a "los delincuentes amontonados y no en libertad".
El titular de la cartera de Seguridad se había referido así a la situación de hacinamiento de las comisarías bonaerenses, donde la cantidad de detenidos aumentó en un 26 por ciento sólo en 2018 y un 121 por ciento en toda la gestión Vidal, a pesar de que de las 450 comisarías provinciales, 253 están inhabilitadas para alojar personas y 118 continúan haciéndolo.
Además de acusar a Vidal, Ritondo y Ferrari como responsables de la masacre por no proceder con la orden de clausura dictada por el Poder Judicial, el diputado recordó el contexto paradigmático del incendio de la Comisaría 3ª, ocurrido al lado de un destacamento de Bomberos Voluntarios.
La denuncia radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº1 de Lomas de Zamora exige que se investigue a las máximas autoridades provinciales por la muerte de diez detenidos. El último de ellos fue Fernando Martín Arguello, de 33 años, quien falleció el 12 de diciembre en el Hospital Eva Perón, de Lanús, tras un mes de agonía. Fernando estaba ilegalmente detenido, al igual que el resto de las víctimas, por un delito simple como el de tenencia de estupefacientes.
La responsabilidad del Estado en la causa que investiga en el Juzgado de Garantías Nº 2 de Esteban Echeverría, a cargo de Javier Maffucci Moore, quedó de manifiesto a principios de diciembre, cuando la propia Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad desafectó a los cinco policías que prestaban funciones en la comisaría aquella madrugada. A pesar del grado de responsabilidad estatal, el ministro Ritondo y la gobernadora Vidal aún no se pronunciaron sobre la masacre.
La situación de las comisarías bonaerenses es denunciada en forma sostenida por el organismo de derechos humanos, que la semana pasada exigieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la ampliación de medidas cautelares para proteger la vida y la integridad de los detenidos y el cese de su uso para alojamiento permanente.
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