POLICIALES

Empieza juicio a policías federales por encubrimiento a narcos santafesinos

El ex jefe de la Delgación de la Policía Federal de la capital provincial estará en el banquillo de los acusados junto a cinco oficiales y un vendedor de drogas

Martes 16 de Marzo de 2021

Un año después de que el fiscal federal de Santa Fe Walter Rodríguez solicitara la elevación a juicio contra un ex jefe de la Delegación de la Policía Federal con asiento en la capital provincial y otros cinco agentes de la misma fuerza que prestaron servicios allí hasta mayo de 2019, cuando fueron detenidos en el marco de dos causas que se tramitaron por separado y que dejaron al desnudo una trama de cobertura a narcos de la ciudad y región, el Tribunal Oral Federal conformado por Luciano Lauría, María Ivón Vella y José María Escobar Cello dará inicio este miércoles a la etapa de debate en la cual se espera la declaración demás de 60 testigos.

Quienes se sentarán en el banquillo de los acusados son Marcelo Octavio “Lechuga” Lepwalts, quien fue jefe de la fuerza federal en la ciudad de Santa Fe y los integrantes de la Brigada Antinarcóticos de esa repartición Cristian Pablo Bogetti, Michael Juan Arbildo, Carlos Fernando Gómez Navarro, Darío Alberto Duarte y Lucas Leonel Bustos. Todos están procesados y bajo prisión preventiva como consecuencia de sendas investigaciones que tramitaron por separado los fiscales Gustavo Onel y Walter Rodríguez, quienes detectaron cómo los agentes federales habrían ayudado a un grupo de personas vinculadas al narcotráfico local y regional a eludir investigaciones de la Justicia.

Algunas de esas personas eran Lorena Melgarejo y Claudio “Pulga” Casco, un matrimonio que se encuentra prófugo tras haber quedado ligados a una avioneta que en febrero del 2020 descargó en una zona rural de la ciudad de San Justo, 100 kilómetros al norte de la capital provincial, más de 200 kilos de marihuana.

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El juicio también alcanza a un vendedor ambulante de drogas identificado como Guillermo Alberto Kernc, quien será juzgado por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” ya que fue detenido en un control policial realizado por los agentes federales y luego liberado en un procedimiento irregular.

El inicio de la historia

A principio de 2018 la Fiscalía Federal 2 de la capital provincial había ordenado a la Delegación Santa Fe de la Policía Federal que siguiera los pasos a Guillermo Alberto Kernc, por entonces de 42 años, por estar sospechado de comercializar drogas al menudeo. Tras ello, el 4 de abril de 2019 llegó un anónimo a la sede de la fuerza federal donde se daba cuenta de los lugares y personas que posiblemente se dedicaban a la venta al por mayor de cocaína, lo que derivó en un operativo en la intersección de las rutas 5 y 70, en la ciudad de Esperanza, donde los efectivos antidrogas apresaron a Kernc.

Según el acta de procedimiento, en ese momento le secuestraron 80,13 gramos de cocaína, dos celulares y 3 mil pesos de la camioneta Nissan que conducía. Sin embargo Kernc recuperó poco después la libertad. Pero de la investigación fiscal surgió que los datos consignados en el acta oficial y la cantidad de droga secuestrada no eran reales. Para el fiscal Rodríguez el narco pagó 50 mil pesos a los uniformados para alivianar su situación procesal.

En ese marco, la investigación sostiene que a Kernc le urgía recuperar uno de los celulares secuestrados ya que en la memoria del mismo guardaba la lista de deudores de su actividad comercial. Según la Fiscalía, ello genero un ida y vuelta con los uniformados que intercambiaron el aparato y se lo entregaron (después de cambiar varias veces el sitio de encuentro) en un sector de la costanera santafesina y a cambio otros 70 mil pesos.

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El 9 de mayo de 2020 y con una orden judicial se allanó una casa del barrio Caima, en cercanías del aeropuerto de Sauce Viejo. Allí había una camioneta Nissan sindicada como propiedad de Kernc y secuestraron un sobre con 250,19 gramos de cocaína y una pistola semiautomática calibre 9 milímetros, dos cargadores y varios cartuchos. El arma, dijeron después las pericias, tenía características similares a un arma reempadronada por la policía de la provincia de Buenos Aires y no poseía pedido de secuestro.

