El "vacunaGate" sacude al Perú, y ha costado el puesto a varios ministros y tiene contra las cuerdas al gobierno entero. Al menos 487 funcionarios se vacunaron por mero privilegio, pasando por encima de los empleados de la Salud y las personas mayores. El escándalo provocó la renuncia de la ministra de salud Pilar Mazzetti y de la canciller, Elizabeth Astete. Un total de 3.200 dosis llegaron al país y se aplicaron a privilegiados, bajo el dudoso concepto de "cortesía" de la fabricante china Sinopharm. Ahora, la Procuradoría Anticorrupción iniciará acciones penales contra los funcionarios beneficiados ilícitamente con una vacunación que no les correspondía. Y ayer pidió la detención preventiva de nueve de ellos.
En Perú se calcula que unos 50 funcionarios sólo del sector de Salud se habrían vacunado en secreto contra el coronavirus antes que los médicos que atienden a los infectados.
El ministro de Salud, Oscar Ugarte, dijo el jueves a la prensa que la cifra exacta está siendo investigada por una comisión que dará un informe la próxima semana. "La comisión se instaló el lunes y tiene 10 días de plazo para presentar sus resultados'', comentó Ugarte desde un hospital de Lima donde se inmunizaba al personal sanitario.
El presidente interino Francisco Sagasti dijo durante la semana sentirse "indignado'' y ordenó identificar a todos los funcionarios vacunados y destituirlos.
El gobierno tiene una lista preliminar de 487 que se aplicaron la vacuna china Sinopharm que incluye al ex presidente Martín Vizcarra, al embajador de la Santa Sede en Perú Nicola Girasoli, a dos exministras, una lobista, familiares de funcionarios, un chofer de una exministra y hasta el dueño de un restaurante de comida china.
La fiscalía inició una investigación para determinar si puede acusar a Vizcarra, destituido en noviembre por presunta corrupción, por los delitos de aprovechamiento del cargo y corrupción. Vizcarra, su esposa y su hermano se vacunaron en octubre mientras él era mandatario.
El Congreso también creó una comisión investigadora para investigar el escándalo de las vacunas.
La farmacéutica estatal china Sinopharm fue la única que realizó en Perú un ensayo de fase tres de su vacuna para el COVID-19 con 12.000 participantes. Un total de 3.200 dosis adicionales al ensayo llegaron al país y fueron aplicadas irregularmente a privilegiados.
La noticia desató una enorme indignación popular porque los privilegiados se vacunaron antes que los profesionales del sector sanitario que lucha contra el coronavirus y del que han muerto centenares.
Perú registra más de 1,25 millones de casos de coronavirus y 44.308 fallecidos, según el Centro de Ciencia e Ingeniería en Sistemas de la Universidad Johns Hopkins.
El escándalo desnudó a Perú como país desigual donde los privilegios se imponen a los méritos.
La Procuraduría Anticorrupción pidió iniciar investigaciones preliminares contra numerosos altos funcionarios por delito contra la Administración Pública, en la modalidad de negociación incompatible. La procuradora especializada en delitos de corrupción, Yudith Villegas, pidió a la Fiscalía que solicite la detención preliminar por 7 días de nueve denunciados por el Vacunagate.
Destaca entre los pedidos de arresto Germán Málaga en su condición de jefe de los ensayos clínicos de las vacunas del laboratorio chino en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y el rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Orestes Cachay, quien fue parte de esta inoculación irregular.
Además, a los funcionarios del Ministerios de Relaciones Exteriores Jorge Jarama y Óscar Suárez. En la misma línea a los miembros del Ministerio de Salud Carlos Castillo y Mario Tavera. Finalmente al vicerrector de UPCH Andrés Bussalleu.
El 16 de febrero, durante la sesión conjunta de la Comisión COVID-19 y la Comisión de Fiscalización, Germán Málaga se manifestó respecto a la vacuna y admitió que se la aplicó al ex presidente Martín Vizcarra y señaló que fue una “cortesía”. “(La vacunación de Sinopharm) fue en una cortesía, para el mandatario. No pensé en ninguna otra cosa que darle una potencial protección, ese fue mi actuar, sin ningún cálculo político”, indicó durante la sesión virtual.
Un día después, el Consejo Universitario de la (UPCH) decidió suspender a Germán Málaga de su cargo como investigador principal del ensayo clínico de Sinopharm.
Estudiantes de la UNMSM presentaron una moción de "vacancia" contra el rector, Orestes Cachay, y el vicerrector de Investigación y Postgrado, Felipe San Martín, por beneficiarse con las vacunas de Sinopharm. La medida fue sustentada en base a “incapacidad moral y abuso de autoridad debidamente probado”.