Pedido fiscal

Para Kernc el fiscal pidió el juicio por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, cohecho y tenencia simple de arma de guerra sin autorización. En cuanto a la pata policial, el representante del Ministerio Público de la Acusación pidió el juicio oral para el ex jefe de la Delegación Santa Fe de la Federal Marcelo Octavio “Lechuga” Lepwalts; el jefe de la Brigada Antinarcóticos, Cristian Bogetti; y sus subordinados Carlos Gómez Navarro y Michael Juan Arbildo debido a que sabiendo la actividad delictiva de Kernc lo favorecieron al insertar declaraciones falsas en el acta de procedimiento del 4 de abril de 2019 cuando lo detuvieron en Esperanza.

En ese documento oficial consignaron menor cantidad de droga incautada y no especificaron los datos identificatorios de los celulares secuestrados explicó el fiscal. También, les achacó cambiar el aparato marca LG negro por un Samsung del mismo color para luego devolverle el primero a Kernc, engañando a las autoridades del Juzgado Federal santafesino y sin hacer la comunicación correspondiente al fiscal, según explicó la acusación. Para el fiscal federal, Arbildo y Gómez Navarro además declararon hechos falsos en sus testimoniales el día del procedimiento en Esperanza.

En su acusación, el fiscal resaltó que el conocimiento previo de la actividad delictiva de Kernc motivó a los uniformados a efectuarle además una propuesta ilegal de protección a cambio de una suma de dinero mensual que en principio fue rechazada y que el propio Kernc le contó a su madre vía telefónica, línea que estaba intervenida. También las maniobras para el cambio de celular y el cobro del dinero que fueron captadas en conversaciones vía mensajería entre Gómez Navarro y Arbildo.

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El fiscal Rodríguez pidió al Juzgado Federal 2 de Santa Fe, a cargo de Francisco Miño, llevar a juicio a Lepwalts, Arbildo, Gómez Navarro y Bogetti por los delitos de falsedad ideológica de documento público, sustracción de elementos probatorios, encubrimiento con alteración y desaparición de rastros del delito agravado por ser un delito grave, actuar con ánimo de lucro y mediando la intervención de funcionarios públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, y cohecho. Además, a Arbildo y Gómez Navarro le sumó el delito de falso testimonio.

En el baño

Asimismo, aquel 9 de mayo de 2019, cuando se realizó el allanamiento a la casa a Kernc, el personal de la División Operaciones Judiciales de la Superintendencia de Asuntos Internos de la Policía Federal también hizo un operativo en el edificio de la Delegación Santa Fe de la Policía Federal.

En ese procedimiento los investigadores secuestraron en una bolsa de consorcio distintos envoltorios con cocaína que arrojaron un peso total de 40,38 gramos y 3,78 de marihuana. Los estupefacientes estaban en la repisa de un baño de la Brigada cuyo superior era Bogetti y en la que prestaban servicios Arbildo y Gómez Navarro junto a Darío Duarte y Lucas Leonel Bustos. Para el fiscal, si bien el baño era usado por otras personas, ellos no podían desconocer su existencia ya que estaba dentro del ámbito donde trabajaban. Y pidió la elevación a juicio por tenencia simple de estupefacientes para los cinco uniformados.

El fiscal, tras el pedido de elevación a juicio, envió una copia de la elevación a juicio a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic, ya que al inicio de su investigación no se encontraban en trámite las causa donde fueron procesados el sucesor de Lepwalts, Mariano Ezequiel Valdés y su segundo Higinio Alberto Bellaggio por infracción a la ley de drogas en la que “se investiga a integrantes de la Delegación Santa Fe de la Policía Federal por diversos delitos, entre ellos confabulación para transportar material estupefaciente y asociación ilícita (por detectarse un sistema de recaudación ilegal horizontal entre sus ejecutores materiales y orientado en sentido vertical y ascendente respecto de sus beneficiarios), todo lo cual de manera conjunta con otros episodios adjudicados a integrantes de distintas fuerzas constituyen un patrón demostrativo del consentimiento Estatal que obstaculizó el normal desenvolvimiento de las actividades del organismo que represento”, destacó el fiscal.

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